Hacia un sistema tributario más equitativo

El Congreso aprueba la ley que establece un impuesto complementario a las multinacionales y nacionales de gran magnitud

También aprueba el impuesto a la banca y el compromiso de prorrogar el de las energéticas

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El Congreso aprobó un nuevo proyecto de ley que impone un impuesto complementario a multinacionales y grupos nacionales grandes, además de gravámenes sobre entidades financieras y productos de tabaco. La ley busca asegurar un tipo mínimo de tributación del 15% y se espera que genere 7.500 millones de euros, mejorando la justicia fiscal.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley por el que se establece un impuesto complementario para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, por 178 votos a favor y 171 en contra. Aprobado por el Congreso, se remite ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

El texto aprobado traspone la Directiva de la Unión Europea 2022/2523, que establece un impuesto complementario para garantizar que los grupos de gran magnitud o las multinacionales tributen “a un tipo mínimo global del 15 por ciento”. Según la normativa europea, “cuando el tipo impositivo efectivo” de estos grupos empresariales “sea inferior al 15 por ciento, se recaudará un impuesto adicional”, y permite a los Estados miembros “aplicar un impuesto complementario nacional que grave a las entidades que radiquen en su territorio”.

La ley especifica que el impuesto complementario “solo se aplica a las entidades radicadas en territorio español” que sean miembros de multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud “cuyo importe neto de la cifra de negocios consolidado sea igual o superior a 750 millones de euros en, al menos, dos de los cuatro períodos impositivos anteriores al inicio del periodo impositivo”.

La aplicación de la norma permitirá recaudar 7.500 millones más, que hoy se pierden en paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Y hará que los grandes grupos nacionales contribuyan más. Esta norma debe terminar con el hecho de que las grandes empresas, que son las que más beneficios obtienen de la sociedad, sean las que menos contribuyan a su sostenimiento, avanzando así en el cierre de la brecha con Europa en el nivel de contribución fiscal que está entre 4 y 5 puntos por debajo de la media.

El paquete fiscal también puntúa alto en la mejora de la eficacia de nuestro sistema impositivo: (1) arregla la reforma del impuesto sobre sociedades que el ministro Montoro hizo mal y el Constitucional tumbó; (2) promueve la salud pública elevando los impuestos al tabaco y vapeadores; (3) combate el fraude en las gasolineras y (4) mejora la fiscalidad de las cooperativas.

Como se destaca desde el GP Sumar, estos nuevos recursos son necesarios para seguir ampliando las políticas sociales y el Estado del Bienestar e impulsando el progreso del país mediante la transición verde y la revolución digital.

Debe también reseñarse que con esta nueva ley se avanza hacía un sistema tributario más justo y progresivo: (1) elevando la tributación de los rendimientos del capital en el IRPF; (2) moderando la contribución de los ingresos inestables de los artistas también en el IRPF; (3) manteniendo el impuesto a la banca y no renunciando a gravar a las energéticas, que tienen que contribuir para compensar las terribles consecuencias negativas de su contaminación (DANA).

En todo caso, y como ha destacado el GP SUMAR,  tampoco se debe renunciar a seguir impulsando impuestos que graven a los que más tienen como: (1) el impuesto a las grandes herencias, que termine con el dumping fiscal de algunas CC.AA.; (2) a los bienes de lujo (yates, jets privados, …), a los seguros médicos privados o a la enseñanza privada (IVA), asi como nuevas reformas que faciliten el acceso a la vivienda, gravando con IVA los pisos turísticos y eliminando los privilegios de las SOCIMIs, que no han servido para bajar los precios de la vivienda o locales comerciales.

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