El pasado martes 14 de mayo, la comunidad educativa andaluza respondió masivamente al llamamiento de huelga educativa realizado por las organizaciones sindicales ANPE, USTEA, CCOO y CGT así como por las asociaciones estudiantiles. Con un seguimiento de la huelga que los sindicatos cifran en un 60% y una asistencia a las manifestaciones de unas 30.000 personas en toda la Comunidad destacando en capitales como Sevilla (10.000 asistentes) o Málaga (5.000). Con estos datos, las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial reclaman a la consejera una reanudación de las negociaciones para aumentar las plantillas docentes y la adopción de medidas reales y concretas para el próximo curso.
El pasado 11 de octubre, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se comprometió a iniciar las negociaciones con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial. En el orden del día estaba la exigencia de los sindicatos de un aumento de las plantillas docentes para responder a las clamorosas deficiencias del sistema educativo andaluz:
- Bajar el número de alumnos y alumnas por clase para todos los niveles educativos y establecer ratios en las aulas específicas. Esta es una demanda histórica de la comunidad educativa que facilitaría la atención al alumnado, mejoraría el clima de convivencia y permitiría una mayor atención a la diversidad en las aulas. Las líneas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular promovida por USTEA el curso pasado y que llegó con más de 50.000 firmas al Parlamento andaluz donde fue rechazada de plano por la mayoría absoluta de Moreno Bonilla siguen condensando lo fundamental de esta propuesta que mira por mejorar la calidad del sistema educativo andaluz.
- Frenar y revertir la tendencia al cierre de aulas en la pública, una tendencia que de seguir así nos aboca en un futuro próximo al cierre de centros educativos y al desplazamiento de sus plantillas. Desde que gobierna el Partido Popular en Andalucía, se han recortado 1943 aulas en la pública. Esta cifra se dispara a 2.500 si sumamos las supresiones que se prevén para el próximo curso. Mientras esto es así, no solo es que no se cierran aulas en la privada concertada sino que se mantiene la oferta de unidades hasta con cinco alumnos y alumnas matriculadas en el periodo de escolarización, lo que supone un trato discriminatorio frente a la red de centros públicos donde la demanda es en muchos casos superior a la oferta y sin embargo la reubicación del alumnado que supera las plazas ofertadas está a la orden del día. El caso más extremo de trato discriminatorio lo tenemos con la proliferación de aulas mixtas en la pública (aulas donde convive alumnado de distintas edades), una figura que se emplea para recortar unidades, que desalienta la escolarización en este tipo de centros y que es el paso previo al cierre de colegios. Según argumenta la administración educativa, los centros privados concertados están blindados contra el agrupamiento del alumnado en aulas mixtas en base a acuerdos con la patronal.
- Más recursos para la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable, con el establecimiento de unas ratios proporcionadas para los profesionales de Orientación, Pedagogía y Audición y lenguaje.
- La reducción del horario lectivo para terminar con dinámicas abusivas como el 2×1 en Primaria y la generalización de la carga docente por encima de las 18 horas establecidas como norma en Secundaria. Las 21 horas de docencia directa, que se consideran en secundaria una medida excepcional para atender a las necesidades de organización del centro, se han convertido en una práctica generalizada. Los horarios de los docentes establecen actualmente un tiempo para labores de coordinación y organización irrisorio, insuficiente para atender a las necesidades diarias de su labor a costa de que estas tareas se realicen fuera del horario de trabajo. Desde las organizaciones sindicales demandamos un horario lectivo que no supere las 23 horas de docencia directa en Infantil y Primaria, entre 16 y 18 horas en Secundaria.
- La mejora de las condiciones de trabajo de los y las docentes con una reducción de la carga burocrática que merma el tiempo que estos necesitan para preparar sus materias y para centrarse en lo más importante: la educación y la atención personalizada al alumnado.
- La dignificación de las condiciones laborales de los y las docentes interinas, que se han visto desplazadas o se encuentran en el paro tras los llamados procesos de estabilización. La recuperación del empleo de estos profesionales que durante años se han encontrado asumiendo una relación laboral abusiva cubriendo puestos estructurales pasa por el aumento de las plantillas docentes.
- La creación de plazas públicas de Formación Profesional para ampliar la oferta educativa de la pública y dar respuesta a las necesidades del alumnado. Actualmente, el aumento de la demanda de ciclos formativos y la escasa oferta de la pública está convirtiendo a la FP en un lucrativo negocio para las empresas privadas, con la connivencia del gobierno andaluz.
Tras meses de estancamiento y nula voluntad de alcanzar acuerdos para hacer frente a las inversiones necesarias, las negociaciones concluyeron el 1 de abril con la ruptura unilateral por parte de la Consejería. El argumento era la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Se obvia con ello la autonomía financiera de la Junta de Andalucía y el deber que tiene esta de ejercer las competencias que tiene transferidas en materia de educación.
Ante las excusas de la Consejería, las movilizaciones conjuntas de las organizaciones de la Mesa Sectorial dieron comienzo durante el mes de abril para desembocar en la reciente convocatoria de huelga. De acuerdo con las organizaciones sindicales, estas movilizaciones continuarán hasta forzar a la consejera a retomar la negociación y poner sobre la mesa un acuerdo con cifras reales, con transparencia y con un compromiso claro y rotundo de que se adoptarán las medidas que demanda la comunidad educativa andaluza.
