Con ese lema, los barrios de Málaga se llenaron de carteles y el centro se llenó de miles de manifestantes que portaban pancartas hechas en casa que expresaban y se reconocían en un malestar hasta ahora latente y que planteaban una propuesta basada en la radicalidad democrática de la idea de que las ciudades son para vivir y para hacerlo con derechos.
El reciente ejemplo de las denuncias vecinales del rascacielos de Martiricos, en el que, de las 252 viviendas, 110 son pisos turísticos, es la muestra del modelo del PP, en el que la ciudad está puesta a servir el negocio extractivista de unos pocos, mientras la turistificación se extiende como una mancha de aceite.
Málaga es la provincia con más viviendas turísticas de España, con más de 42.000 registradas. Y Málaga capital es la ciudad española de más de medio millón de habitantes que mayor porcentaje de su parque inmobiliario dedica a pisos turísticos: una de cada tres viviendas es turística. Se han multiplicado por catorce, desde las 846 de 2016 a las más de 12.000 de 2024.
Esta extensión se explica en la complicidad del gobierno local del PP y acarrea múltiples efectos negativos: dispara los precios, expulsa a la vecindad, aumenta los desahucios, mina la convivencia, tematiza el espacio, privatiza lo público y ahonda en la depredación ambiental.
La turistificación es la distorsión de la ciudad cuando las políticas públicas se enfocan a cubrir las demandas del negocio turístico y se desatienden los derechos de la ciudadanía hasta provocar que las relaciones sociales y las necesidades vitales de la ciudad y sus barrios salten por los aires. Esta gestión irresponsable del urbanismo, la vivienda y el desarrollo turístico del PP ha provocado que los pisos turísticos sean una plaga que se expande por todos los barrios. Málaga es la primera ciudad andaluza y la quinta española con los alquileres más caros, han subido un 11,3% sólo en el último año; el 94% de los alquileres supera el máximo recomendado, la mayoría de los hogares dedica más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, el precio medio de las hipotecas es el más alto de la península, las viviendas vacías superan las 16.000 y durante el primer trimestre de este año se han ejecutado entre tres y cuatro desahucios diarios, tres cuartas partes de ellos por impago del alquiler.
Málaga entera está tensionada y Málaga entera debe ser declarada zona tensionada según la ley estatal, para que pueda establecerse un tope al precio de los alquileres. Barrios obreros históricos como Cruz de Humilladero o Carretera de Cádiz han visto cómo en la última década sus alquileres se han incrementado en un 40 y en un 55 por ciento, respectivamente. Urge plantar cara a los fondos de inversión que se están haciendo con la ciudad y expulsan a la juventud, pero el PP sigue insumiso a la ley de la vivienda.
Los gobiernos del PP en el Ayuntamiento de Málaga y en la Junta de Andalucía no hacen nada a pesar de que todas las alarmas llevan años encendidas. Sólo anuncia medidas cosméticas, como limitar nuevas licencias a inmuebles que no cuenten con un acceso independiente, extremo que ya estaba en el PGOU y que ha incumplido durante 13 años. Tampoco ejercen sus competencias inspectoras, ni de las viviendas, ni de las plataformas que comercializan viviendas ilegales; muy elocuentes es que sólo hay 7 inspectores para toda la provincia de Málaga.
Aún con su gravedad, la situación puede revertirse. Para ello proponemos un amplio catálogo de medidas: declarar Málaga ciudad libre de pisos turísticos, con una moratoria total para nuevas licencias y la reducción de las existentes. Crear un parque municipal de alquiler con las más de 16.000 viviendas vacías. Aplicar planes de ayuda al alquiler eficaces. Impulsar la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Poner en marcha mesas de vivienda en todos los barrios para una toma de decisiones participada por la gente. Y la implantación de la tasa turística, una medida capital que el PP niega en rotundo desde la Junta, mientras sigue enrocado en su bucle destructor: defender los intereses del lobby turístico sobre los de la ciudadanía malagueña y confrontar con el Gobierno de España para que nada cambie.
La esperanza viene de la clases populares organizadas. En Málaga ha estallado como un clamor el malestar social, la multitudinaria manifestación convocada, bajo el lema ‘Málaga para vivir, no para sobrevivir’, por más de medio centenar de colectivos sociales y secundada por más de 25.000 personas el pasado 29 de junio, ha marcado un antes y un después. Aunque el PP quiera deslegitimarla acusándola de “guerra santa” al turismo, la realidad imparable es que el hartazgo y el malestar social cada vez alcanza a más sectores y que la sociedad cada vez está más organizada. Málaga se mueve hacia un cambio de rumbo para dejar de ser una ciudad en la que los negocios especulativos de unos pocos se impongan sobre los derechos de la mayoría social.
