Al calor de las manifestaciones agrarias de estos días han salido multitud de titulares algo confusos y me gustaría aportar mi humilde opinión en un tema tan complejo como “los problemas del campo”.
En primer lugar es muy importante tener en cuenta de que no hay “un campo”, sino multitud de realidades, antagónicas incluso, dependiendo de múltiples variables como la orientación productiva de la explotación, la orografía, la localización geográfica, régimen de lluvias o temperaturas, tamaño de la parcela, presupuesto, disponibilidad de agua, desnivel del terreno y así hasta el infinito.
Y dentro de ese maremagnum de cuestiones que marcan el día a día de cada explotación mucho me temo que en las tractoradas de estos días están compartiendo carretera personas con intereses contrapuestos. Algunos a sabiendas y otros probablemente sin saberlo. Y es importante aclarar esto.
Una de las reivindicaciones más repetidas, visibilizadas y con más apoyo entre la población es la que hace referencia a la percepción de unos precios justos para los agricultores que compensen los costes de producción. Una norma, por cierto, que no fue apoyada por VOX ni por el PP en cuya votación se abstuvieron.
Pero incluso en esta demanda de amplio consenso hay importantes diferencias ya que los principales beneficiados por ella son aquellos que menos margen tienen. En el caso del olivar, por ejemplo, los más interesados son los productores en olivar tradicional no mecanizable de secano cuyos costes de producción para el caso del AOVE es de 13,67 €/kg según un estudio de la COAG (2022) frente a los 2,48 €/kg en los olivares superintensivos que están siendo acaparados por las grandes corporaciones.
La olivicultura superintensiva, con su mecanización, destruye empleo local, contimina con el basto uso de fertilizantes y pesticidas y esquilma el agua en zona de secano
Estos diferentes modelos tienen a su vez implicaciones socioeconómicas y ambientales muy importantes. Esos costes de producción no incluyen la destrucción de empleo local que implica la mecanización, por ejemplo, en la olivicultura superintensiva, la contaminación por fertilización química o el uso de agua en cultivos tradicionalmente de secano en un contexto en el que tenemos a la vuelta de la esquina el envío de agua en barcos a Cataluña o Andalucía además de restricciones hídricas en otros territorios como Extremadura. Estas y otras derivadas suponen millones de euros en gasto a las administraciones públicas que no se imputan en los 2,48 €/kg de ese AOVE.
Por todo esto, precisamente, no se entiende muy bien las quejas sobre la Agenda 2030 que siendo mejorable contiene cuestiones fundamentales para la propia supervivencia del sector primario y, por extensión, de la población general como es la reducción en el uso de pesticidas. La explica muy bien Antonio Hedilla en su hilo de X aquí: envenenando la tierra estás atentando contra tus propios intereses y el de las generaciones futuras. Te venden químicos para la tierra y te conviertes en un yonqui que les necesitas para sobrevivir.
En este sentido, otra de las reivindicaciones de estos días es contra una PAC “verde” que va en la misma dirección. La de proteger la base de la agricultura que es el suelo. Ahí se incluyen quejas sobre la excesiva burocratización, que se puede llegar a entender y contra la nueva normativa de protección ambiental, los llamados ecorregímenes o ecoesquemas. Estos vuelven a incidir en la importancia de conservar el suelo y la biodiversidad que existe bajo y sobre él y que, insisto, es la base de la agricultura. Las personas que se plantean vivir a largo plazo de la producción de alimentos son los principales interesados en que estos ecoesquemas se extiendan por todo el territorio. Eso sí, pueden suponer obstáculos para los bolsillos de las grandes corporaciones que están impulsando el arranque de cultivos tradicionales por otros en superintensivo y que una vez exprimida la tierra vuelven a hacer la misma función en otra parte.
