Existe un amplio consenso social en que la corrupción es un problema político de primer orden y, en consecuencia, en que debe ser una prioridad política y social la mejora de la integridad pública, entendida como la construcción de instituciones y mecanismos que garanticen que los recursos públicos se encuentran al servicio de la colectividad.
En las sociedades capitalistas la maximización de los beneficios empresariales derivados de las plusvalías del trabajo son el principal objetivo de la actividad económica. Los inmensos beneficios que provocan las prácticas de corrupción son parte intrínseca a la forma de producción, en especial desde la implantación de las medidas de desregulación propias de las políticas neoliberales. Mientras más desregulación, más ausencia de controles y por tanto más facilidad para poner en marcha prácticas corruptas que resulten impunes.
Si bien en décadas pasadas la lucha contra la corrupción se vinculó fundamentalmente a la promoción del desarrollo económico, especialmente en programas impulsados desde organismos internacionales hacia el sur global, hoy tanto la academia como la sociedad civil han desarrollado un diagnóstico más completo y preciso de los impactos de la corrupción en nuestros sistemas sociales, económicos y políticos.
En el ámbito de la corrupción, España ha sido un país tristemente conocido en las últimas décadas por el descubrimiento periódico de casos graves de corrupción política que implican una mácula indigna de una democracia moderna y consolidada como es la nuestra.
Aunque la corrupción es una realidad de medida compleja, todos los indicadores vinculados a la percepción pública, a las investigaciones y condenas judiciales, o a las investigaciones provenientes del periodismo y la sociedad civil, señalan que España muestra niveles de corrupción política sensible e inaceptablemente más elevados que otros países de nuestro entorno.
La “Querella Bárcenas” ha sido el mayor esfuerzo de la sociedad civil española organizada para combatir la impunidad
Se calcula que en los últimos 30 años la corrupción ha costado más de 100.000 millones de euros a la sociedad española, 60.000 millones solo por las prácticas corruptas realizadas por personas vinculadas al Partido Popular, según se deriva de los procedimientos judiciales abiertos contra dirigentes de este partido. Son cantidades ingentes que han sido detraídas de los presupuestos del Estado y que no han podido ser utilizadas en políticas sociales. Nuestro partido a través de Izquierda Unida y en alianza con distintas organizaciones sociales y colectivos de juristas, ha impulsado desde hace décadas acciones contra la corrupción y para evitar que estás prácticas tan dañinas para las mayorías sociales queden en la impunidad. La denominada “Querella Bárcenas” —precursora de las sentencias de los tribunales que declararon la responsabilidad penal y civil del Partido Popular en la corrupción y que a su vez provocaron la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy— ha sido el mayor esfuerzo de la sociedad civil española organizada para combatir la impunidad. Lo anterior sin desmerecer el importante trabajo que, demasiadas veces en solitario, ha hecho en nuestro país la Fiscalía Anticorrupción persiguiendo la delincuencia económica y a las organizaciones criminales dedicadas a prácticas económicas corruptas.
La integridad pública, prioridad del PCE
Teniendo en cuenta este contexto, la integridad pública debe ser una de las prioridades políticas del PCE, de Izquierda Unida y de los espacios políticos en los que concretamos nuestra política de alianzas, para garantizar una democracia plena con instituciones públicas sólidas y servicios públicos igualitarios y de calidad, donde no sea posible la apropiación de los recursos públicos por minorías corruptas por mucha capacidad de penetración que tengan en las instituciones y por tanto en los presupuestos públicos.
