La asociación Foro de Abogacía y Democracia, Red de Abogacía demócrata europea (FAiD RADE) a través de un comunicado emitido en relación al convenio suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa, considera que la Policía Nacional y todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben tener una formación en técnicas policiales pero especialmente en valores constitucionales.
Para el Foro de Abogacía y Democracia resulta inadmisible que “quienes impartan formación a los agentes de la autoridad sean cuerpos parapoliciales que se dedican a actuaciones extrajudiciales… y prácticas contrarias a derechos fundamentales”, como es el caso de Desokupa, investigados y con procedimientos abiertos por estas prácticas, entre ellas la recuperación extrajudicial de inmuebles.
En relación a las prácticas delictivas de esta empresa, el comunicado de FAiD-RADE informa también de que los miembros que actúan públicamente en representación de Desokupa participan habitualmente “en actuaciones fomentando el odio, anunciando públicamente prácticas de llamada a la violencia, mínimo de forma verbal, tanto a grupos de su misma ideología de extrema derecha como a adversarios ideológicamente, y han participado en actuaciones con presencia nazi y de ideologías racistas y de odio, propugnando odio contra cargos políticos institucionales, actuando contra la convivencia y pluralismo democrático”.
“Resulta contradictorio y peligroso —señala el comunicado— que quienes deban ser investigados por estas prácticas sean los encargados de enseñar técnicas policiales a miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y recuerdan que “el artículo 149 de la Constitución establece que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado, y el artículo 104 establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad dependen exclusivamente del Gobierno de España, y tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
FAiD-RADE considera inaceptable la injerencia externa en la formación de los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se destinen recursos públicos a este cometido bajo la gestión de la representación sindical.
La asociación de abogados reivindica el artículo 22 de la Constitución Española, que prohíbe de manera expresa la existencia de asociaciones paramilitares en España y manifiesta su preocupación porque la organización que ha suscrito el convenio de formación con el sindicato policial “presenta características que encajan peligrosamente con esta definición”.
