El Grupo Plurinacional Sumar y el Grupo Socialista han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para promover un gran pacto de Estado -social, político e institucional- para acabar con la pobreza infantil en nuestro país. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Juventud e Infancia, propone lograr su reducción en, al menos, 713.000 niños y niñas para 2030.
Los datos de pobreza infantil en nuestro país son altos para ser la cuarta economía de la Unión Europea y superiores a los del resto de la población, lo que muestra un problema estructural. Según un estudio realizado en 2022 por la Universidad de Gerona y apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la pobreza en España se hereda y los niveles de pobreza infantil son extraordinariamente altos y apenas varían con los años. Muchos hogares vulnerables han empeorado sus condiciones socioeconómicas como consecuencia del Covid-19 y de los efectos negativos derivados de la guerra en Ucrania.
El Gobierno trabaja desde 2018 para avanzar en la protección y promoción de los derechos de la infancia y tiene como prioridad reducir y erradicar la pobreza infantil, tras años de negacionismo político y de congelación de las ayudas destinadas a la infancia y la adolescencia más vulnerable. Afecta de manera más directa a los niños y niñas con discapacidad, en hogares monomarentales/monoparentales, a quienes tienen origen migrante, etnia gitana, son extranjeros/as sin referentes familiares, solicitantes de asilo o protección internacional y temporal, además de víctimas de trata o explotación sexual, entre otros.
Es prioridad del Ministerio de Juventud e Infancia seguir elevando las políticas de infancia a la primera línea política y blindar los servicios públicos esenciales como Educación, Sanidad o los servicios sociales y que se adopten medidas decisivas para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, las desigualdades en la primera infancia, la discriminación, la segregación, la exclusión y la desventaja social. Para ello, promoverá un mecanismo de gobernanza y monitoreo que integrarán el departamento que dirige Sira Rego, las formaciones políticas firmantes, las instituciones competentes y la sociedad civil.
Fuente: Izquierda Unida
