El Grupo Plurinacional Sumar, junto al PSOE y EH Bildu, ha alcanzado un acuerdo histórico para modificar los aspectos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como Ley Mordaza. Entre los principales cambios, se limitan las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad, se protege el derecho de reunión sin necesidad de previa comunicación, y se reducen las multas por la tenencia de drogas. También se establecen nuevos protocolos para el uso de material antidisturbios y se restringen los registros policiales sin indicios claros.
Enrique Santiago, portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, celebró el acuerdo afirmando: «Se atiende el clamor por derogar las liberticidas reformas del PP en 2015». Además, Santiago destacó que el acuerdo «retoma los amplios consensos parlamentarios anteriores», lo que refuerza la legitimidad del pacto alcanzado.
Este acuerdo, que ha estado en negociaciones durante años, marca un avance significativo hacia un marco legal más respetuoso de los derechos civiles y humanos. Se destaca la reducción de las multas económicas para personas con menor capacidad adquisitiva y la protección explícita a los periodistas que cubren intervenciones policiales, una medida que busca salvaguardar la libertad de prensa.
Entre otros logros del acuerdo, se pone fin a las multas impuestas a las trabajadoras sexuales en la vía pública (no así a los clientes). Asimismo, se eliminan sanciones injustificadas como el exhibicionismo, y se limita la penalización por consumo de alcohol en espacios públicos.
En cuanto a los próximos pasos, Santiago, también portavoz parlamentario de Izquierda Unida, señaló que se trabajará hacia «la derogación de los delitos de libertad de expresión para seguir democratizando el Estado», en el marco del Plan de Acción Democrática anunciado por el presidente Pedro Sánchez.
Además, según el acuerdo, se introduce un enfoque de mediación y conciliación, particularmente para menores de edad, lo que permite abordar infracciones de manera más pedagógica y vinculada a los servicios a la comunidad. El régimen especial de Ceuta y Melilla también se verá reformado en un plazo de seis meses, para garantizar el respeto a los derechos de los migrantes que cruzan estas fronteras y eliminar las llamadas «devoluciones en caliente»..
La reforma refuerza el derecho a la protesta pública, permitiendo la celebración de manifestaciones pacíficas sin la necesidad de notificar previamente a las autoridades, lo que asegura la protección de protestas espontáneas frente a hechos urgentes, sin temor a represalias. Por primera vez, la ley regula el uso de material antidisturbios, ordenando la progresiva eliminación de las pelotas de goma y su sustitución por materiales menos lesivos. Se implementarán protocolos que se alinean con estándares internacionales de derechos humanos para minimizar el uso de la fuerza y proteger la seguridad de los manifestantes.
Además, las sanciones relacionadas con la tenencia de drogas y el consumo de alcohol en espacios públicos se suavizan, reduciendo las multas. Infracciones relacionadas con el cultivo de cannabis, visibles al público, pasan de ser graves a leves, con sanciones que varían entre 100 y 500 euros. Se aplicará un criterio de proporcionalidad en función de la capacidad económica del infractor, lo que introduce un enfoque pionero en la legislación española.
Este acuerdo promete ser un paso clave hacia una mayor protección de los derechos civiles, ya que según fuentes parlamentarias, habría mayoría suficiente para sacar adelante la reforma.
