El Congreso ha aprobado un nuevo proyecto de ley que impone un impuesto complementario a multinacionales y grupos nacionales grandes, además de gravámenes sobre entidades financieras y productos de tabaco. Es una indudable buena noticia.
El texto aprobado traspone una Directiva de la UE que establece un impuesto complementario para garantizar que los grupos de gran magnitud o las multinacionales tributen “a un tipo mínimo global del 15 por ciento” para que cuando el tipo impositivo efectivo de estos grupos empresariales sea inferior, se recaudará un impuesto adicional. Y eso es lo que ahora ocurrirá. Hablamos de grandes grupos empresariales cuya cifra de negocios consolidado sea igual o superior a 750 millones de euros. La aplicación de la norma permitirá recaudar 7.500 millones más, que hoy se pierden en paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Y hará que los grandes grupos nacionales contribuyan más.
26 empresas multinacionales españolas con 25.494 millones de beneficio pagaron un 2,9% de impuesto de sociedades a nivel mundial en 2021. Si cobraste el salario más habitual (1.321€ al mes), tributaste un 10,5% por IRPF
Y es que, la propia Agencia Tributaria ha informado que 26 empresas multinacionales españolas con 25.494 millones de beneficio pagaron un 2,9% de impuesto de sociedades a nivel mundial en 2021. Si cobraste el salario más habitual (1.321€ al mes), tributaste un 10,5% por IRPF. Es evidente que hacía falta que contribuyesen más. Que las grandes empresas tengan una tributación efectiva muy por debajo del promedio es muy injusto y no es una casualidad. Es el resultado de normativa fiscal que las favorece y que vulnera el más mínimo principio de progresividad que constitucionalmente debería cumplirse.
Además, la ley modifica el IRPF para hacer tributar más por las rentas del capital mobiliario que pasarán del 28% al 30%, solucionará la reforma fallida del impuesto sobre sociedades que hizo Montoro y que tumbó el Constitucional, y aumenta la carga tributaria al tabaco, en concreto a las empresas que comercializan vapeadores y bolsas de nicotina. Se incluirán también medidas para evitar el fraude en el IVA de las empresas de hidrocarburos y se rebajarán en los impuestos a las pymes que facturen, como máximo, 10 millones de euros. Y es que, la injusticia de nuestro sistema tributario también se demuestra cuando se ve el tipo efectivo del impuesto de sociedades. En 2022 era el 16,1% para las pequeñas empresas y el 4,9% para las grandes empresas de más de 5.000 trabajadores.
Esta ley sigue los pasos anteriormente dados por parte del gobierno de coalición. En 2023 hemos recaudado 3,6 puntos sobre el PIB más que el último gobierno del PP. Hoy el sistema es más progresivo. Y gracias a eso, también gastamos 4,6 puntos más que el PP que han ido destinados a ensanchar derechos y a multiplicar políticas públicas. 161 mil millones más de ingresos obtuvo el Gobierno de Coalición en 2023 que los recaudados por el del PP, un 34% más. 183 mil millones más de gasto e inversión ejecutó el Gobierno de Coalición en 2023 que el del PP, un 37% más.
Es evidente que hace falta mucho más, pero nuestra contribución, la de IU y la del resto de la izquierda transformadora ha hecho posibles avances incuestionables
Es evidente que hace falta mucho más, pero nuestra contribución, la de IU y la del resto de la izquierda transformadora ha hecho posibles avances incuestionables. Eso sí, este paso adelante es muy positivo.
Pero como país, nos quedamos cortos. Porque no se ha podido incluir el impuesto a las energéticas, aunque se ha acordado crear una comisión negociadora para impulsar un proyecto de ley que convierta en permanente el actual gravamen. Tampoco ha habido mayoría parlamentaria para terminar con las ventajas fiscales para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), para aumentar la carga impositiva a los seguros privados, ni para subir el IVA a los pisos turísticos o para que salga aprobado el impuesto al lujo para gravar los yates privados o los coches de alta gama.
