Marga Ferrer, responsable del Área de Elaboración Política y Programa de Izquierda Unida, presentó el panel dedicado a los derechos, a democracia con derechos, a profundizar en la democracia dentro del acto de presentación de la Convocatoria por la Democracia. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la vivienda “que ha estado permanentemente vulnerado”. El “pecado original”, expuso Alejandra Jacinto, abogada de CAES y referente de la lucha por el derecho a la vivienda, es que ese derecho no está reconocido como derecho fundamental en la Constitución, “y de eso se aprovechan el rentismo especulativo y la patronal inmobiliaria”. Esa falta de reconocimiento libera a la administración pública de obligaciones materiales para garantizar su cumplimiento y que sea un derecho exigible y justiciable como puede ser la vivienda. Por eso, expuso, “es el momento de debatir si lo que hace falta es una reforma constitucional, no sólo para garantizar la vivienda como derecho fundamental, sino para hacerlo también con el derecho ecoambiental, el derecho a la salud, etc, y que esos derechos estén protegidos y puedan así ser justiciables.
Jacinto explicó cómo las viviendas se han ido privatizando en las últimas décadas. También arremetió contra la falacia de la ineficacia de la intervención en la materia: “no hay algo más intervenido que el acceso a la vivienda, pero está intervenido a favor del lobby especulativo y la patronal inmobiliaria”. El horizonte al que apuntar, explicó, es un parque público de vivienda para salir de esta situación.
Buñol es una de las 78 poblaciones afectadas por la DANA. Su exalcalde y responsable de política municipal de IU, Rafael Pérez, habló de la necesidad de tener unos servicios públicos robustos como pilar fundamental del Estado de bienestar. Algo de todo el mundo se acuerda cuando lo necesita, como se ha visto con la DANA. “Nos va la vida en la defensa de los servicios públicos”, resumió. Y habló de esos servicios a través de la política municipal. Unos servicios públicos de calidad y gratuitos que se presten fundamentalmente a través de los ayuntamientos que son las instituciones de proximidad, “el baluarte social” que articula los recursos y que es responsable de muchos servicios que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, desde el transporte a la gestión de los residuos, infraestructura educativa y sanitaria, limpieza de parques y jardines, bibliotecas públicas, escuelas infantiles, actividades culturales, salud mental, gestión de agua y vivienda social. Lo peor del problema al que se enfrentan los ayuntamientos, denunció Rafael Pérez, es la insuficiente y desequilibrada financiación que reciben. Y responsabilizo de ello a la ley Montoro de 2013: “11 años después lo único que ha cambiado es una letra, la “e” de Montero en lugar de la “o” de Montoro”.
El 17% de la clase trabajadora son migrantes, recordó Erik Guerrero, miembro de Frente Migrante. Agradeció tanto la invitación a participar en este proceso de Convocatoria por la Democracia, como criticó la falta de representatividad, reconocimiento y voz que sufren en diferentes contextos. También criticó la invitación que les hicieron en el primer ciclo de cambio en el que hablaban por ellos pero sin ellos, reivindicando una mayor participación como se ha hecho ahora. Guerrero denunció la utilización que hace de ellos la extrema derecha para crecer a su costa e invitó a la izquierda presente en el acto a trabajar juntos “utilizando la diversidad étnica racial para jalar los frenos de la historia”. Insistió: “La composición de España es también étnica y racial, no sólo territorial”.
Amaya Olivas, jueza de lo social y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia reivindicó la justicia como servicio público. Habló de cómo la Justicia, que debería ser uno de los pilares del sistema democrático, está siendo utilizado para atacar los pilares de la democracia. Lo que estamos viviendo, dijo, “es casi un golpe de Estado” con una casta corporativa al frente del poder judicial y con las togas manifestándose contra la ley de amnistía y el gobierno. Se remitió a las raíces franquistas. Y más allá aún, a aquellos jueces retrógrados que en la II República intentaban paralizar la reforma agraria y la ley del divorcio, haciendo un paralelismo con la situación actual. Detalló cómo debía ser la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial, recordando la iniciativa al respecto del PCE y de IU, y recordó que “los jueces están para proteger los derechos de la gente”.
Javier Muñoz, representante del Consejo de la Juventud de España, recordó la situación “insoportable” de precariedad de los y las jóvenes y lamentó la edad media de emancipación en este país esté en los 30 años. Por debajo de esa edad sólo se ha emancipado el 17% de la juventud. “El sistema ha fallado. Trabajamos, estudiamos y no conseguimos desarrollarnos, tener un hogar familiar y un proyecto vital”. Muñoz equiparó democracia a emancipación, a derechos, y a igualdad de oportunidades. Reivindicó la participación real de la juventud.
Ese fue el final de este arranque de la Convocatoria por la Democracia en la que participaron y se interpeló al movimiento asociativo, vecinal, ecologista, feminista, las AMPAS, los sindicatos, las mareas, etc. entre otros colectivos del tejido social que se dieron cita el pasado 23 de noviembre para trabajar juntos en cómo profundizar en democracia.