En los últimos meses toda España ha asistido a la aparición de nuevos casos de corrupción vinculados al estado de alarma provocado por la pandemia mundial del COVID. No hay palabras para calificar las actuaciones contrarias al interés general de las personas que se enriquecían en los momentos más duros de las pandemia, mientras morían las personas mayores en las residencias, desfallecía el personal sanitario o los trabajadores y trabajadoras de la logística, la alimentación y la limpieza encargados de los servicios esenciales. Mientras en todos los hogares españoles se extendían la enfermedad, el miedo, las secuelas y la muerte, mientras la gente digna hacía lo que podía por ayudar a sus semejantes, un puñado de oportunistas corruptos y desalmados se enriquecían engañando a todo un país que buscaba equipos de protección y material médico donde fuera. El “caso Koldo” y el “caso Ayuso” muestran que todas las fuerzas políticas que han aplicado políticas neoliberales han sido permisivas con que en su seno y en sus círculos más cercanos proliferaran prácticas de corrupción y personas dispuestas a enriquecerse de cualquier forma.
La Fiscalía Anticorrupción ha hecho un trabajo ejemplar persiguiendo la delincuencia económica y a las organizaciones criminales que la practican
En España la Fiscalía Anticorrupción ha hecho por lo general un trabajo ejemplar para castigar a los responsables de estas prácticas, a pesar de contar con escasos medios. Pero es necesario dar un paso más allá y activar mecanismos de prevención de la corrupción que hagan más difíciles estas prácticas mediante los debidos controles cumpliendo así las recomendaciones del Grupo GRECO o de las convenciones contra la corrupción tanto del Consejo de Europa como de Naciones Unidas. Sorprendentemente hasta ahora España no había cumplido ese mandato a pesar de ser un país afectado por la corrupción desde hace décadas, al menos desde que en los años 60 del pasado siglo estallara el denominado caso MATESA. También tenemos obligaciones derivadas del trabajo contra la corrupción iniciado por el gobierno de coalición en la anterior legislatura, como la aprobación de la autoridad de protección de los denunciantes de corrupción prevista en la ya vigente Ley de protección de los denunciantes de corrupción.
Oficina de prevención de la corrupción
El Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR presentó una Proposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción que recoge cuatro elementos fundamentales:
1.- Siguiendo las indicaciones del Grupo GRECO, la Oficina de prevención de la corrupción se crea para la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas del ejercicio de funciones públicas o privadas vinculadas a la administraciones publicas. La Oficina tendrá independencia y autonomía
2.- Funciones más relevantes de la Oficina.
- Creará un sistema preventivo de alertas tempranas dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, en el ámbito de la Administración General del Estado y su sector público instrumental.
- Elaborará una Estrategia integral de prevención de la corrupción e impulso de la integridad pública que, con una perspectiva integral y a largo plazo, fomente una cultura de transparencia, prevención e investigación de posibles casos de corrupción vinculados con el sector público estatal.
- Exigirá la elaboración de planes de prevención propios en todas las Administraciones publicas de competencia estatal, planes conexos entre sí y conectados con la Estrategia integral.
3.- La Oficina de Prevención de la corrupción tendrá plena capacidad investigadora dentro de sus competencias y funciones:
La potestad de investigación permitirá al personal de la Oficina el ejercicio de funciones de investigación e inspección para el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, por lo que podrá personarse, acreditando la condición de autoridad o agente de la Oficina, en cualquier dependencia de las Administraciones y entidades públicas o centro afecto a un servicio público incluidos en su ámbito de competencia, para solicitar información, realizar comprobaciones in situ y examinar los documentos, los expedientes, los libros, los registros, la contabilidad y las bases de datos.
La capacidad de investigación alcanzará a todas las administraciones públicas, Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, empresas o entidades privadas que reciban subvenciones, incluidos partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, acabando así con una excepción existente hasta ahora en lo relativo a la investigación de casos de corrupción en las Fuerzas Armadas.
4.- Finalmente se impone a las administraciones públicas y empresas privadas la obligación de disponer de un sistema interno de prevención de la corrupción.
Siguiendo también las recomendaciones GRECO, todas las administraciones y las empresas contratantes con la administración deberán de contar con un sistema interno eficaz de prevención de la corrupción. El incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado con multas de hasta 1 millón de euros.
