Hubo que esperar 44 años de vida de nuestra Carta Magna para lograr que se aprobara una todavía incompleta ley de víctimas del franquismo (ley de memoria democrática) que sigue sin cumplir aspectos importantes relativos a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que Naciones Unidas viene demandando a España en sus informes anuales.
La aprobación de la ley de memoria democrática de 2022 supuso la asunción por parte del Gobierno del compromiso político de la aplicación de la ley que históricamente demandaba el movimiento memorialista y la izquierda transformadora: primero el PCE y posteriormente Izquierda Unida, Unidas Podemos y hoy el grupo plurinacional SUMAR.
El control político autonómico de la derecha y la extrema derecha, como abanderados del negacionismo, el revisionismo histórico y la equidistancia, han obstaculizado en gran medida el impulso real de las políticas públicas de memoria democrática.
La influencia de la interpretación equidistante entre 1936 y 1978 en la memoria colectiva de nuestro país fue y sigue siendo muy potente
El dictador Franco murió en la cama, y aunque fueron muchas las movilizaciones en nuestro país reclamando las libertades y la democracia, el movimiento obrero, las mujeres organizadas en asociaciones como el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) protagonistas de las movilizaciones, no debemos olvidar que la influencia de la interpretación equidistante del periodo comprendido entre 1936 y 1978 en la memoria colectiva de nuestro país fue y sigue siendo muy potente. La constante movilización de el movimiento memorialista, no debe distraernos del hecho de que a la derecha en nuestro país nunca le gustó ni aceptó las leyes de memoria democrática, su voto en el parlamento siempre fue negativo. Hoy la alianza de la derecha y la extrema derecha está derogando en las comunidades autónomas las leyes existentes, y aprobando leyes llamadas de “concordia”, desdibujando la verdad con el intento de igualar a todas las víctimas, argumentando que todos mataron y ocultando que durante 40 años los vencedores de la guerra civil (provocada por un golpe militar) recibieron todo el reconocimiento y homenajes y quienes fueron asesinados y se encuentran en las cunetas siguen esperando a que se les reconozca no sólo como víctimas de la dictadura, sino como ejemplo de memoria y lucha por las libertades en nuestro país.
Quieren mantener el control de la interpretación del pasado
La derecha y la ultraderecha en nuestro país tiene muy claro que quien controla la interpretación de un pasado reciente domina también los comportamientos sociales y políticos. Para ellos impulsar la memoria antidemocrática y su batalla cultural es central para debilitar la democracia y retroceder en derechos y libertades.
El PCE ante este posicionamiento cultural de la derecha y la extrema derecha, frente a las falsedades pseudohistóricas y el blanqueamiento de la dictadura abogamos por una respuesta colectiva que sitúe la verdad histórica como eje central de la memoria democrática. Es esencial reforzar la dimensión de la lucha antifascista para combatir cualquier intento de retroceso democrático en nuestro país.
El golpe militar que provocó la guerra civil y el triunfo de la dictadura franquista tuvo como componente fundamental la persecución y eliminación de las fuerzas democráticas que se opusieron al fascismo. El antifascismo, por lo tanto, niega y se opone a cualquier relato basado en la equidistancia o el revisionismo histórico.
Reclamamos el carácter publico de las actuaciones de memoria democrática, la ley así lo recoge y con ello se anula el modelo anterior de la ley de 2007 basado en la privatización y externalización mediante subvenciones de las exhumaciones de las fosas.
En honor a la verdad no podemos obviar el nexo compartido entre memoria democrática y republicanismo; los dos periodos de república en nuestro país supusieron fundamentalmente para la clase trabajadora, derechos, modernización del país y transformaciones democráticas; y todo ello forma parte del derecho a la verdad de los pueblos que defienden la memoria democrática.
Reclamamos como valor fundamental la memoria feminista, por una parte en la tarea de visibilizar y reconocer el papel que las mujeres jugaron en la defensa del Frente Popular como en su lucha contra el fascismo; y el papel del feminismo señalando las formulaciones patriarcales del nacionalcatolicismo y hoy denunciando el negacionismo de la derecha y la extrema derecha de la violencia de género, violencia basada en el carácter estructural de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Incorporar la lucha y resistencia frente a la dictadura
Es imprescindible incorporar a la batalla cultural para defender la democracia, la lucha y la resistencia popular de miles de trabajadores y trabajadoras durante la dictadura franquista, su capacidad de resistencia y organización como faro para la conquista de derechos y ejemplo para incorporar en nuestro relato cultural.
Siendo cierto que la ley de memoria democrática necesita implementarse de manera inmediata, esta ley ha permitido que el Estado reconozca como victimas a Julián Grimau, a las 13 Rosas y han dado por anuladas sus condenas a muerte. Se reconoce el trabajo esclavo y se está trabajando en el censo de víctimas de estos trabajos.
Es necesario un compromiso político de la izquierda en todas las instituciones para avanzar en los contenidos de la ley de memoria democrática
Pero es necesario avanzar, hace falta un compromiso político de la izquierda en todas las instituciones para visibilizar y difundir los contenidos de la ley de memoria democrática, elevar el nivel de cumplimiento, y la eliminación de todo vestigio de nomenclatura o simbología franquista. Es imprescindible una apuesta decidida y con recursos por las expresiones culturales que fomenten y sostengan el relato democrático.
El PCE impulsará la celebración de una jornada sobre memoria democrática en el Congreso de los Diputados/as a través de sus diputados/as dentro del grupo Sumar.
Seguiremos en las instituciones y en todos los foros de debate así como en la movilización reclamando: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
(*) Secretaría de Memoria Democrática del PCE