Curiosamente, este ha sido el primer año de implantación de la nueva PAC y la solicitud de estos ecoesquemas ha sido masiva como analizo en Ecoesquemas 2023: ¿éxito o fracaso de la nueva PAC? (https://www.elsaltodiario.com/agricultura/ecoesquemas-2023-exito-fracaso-nueva-pac). De las 622.404 solicitudes únicas el 75 % de ellas incluía alguno de ellos. En cuanto a extensión, esto significa que el 86 % (19,1 millones de hectáreas) de la superficie total declarada en la PAC 2023 (22,2 millones de hectáreas) se ha acogido a algún ecoesquema. A pesar de las críticas esto es un buen punto de partida, aunque es cierto que los requisitos se rebajaron por las protestas previas de los agricultores.
Y es aquí donde viene uno de los melones más importantes. La distribución de las ayudas de la PAC.
Aquí es importante saber que las ayudas de la Política Agrícola Común se organizan en dos pilares. El primero de ellos, el más conocido, es el de ayudas directas a los agricultores y el segundo es el que incluye las ayudas a diferentes organismos para el Desarrollo Rural. Es en esta segunda parte en la que se engloban algunos de los perceptores que suelen causar más atención mediática. Telefónica, por ejemplo, percibe cada año en torno a los 1,7 millones de euros en concepto de «servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales». Por su parte Mercadona viene recibiendo unos 1,3 millones (2022) a través del “Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de los territorios Insulares (POSEI)”.
En cuanto al primer pilar de la PAC, es la propiedad de la tierra la principal vía de recepción de ayudas públicas. Por este motivo algunas administraciones y organismos públicos y las grandes cooperativas son parte de las que más ayudas perciben por esta vía.
Cuidado con confundir a los manifetantes con la ultraderecha. Sólo el 14,4 % del sector primario vota a VOX
Finalizo mostrando mi profundo apoyo a estas movilizaciones porque es la única forma de conseguir avances. Y mi rechazo a aquellas personas que las tachan de extrema derecha porque ni dos ni diez banderas del aguilucho son representativas de un sector primario en el que según el CIS de julio 2023 sólo el 14,40 % vota a VOX.
Ojalá este texto sirva para elegir bien la compañía en las movilizaciones y afinar los objetivos a conseguir en este proceso que espero sea largo, masivo y beneficioso para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas que tan mal lo están pasando y que son el pasado, el presente y el futuro de nuestro país.
LA TRAMPA ENVENENADA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Enlazando con la PAC, otra de las principales reivindicaciones de estos días es que los productos que entren en España tengan los mismos controles que los españoles. Esto entronca directamente con las críticas que desde algunas organizaciones agrarias como el SLG o EHNE se hace a los tratados de libre comercio. Unos acuerdos internacionales que afectan gravemente a la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria de los países firmantes. Algo que además va en contra de uno de los cimientos sobre los que se construye la propia PAC que es el Principio de preferencia comunitaria frente a la competencia externa. Unos tratados de libre comercio que han sido sistemáticamente apoyados por PP y VOX a los que hace apenas unos días se unieron PSOE, Ciudadanos y PNV para votar en contra de la eliminación de estos tratados de libre comercio mientras Podemos, IU, Sumar, ERC y BNG votaron a favor y Junts se abstuvo. Cada cual que saque sus propias conclusiones.
LOS AGUJEROS NEGROS DEL DINERO DE LA PAC
Familias como la Casa de Alba, los Mora Figueroa, Domecq o Entrenacales se llevan un buen pellizco cada año.
Por su parte, las diez mayores fincas cinegéticas recibieron 6,2 millones de euros en ayudas entre 2019 y 2022.
Otras grandes empresas que se han llevado importantes cantidades de ayudas de la PAC (2019) son Quesería Entrepinares SLU 3,4 millones de euros, Bodegas Protos 3,2 millones, Vega Mayor SL (Grupo Florette) 3,9 millones, empresas cárnicas como Campofrío (5,9 millones) o Faccsa (3,3 millones de euros) así como Freixenet (2,2 millones de euros en 2018) o Azucarera (British Food) 1,8 millones de euros en 2018.
Si a esto le unimos el incesante proceso de acaparamiento de tierras cada vez en menos manos tenemos como resultado que un puñado de grandes corporaciones y terratenientes se embolsan una parte muy importante de los fondos de la PAC. De esta forma los gigantes del sector ganan cada vez más mientras las pequeñas explotaciones luchan por sobrevivir.
