Lawfare, esa es la palabra que ha entrado en la conciencia de la sociedad española durante este otoño. Este concepto anglosajón, que viene a significar guerra jurídica, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial, ha tomado gran relevancia política desde que Junts consiguiese introducir ese termino en el acuerdo político que firmó junto al PSOE para apuntalar la investidura de Pedro Sánchez. Si el mes de noviembre comenzó con la publicación del acuerdo con ERC para apoyar la investidura y el inicio de las protestas en la sede socialista de Ferraz ante la inminencia de un acuerdo final con los partidos independentistas catalanes que incluyese la amnistía como eje central de los acuerdos, la publicación del acuerdo con Junts y la inclusión de un párrafo sobre la guerra sucia judicial contra políticos y activistas catalanes desató la crisis nerviosa de la derecha y el partido judicial. Desde entonces, toque de arrebato de José María Aznar mediante, que afirmó “el que pueda hacer, que haga”, la derecha política, judicial y circense se movió hacia una estrategia más reaccionaria e inflamada. Se movieron las asociaciones de jueces y fiscales con inusitados comunicados sobre una ley aún inexistente. Se manifestaron los togados ante las puertas de los tribunales. Se movió la patronal. Se movieron algunos colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se movieron los notarios. Se movió algún que otro despacho de abogados. Se movieron altos funcionarios del Estado. Y se movió, por supuesto, la vocería mediática que acompaña habitualmente a la derecha. Pasamos de la «España de los balcones» de otoño de 2017, en la que por primera vez que la derecha española vestía sus balcones de rojigualdas sin que la selección nacional de fútbol hubiese logrado alguna victoria, al “noviembre nacional”, y todo, supuestamente, a cuenta del lawfare y la amnistía, aunque en realidad se escondía su incapacidad para asumir los democráticos resultados del 23J.
Centrándonos en el lawfare, el partido judicial se lleva la manos a la cabeza por la utilización en España de este concepto, pero lo cierto es que en los últimos años hemos asistido a una retahíla de casos en los que el despropósito y los procesos injustos hacen que hablar de guerra sucia judicial sea una necesidad democrática. La persecución judicial a Podemos o Unidas Podemos, los casos de Alberto Rodríguez, Celia Mayer y Sánchez Mato, Vicky Rosell, Isa Serra o Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente de alcalde de Sevilla (2007-2011), que ha tenido que soportar años de procesos para ver finalmente cómo las cuatro acusaciones contra él han quedado en nada, son ejemplos de esta guerra sucia.
Controlar la sala penal «desde detrás»
A pesar de la gravedad de estos casos, que son solo un botón de muestra, en la mayoría de ellos los jueces ni siquiera han recibido la reprobación de sus superiores, los cuales han utilizado el CGPJ como ariete contra el gobierno pero nunca para llamar a la seriedad jurídica a la hora de encausar a activistas y políticos vinculados a la izquierda de este país. La renovación de este órgano de gobierno lleva retrasada más de cinco años, coincidiendo con la última vez que las derechas tuvieron el control del Parlamento que escoge a parte de sus miembros. Como consecuencia, han sido muchas las ocasiones en las que este órgano de gobierno eleva quejas públicas contra las declaraciones de dirigentes políticos de izquierdas, lo cual forma parte de la misma estrategia de desgaste político. El control de los órganos judiciales por parte de la derecha ha sido incluso reconocido por dirigentes conservadores, como cuando se supo que el portavoz de Justicia del PP aseguró a sus compañeros que controlaban la sala penal del Tribunal Supremo «desde detrás».
A la luz de estos hechos, es muy difícil no llegar a la conclusión de que una parte sustancial del poder judicial y del poder mediático, aparatos centrales del Estado, mantienen una posición de acoso y derribo contra, al menos, la izquierda política y social y, en no pocas ocasiones, contra el propio gobierno del que forman parte. Se trata, con toda probabilidad, de una actitud impulsada por la creencia de que, en última instancia, están salvando a la nación de los elementos anómalos que, a su parecer y como ha considerado toda la tradición reaccionaria en España, deben ser extirpados de la vida pública.
Querella de Sumar contra 9 miembros del CGPJ
En este contexto debe entenderse la querella que hace unos días interpuso el grupo parlamentario de Sumar contra 9 miembros del CGPJ, una vez que 8 vocales solicitasen la celebración de un pleno extraordinario en el que como único punto del orden del día se aprobase una declaración institucional, declaración en la que, entre otras consideraciones, se reprobaba al presidente del Gobierno y a los grupos parlamentarios que iba a apoyar la ley de amnistía, sin que está aún hubiese sido presentada públicamente.
El acuerdo objeto de la querella, la declaración institucional dirigida a una disposición legal que ni siquiera existía en el momento de su adopción, descalifica e imputa conductas gravísimas al presidente del Gobierno, que pueden ser calificadas como desconsideración entre instituciones, contradiciendo lo que el CGPJ exige en sus resoluciones previas respecto del Poder Judicial, e incluye afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo —como han explicitado un miembro del mismo órgano y su propio presidente en funciones—, en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo. Pese a la solvencia jurídica de la querella, es de esperar que el partido judicial, con el presidente de la Sala Segunda a la cabeza, Marchena, salga al rescate de los miembros del GGPJ querellados, pero eso ya es otro capítulo que habrá que escribir en su momento.
