Acaba de cumplirse un siglo desde que el urbanista y arquitecto Le Corbusier describiese la casa como una “máquina de habitar”. Desde entonces, hemos abandonado esta concepción un tanto ingenua, pero también evocadora, de la vivienda como un instrumento al servicio de nuestro bienestar. En España, las casas se han convertido en todo lo contrario: máquinas para especular, que generan no solo una inmensa desigualdad económica, sino pobreza y precariedad.
Rectificar esa deriva es la tarea más importante de esta legislatura. El listón con el que se juzgará al segundo Gobierno de coalición es la firmeza con que abordamos el problema de la vivienda, que va camino de convertirse en una emergencia.
Por eso la Dirección General de Consumo presentó en junio una iniciativa para recabar información sobre anuncios online de pisos turísticos que operan sin licencia. También trasladamos esta propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias, con el propósito de recabar información de equipos municipales preocupados con esta situación. El objetivo es sencillo: detener prácticas de competencia desleal y revertir una tendencia que amenaza con quebrar la cohesión social en nuestro país.
Ni las exitosas políticas laborales de los últimos años, incluyendo la subida en un 54% del SMI, pueden contrarrestar los excesos del mercado inmobiliario
El resultado de no hacer lo suficiente está a la vista. Según un estudio reciente de Fotocasa, el alquiler se ha encarecido un 78% durante la última década. En la actualidad, su pago absorbe hasta un43% del salario de los españoles. Esta dinámica amenaza con agravarse, perjudicando a las familias y personas con menos recursos. Según BBVA Research, la vivienda se encarecerá un 5% en 2024 y un 4,7% en 2025. Ante una evolución así, como señaló recientemente Yolanda Díaz, ni siquiera las exitosas políticas laborales de los últimos años —incluyendo la subida en un 54% del salario mínimo interprofesional— pueden contrarrestar los excesos del mercado inmobiliario.
Las viviendas turísticas sin licencia son clave en este modelo de especulación desbocada. En primer lugar, debido a su proliferación. En Madrid, según las autoridades municipales, hasta un 93% de los pisos turísticos operan de esta manera. Además, estos pisos refuerzan lógicas rentistas en detrimento del mercado de alquiler regulado. Y generan una sensación inadmisible de impunidad. Nadie aceptaría, por ejemplo, que un bar operase sin licencia y además anunciase su negocio abiertamente. Por eso es fundamental que, en el ejercicio de nuestras competencias, tomemos las medidas necesarias para regular el sector.
La iniciativa de la Dirección General de Consumo representa un paso importante, pero no es la única esencial para abordar el problema de la vivienda. Desde hace tres décadas, el rentismo y la especulación inmobiliaria han adquirido una importancia desproporcionada en el modelo de crecimiento español.
La ley de vivienda de 2023 pone herramientas a disposición de los gobiernos autonómicos para que la vivienda sea un derecho no un negocio. El PP y Vox se jactan de no aplicarla
Sí se puede, si se quiere
Por eso es necesario un amplio abanico de reformas que apuntalen la vivienda como un derecho en vez de un negocio. Eso implica no solo restringir la oferta de vivienda turística, sino topar los precios de alquiler en zonas tensionadas; regular los alquileres habitacionales y de temporada; movilizar viviendas vacías; reforzar el parque público de vivienda en alquiler social; y limitar el acceso de especuladores extranjeros y fondos buitre a nuestro mercado inmobiliario. La ley de vivienda de 2023 pone varias de estas herramientas a disposición de los gobiernos autonómicos. Lamentablemente, tanto el Partido Popular como Vox se jactan de no aplicarla.
El precio de esta inacción es una inmensa desafección social. Según el CIS, entre mayo y junio la vivienda ha pasado de ser la sexta a la segunda mayor preocupación para los españoles. En una encuesta reciente, publicada en Eldiario.es, ocho de cada diez españoles reclaman a sus ayuntamientos que adopten medidas contundentes para limitar los alquileres turísticos. Siete de cada diez considera que la masificación del turismo perjudica a los residentes y el medio ambiente, y dos tercios defienden que las comunidades puedan vetar los pisos turísticos, en línea con las modificaciones que el Gobierno realizará a la Ley de Propiedad Horizontal.
La única conclusión para cualquier gobierno responsable —sea municipal, autonómico o estatal— es que urge hacerse cargo de este clamor. Tenemos por delante una tarea inmensa pero ineludible: garantizar que las viviendas sean hogares donde vivir, en vez de máquinas para especular en perjuicio de la inmensa mayoría de nuestra sociedad.