Sin embargo, aunque no tenemos actualmente mayoría en el Congreso para aprobar una profunda reforma fiscal, todo hace pensar que esa mayoría sí que existe en nuestra sociedad. Según datos recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para cerca de ocho de cada diez españoles (78,2%) consideran que no paga más quien más tiene, es decir, que los ricos no pagan más impuestos como deberían. Además, el 70,2% de las personas entrevistadas tienen una opinión muy positiva sobre los tributos ya que consideran que los impuestos o son necesarios para redistribuir la riqueza en la sociedad o que son esenciales para la prestación de servicios públicos y el 64,7% piensa que los impuestos deberían recaudarse sobre todo por impuestos directos relacionados con la renta y la riqueza y no con impuestos indirectos. Por si no fuese poco todo lo anterior, casi el 90% de los españoles considera además que en España se da “mucho” o “bastante” fraude fiscal y algo menos, un 81,7% expone que estafar a Hacienda en la declaración de impuestos es equiparable a “engañar al resto de ciudadanos”.
Si España hubiese recaudado durante este período el 40,5% del PIB como la media de la eurozona, se habrían obtenido 1,4 billones de euros adicionales, un 18% más
Y es que, incluso con este paso adelante, el sistema tributario seguirá adoleciendo de insuficiencia de ingresos, de falta de equidad y continuará sufriendo elusión y fraude por encima de la media de los países desarrollados. Que aspiremos a mejores políticas públicas en salud, educación, atención a nuestros mayores, garantizar el empleo y hacer una transición ecológica dependen de que seamos capaces de avanzar hacia un modelo fiscal más justo. El análisis de las dos últimas décadas muestra que hay 6,1 puntos porcentuales de diferencia promedio en la presión fiscal con respecto a la Eurozona. Si España hubiese recaudado durante este período el 40,5% del PIB como la media de la eurozona, se habrían obtenido 1,4 billones de euros adicionales, un 18% más. En definitiva, es evidente que se recauda en nuestro país muy por debajo de lo que se debería, y esta situación es crónica. El pellizco que esta nueva ley supone solo alcanza la décima parte de la brecha anual de recaudación que seguimos teniendo con respecto al promedio de la Eurozona. Más allá de números, esto se traduce en políticas concretas. No son palabras vacías. El coste tributario de las medidas para rebajar el impuesto de sociedades le ha salido carísimo a la clase trabajadora. Si este tributo hubiese seguido recaudando lo mismo en relación con el PIB que antes de 2007, habríamos recaudado 212.000 millones más de ese año hasta 2023. Solo con ese importe tendríamos para financiar 75 años de prestaciones de Ingreso Mínimo Vital.
Por eso nuestra obligación debe seguir siendo luchar por una profunda reforma fiscal que debe hacer pagar más a quienes más tienen.
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POLÍTICAS CONCRETAS
Que pague más el que más tiene supone incrementar la tributación en los tramos superiores de renta en el IRPF y equiparar las rentas del capital mobiliario a las del trabajo. Por supuesto es imprescindible acercar el tipo efectivo al nominal en el impuesto sobre sociedades para reducir las enormes cifras de deducciones de las que se benefician casi en exclusiva las grandes corporaciones. También hay que eliminar las exenciones fiscales en el IVA a la educación y la sanidad privada. Por supuesto avanzar hacia la equidad fiscal pasa por extender el cobro del impuesto de transacciones financieras y gravar con un 0,3% a quienes especulan con divisas, derivados y deuda y aprobar un impuesto a las grandes herencias de más de un millón de euros. Por último y no menos importante, también hay que avanzar de una forma decidida hacia la redefinición del amplio catálogo de impuestos medioambientales del país para reflejar, en parte, los costes ambientales de ciertas actividades económicas con fuerte impacto, y dar así una señal en el precio de los productos derivados, desestimulando su consumo frente a alternativas más respetuosas. Aquí no se trata de recaudar, sino de avanzar hacia una economía que no tenga como único objetivo el crecimiento económico, olvidando la naturaleza de la producción que genera ese crecimiento. Para mitigar la regresividad que iría asociada a la tributación del carbono o a la eliminación de exenciones a la tributación de hidrocarburos, se adoptarían medidas que reduzcan o prácticamente eliminen los efectos sobre las rentas más bajas, de forma que la transición energética y la lucha contra el cambio climático sea justa, igualitaria y equitativa.
Todo lo anterior, junto a una lucha decidida contra la elusión y el fraude fiscal conseguiría recaudar anualmente más de 90.000 millones de euros, seis puntos porcentuales más sobre el PIB que en la actualidad.
Imagina el país que podríamos tener y todo lo que se podría hacer en salud, educación, atención a nuestros mayores, transición ecológica, garantizar empleo y desarrollo de un verdadero sistema estatal de cuidados.
Vamos a ello.
