Mariano Álvarez falleció con tan solo 29 años. Era guerrillero, uno de aquellos antifranquistas que continuó la lucha armada contra el régimen tras aquel anuncio formal del primero de abril de 1939. Formal, porque el estado de guerra no terminó en España hasta 1948, doce años después de haberse iniciado.
Él era de Fuensalida (Toledo), pero fue interceptado y hecho desaparecer en Burgohondo (Ávila) junto a otros dos compañeros resistentes. Sucedió el 23 de enero de 1947, cuando la Guardia Civil asaltó el lugar donde se escondían y los abatieron; él era el jefe de esa partida. Sus restos han permanecido en el osario del cementerio hasta que fueron exhumados, aunque no identificados, en marzo de 2022.
Con motivo de esta recuperación, en su pueblo natal se colocó una placa, en el interior de su cementerio, en su recuerdo y con el patrocinio de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Dos años después de aquel reconocimiento, el Ayuntamiento de la localidad ha decidido retirarla.
Allí, el PP gobierna por mayoría, mientras que VOX no tiene representación. Y están muy desnortados porque han de aplicar la Ley de Memoria a espacios públicos de la localidad y modificar, por ello, nomenclaturas de calles y espacios que aún conservan dedicatorias a franquistas nacionales, como Millán Astray o Queipo de Llano; y locales, como los falangistas Benito Lorenzo y Tomás Romojaro, tras una sentencia judicial que así lo exigía, en cumplimiento de la Ley.
Pese a esta sentencia, el Ayuntamiento rechaza el memorial al guerrillero por considerarlo instalado por decisión unilateral de la anterior corporación, dirigida por los socialistas. Es toda una falta de respeto: primero, a su propia responsabilidad pública y, segundo, a sus conciudadanos a quienes gestiona la convivencia. Pero esto no es, desgraciadamente, un comportamiento singular o caso aislado en lo que se refiera a lo que ocurre con la memoria democrática en muchos territorios y lugares.
Donde sí cogobiernan los populares con VOX es en el Ayuntamiento de Burriana (Castellón). Allí, el edil ultraderechista responsable de la concejalía de Cultura ha decidido deshacerse de la placa que, en el convento-prisión de la Mercé (hoy, Casa municipal de Cultura), se dedicó en 2016 a los presos y presas antifranquistas que en ella fueron encarcelados (se cifran en 3668 las personas reclusas allí; mujeres, 271 entre ellas). La excusa que se esgrime: falsedad en los datos y errores históricos en la leyenda de la misma.
En esta ocasión, la falta de respeto se extiende también hacia los profesionales investigadores que realizaron el trabajo documental previo y la recogida de testimonios para perfilar lo que supuso la represión en la zona. Porque lo que se escribió en la placa es la modesta frase de «…en memoria de las mujeres y hombres que sufrieron persecución franquista por buscar la libertad…» y la cifra de represaliados, que debe ser lo que no admite el concejal que se ha de hacer público, pretendiendo ocultarlo y, con ello, disculpar y blanquear el régimen y su dictadura.
En fin, lo que venimos llamando revisionismo histórico ya se está aplicando sin complejos, ni respuesta por parte de quienes deben velar por la no agresión a la memoria democrática de todos, venga de donde venga y la haga quien la haga. Y más aún si las decisiones son arbitrarias, sin base histórica ni argumento técnico que las avale. Los populares vuelven a retratarse con sus pactos y acuerdos de gobierno con la extrema derecha. Hay que exigirles que reprueben públicamente la conducta antidemocrática del edil de VOX, restituyan la placa donde quedó instalada (por ser un lugar de memoria) y que frene lo que solo podemos definir como pura censura. Si no, demuestran una vez más que son lo mismo.
