Ecologistas en Acción ha criticado duramente la lentitud con la que las comunidades autónomas están implementando el Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR), una ley crucial para frenar la destrucción de los bosques del planeta y combatir el cambio climático.
La organización ecologista lleva años trabajando para frenar la deforestación a nivel mundial, causada por la expansión de la frontera agrícola en regiones tropicales y ecuatoriales, las más biodiversas del planeta. La pérdida de bosques es una de las principales causas del cambio climático, ya que los árboles actúan como sumideros de carbono.
El EUDR, aprobado en junio de 2023, tiene como objetivo que la economía europea no provoque deforestación en ningún lugar del planeta. La ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2024 y afectará a cualquier actividad comercial de las siete materias primas incluidas: soja, aceite de palma, café, cacao, caucho, madera y ganado bovino.
En España, son las comunidades autónomas las responsables de aplicar el EUDR. Sin embargo, según Ecologistas en Acción, la mayoría de ellas no están preparadas para hacerlo. La organización ha solicitado información a las 17 comunidades autónomas y ha llevado a cabo reuniones con algunas de ellas, las más afectadas (Junta de Andalucía, Xunta de Galicia y Gobierno de Aragón) y el resultado es «preocupante».
«La inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos ni siquiera disponen de una unidad técnica capacitada para cumplir con sus funciones, y no han dotado absolutamente ningún recurso extra», denuncia Ecologistas en Acción, que no obstante señala que en Andalucía sí se han dedicado algunos recursos extra a esta cuestión.
Esta falta de preparación podría poner en riesgo la aplicación efectiva del EUDR en España, lo que tendría graves consecuencias para el medio ambiente y para la lucha contra el cambio climático.
Ecologistas en Acción exige a las comunidades autónomas que tomen medidas urgentes para implementar el EUDR de manera efectiva. La organización también insta al Gobierno español a acelerar la creación de protocolos comunes de comunicación y a llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de ley para aprobar el procedimiento sancionador del EUDR en España.
