El grupo parlamentario de Sumar ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una ambiciosa propuesta legislativa: la Ley Integral de Barrios Vulnerables. Este proyecto, impulsado desde la oficina parlamentaria de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, busca establecer un «Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social» destinado a revitalizar las barriadas más desfavorecidas del país, que en su mayoría se encuentran en esta comunidad autónoma.
Francisco Sierra y Engracia Rivera, diputados por Sevilla y principales impulsores de la norma, explicaron que la ley es el resultado de meses de trabajo conjunto con colectivos vecinales, sindicatos y organizaciones sociales. «Esta iniciativa cuenta con un amplio apoyo del movimiento vecinal y busca dar respuesta a una situación extrema que no puede seguir ignorándose», declararon.
El texto de la ley no especifica cantidades concretas, pero establece que el fondo deberá financiarse anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con posibilidad de complementarse con aportaciones autonómicas, europeas u otras fuentes. Las ayudas se destinarán a municipios que presenten proyectos para transformar sus barrios vulnerables en un plazo máximo de cinco a ocho años.
Según el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, cuyos datos más recientes deben actualizarse, España cuenta con numerosas áreas que cumplen con los criterios de segregación y marginación social, económica y ambiental que la ley pretende combatir.
El contexto andaluz, motor de esta iniciativa, es particularmente alarmante. Según el informe Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), diez de los quince barrios más pobres de España están en esta región. Además, más del 57% de su población no llega a fin de mes, y un tercio vive en riesgo de exclusión social.
La pobreza afecta directamente a la calidad de vida: la esperanza de vida en Andalucía varía hasta nueve años entre barrios ricos y pobres, un dato que la ONG califica de «tremendamente alarmante».
Desde Sumar confían en que las fuerzas parlamentarias de la mayoría del Congreso respalden esta propuesta, que Sierra califica como una cuestión de «justicia histórica y necesidad social». El reto ahora será convertir esta norma en un instrumento efectivo para garantizar derechos fundamentales y reducir la desigualdad en los barrios más desfavorecidos del país.
