Los pasados 9-10 de noviembre tuvo lugar, en la Sala Assemblea de CC. OO. de Catalunya, el Coloquio internacional Represión estatal y violencia política en el siglo XX, organizado por el Memorial Democràtic, en colaboración con el Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, la Fundació Cipriano García y la Associació Catalana de Persones Ex-Preses Polítiques del Franquisme (ACPEPF).
Este año 2023 se cumplen 60 años de la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) en España, en diciembre de 1963. Un tribunal con una jurisdicción especial que supuso un cambio en las formas de la persecución de los delitos políticos durante la etapa del tardofranquismo hasta su derogación en enero de 1977. Desde luego, este coloquio nada tiene que ver con una celebración de “efemérides”, su organización ha estado alentada por cuestiones de orden muy distinto, relacionadas con el estudio de ese pasado y la reflexión sobre el presente en clave histórica.
Tras la inauguración por parte de Carles Vallejo, presidente de la ACPEPF y, con posterioridad, de Jordi Font, director del Memorial Democràtic, se iniciaron las conferencias durante el día 9, reuniendo a tres destacados especialistas del ámbito historiográfico para dialogar en torno a los cambios y continuidades en la evolución de las jurisdicciones especiales dirigidas a la persecución política; a los actores que intervinieron en esos procesos, a las consecuencias que produjeron a corto y largo plazo en la historia de estos tres países. En primer lugar, intervino el profesor Gutmaro Gómez, de la Universidad Complutense de Madrid, con la conferencia “España. Historias de la violencia política durante el tarde franquismo”. A continuación, la profesora Maria Inácia Rezola (Instituto de História Contemporânea, Universidade Nueva de Lisboa), actual comissária executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, realizó la conferencia “De los tribunales militares a los tribunales plenarios: la violencia política en la dictadura portuguesa”. Y, finalmente, el profesor Giovanni Focardi (Università degli Studi di Padova), ofreció su intervención “Dar forma jurídica a la violencia política del Estado: antes, durante (y después) del Tribunal Especial para la Defensa del Estado”.
Los debates que se suscitaron muestran el acierto de adoptar una perspectiva comparada en el estudio sobre la institucionalización judicial de la violencia política ejercida por los tres regímenes dictatoriales durante el pasado siglo XX. Unas primeras conclusiones relevantes tienen que ver con el desconocimiento mutuo del curso de las investigaciones que se están llevando a cabo en estos países; el propio ritmo de esas investigaciones, dadas las diferentes circunstancias no solo temporales de las diferentes dictaduras, sino también estrechamente vinculadas a la apertura de la consulta de los archivos públicos estatales en cada uno de ellos; y, por último, la necesidad de avanzar tanto en la investigación comparada, sin equiparaciones simplificadoras entre los pasados traumáticos de todos los casos, de cara a construir un marco de interpretación que puede propiciar la renovación de la investigación histórica, tanto como avanzar en el dibujo de un mapa de las “cifras ocultas” que constituyen hoy un reto por cubrir.
En una segunda sesión, moderada por el miembro del Memorial, el historiador Josep Calvet, se expusieron algunas iniciativas y experiencias de políticas de memoria, tanto desde el ámbito de la sociedad civil como desde la Administración pública. Se puso de relieve la importancia de establecer nexos entre historia, memoria y archivos de cara a contribuir al debate en torno a los Derechos Humanos y la llamada justicia transicional. José Babiano, director del Archivo del Trabajo/Fundación 1º de Mayo, presentó los proyectos impulsados por la Red de Archivos Históricos de CCOO desde finales de la década de los años ochenta del pasado siglo XX. Con posterioridad, intervino la abogada Sònia Olivella, miembro de Irídia, asociación de abogadas penalistas que impulsan juicios estratégicos, explicando algunos de los casos más relevantes que están llevando a cabo, el más reciente, la querella presentada por Carles Vallejo Calderón como víctima de la tortura en la Jefatura de Policía de Barcelona a principio de los años setenta. Y, por último, intervino el historiador César Lorenzo (CEDIB-UAB), en calidad de miembro de la Comisión de Represaliados y Represaliadas creada por el Ajuntament de Barcelona en 2018, valorando positivamente unos resultados -limitados en número por diferentes razones, entre las que el inicio de la COVID resultó ser un condicionante- que desde el punto de vista de la reparación simbólica y de modelo de políticas públicas de memoria constituiría una línea que merecería tener continuidad y dar frutos de mayor alcance.
A lo largo de la mañana del 10 de noviembre, tuvieron lugar las sesiones dedicadas a la participación de protagonistas que pasaron por la experiencia de ser procesados por el TOP. En esta ocasión fueron presentados los casos de entonces estudiante y militante del PSUC Carlota Falgueras, la joven militante de la Guardia Roja Maribel Ferrándiz y el dirigente obrero, miembro de CCOO y del PSUC, Pedro López Provencio. Su participación evidencia la importancia de dejar testimonio, por un lado, pero también del valor que adquiere la narración y las reflexiones que cada uno de ellos presentaron sobre su paso por las detenciones, en algunos casos con el padecimiento de torturas y malos tratos, puesto que son una muestra más de la necesidad de transmitir la experiencia vivida y de reconocimiento público de esos hechos.
A continuación, el profesor Marc Carrillo de la Universitat Pompeu Fabra impartió la conferencia “Los consejos de guerra y el TOP, una perfecta compatibilidad represiva”, en la que expuso las conclusiones de su última publicación que, sin duda, constituye un referente para el estudio jurídico de estas cuestiones. En la siguiente mesa intervinieron tres abogadas defensoras ante el TOP: la exmagistrada Ascensió Solé y las abogadas Magda Oranich y Cristina Almeida, moderando el debate el profesor Andreu Mayayo, director del CEHI-UB. En su diálogo surgieron muchas de las cuestiones anteriormente tratadas, pero vistas a través del particular prisma de la experiencia y larga trayectoria de estas abogadas a partir de rememorar y analizar momentos, personajes y casos, hablándonos de forma distinta y complementaria a la de los especialistas sobre el significado de la justicia política franquista y de su superación.
La última sesión fue un acto de reconocimiento en el que la abogada Cristina Almeida hizo una glosa en homenaje al abogado y exmagistrado Juan José del Águila, quien en su intervención nos ofreció los resultados de su último libro publicado en 2020, que constituye la revisión y ampliación de “EL TOP. La represión de la libertad (1963-1977)”, publicado en 2001, que hoy es ya una referencia básica para los estudios.
Cerraron el coloquio, animando a fortalecer las políticas públicas de memoria y la transmisión del conocimiento histórico, Gemma Ubasart, Consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, y también Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Catalunya.
Los resultados de las conferencias, así como los debates abiertos a un variado público asistente (sindicalistas, miembros de asociaciones memorialísticas, docentes de secundaria, investigadores y alumnado universitario) mostraron que se logró el objetivo de facilitar un espacio de debate sobre la Historia y la Memoria, combinando el conocimiento de especialistas y el testimonio individual de algunos de los protagonistas.
