América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. Cada vez es más frecuente escuchar hablar de lawfare, una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública.
En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra proyectos políticos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.
Como sabemos, esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del poder legislativo y del ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley.
Esta situación ha estado presente en Colombia desde la asunción del presidente Gustavo Petro y del gobierno del Pacto Histórico en 2022. La persecución a la que se ha sometido al presidente colombiano, y que en las últimas semanas se ha agravado, ha llegado a afectar a su propia familia.
Y es que cada vez son más habituales los señalamientos, sin pruebas ni fundamentos por un poder judicial vendido al mejor postor.
Es necesaria una condena unánime del montaje judicial contra el presidente y su Gobierno; exigir respeto al pueblo colombiano que lo eligió con su voto
En el caso de Colombia la persecución contra el presidente se ha venido dando por parte del fiscal general, Francisco Barbosa, y la procuradora Margarita Cabello. Barbosa, quien finalmente ha anunciado que deja su cargo entre sospechas de malversación de recursos públicos, es amigo personal de Iván Duque, además de su ex consejero presidencial, y obtuvo su puesto de fiscal general gracias al ex presidente colombiano. Además, la procuradora está suspendiendo a funcionarios gubernamentales sin pruebas ni fundamento alguno, como ocurre en el caso del canciller Álvaro Leyva.
Como el propio presidente Petro ha señalado, estos hechos suponen una ruptura institucional en el país por parte de un poder judicial que, en clara connivencia con la derecha colombiana, están dispuestos a no respetar el resultado emanado de las urnas, mientras son cómplices de continuas intentona golpistas para derrocar al gobierno del Pacto Histórico.
Se han llegado a allanar sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para acusar a Petro aunque afortunadamente, no han tenido éxito. Desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía, buscan la salida de un presidente elegido por el pueblo.
Además, no podemos obviar que en todo este entramado corrupto, acciones realizadas por miembros de otros partidos políticos, como al que pertenece el propio fiscal general, no han sido criminalizadas y se han reconocido como legales. Un claro ejemplo de esta situación es que las contribuciones realizadas por un narcotraficante a partidos políticos durante la campaña electoral han sido calificadas como legales, mientras que las realizadas por el Sindicato de Maestros han sido catalogadas como ilegales, sin mayor justificación que la de tratarse de aportes a un partido de izquierda.
El presidente colombiano ha señalado que tras la suspensión del canciller Leyva, posiblemente vendría el procesamiento penal del presidente de Ecopetrol y del superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana, señalando también sus sospechas sobre que estos hechos evidencian que la Fiscalía podría pedir su juicio político sin ocultar que se habría llevado a cabo una investigación inconstitucional en contra del mandatario, intentando conseguir así el triunfo que el pueblo no les otorgó.
Es necesaria una condena unánime del montaje judicial contra el presidente Gustavo Petro y contra su Gobierno. Si no exigimos respeto por la voz del pueblo y por el mandato popular que dio el triunfo al presidente Petro y al gobierno del Pacto Histórico, ante la gravedad de estos hechos, estaremos creando un precedente que lamentaremos profundamente.
