El Gobierno ha activado un «escudo» de protección para los trabajadores afectados por las devastadoras inundaciones que han azotado recientemente a la Comunidad Valenciana. En una reunión con los agentes sociales de la región, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha desgranado las medidas que se pondrán en marcha para salvaguardar los derechos laborales de las personas que se han visto obligadas a ausentarse de sus puestos de trabajo.
Entre las principales iniciativas destacan los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) por fuerza mayor, que no conllevarán periodo de carencia ni consumirán el desempleo de los trabajadores. Asimismo, las empresas tendrán la obligación de mantener el empleo durante este periodo.
Además, se restablecerá el ‘plan Me Cuida’ que se aplicó durante la pandemia de COVID-19, permitiendo a los trabajadores adaptar su jornada laboral, incluyendo la reducción al 100%, para poder atender sus responsabilidades familiares. Las cotizaciones de los empresarios durante este periodo serán las mismas que en la etapa anterior.

Díaz ha enfatizado que «nadie va a perder derechos, ni salarios ni cotizaciones», y ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que «no tengan miedo» ya que se van a desplegar todos los mecanismos necesarios para protegerlos, independientemente de su ubicación geográfica.
La vicepresidenta ha subrayado que estar limpiando lodo, buscando a un familiar desaparecido o pasar por un duelo son causas justificadas para ausentarse del puesto de trabajo, y ha advertido que la Inspección de Trabajo actuará «con toda contundencia» si no se cumplen estas medidas.
Por su parte, el consejero de Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha anunciado que se destinará personal de los servicios públicos de empleo y de la dirección general de Trabajo para asistir a los ayuntamientos afectados en la tramitación de los ERTE.
Los agentes sociales, tanto sindicatos como organizaciones empresariales, han acogido positivamente estas iniciativas y han solicitado celeridad en su implementación, así como mecanismos de control para evitar posibles abusos.







