La Justicia ha dejado en libertad provisional a diez de los detenidos en la operación policial contra Núcleo Nacional, aunque todos ellos deberán cumplir medidas cautelares mientras continúa la investigación. La magistrada ha acordado la retirada de sus pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, todos los viernes.
La decisión se produce después de que los diez arrestados fueran puestos a disposición judicial este domingo en Gijón. La Fiscalía había solicitado estas medidas para evitar que los investigados pudieran abandonar el país mientras se desarrollan las diligencias. La puesta en libertad no supone, por tanto, el archivo de la causa ni una resolución sobre su responsabilidad en los hechos investigados.
La operación, desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se saldó con catorce detenciones y diez registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. Los arrestos afectaron a diferentes niveles de la estructura de Núcleo Nacional, incluidos varios de sus principales responsables.
Entre los detenidos se encuentran Iván Rico, portavoz y principal dirigente de la organización; su hermano David Rico, vinculado a las tareas de propaganda y comunicación digital; Isabel Peralta, una de las principales figuras públicas e ideólogas del grupo; Enrique Lemus, antiguo dirigente de Democracia Nacional y responsable de su proyección política; y Alberto Pugilato, nombre con el que se conoce al cantante Alberto Gonzalo de Juan. Este último fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de odio relacionado con las letras racistas de su grupo musical.
Una investigación originada en las agresiones de Gijón
La investigación judicial tiene su origen en unos altercados ocurridos en febrero de este año en las inmediaciones del colegio jesuita La Inmaculada, en Gijón. Los hechos se produjeron durante una concentración convocada por Núcleo Nacional contra la retirada del monumento a los Héroes del Simancas, un conjunto escultórico vinculado a la dictadura franquista cuya eliminación había vuelto a tramitar el Gobierno asturiano en aplicación de la legislación de memoria democrática.
Durante aquellos incidentes, varios jóvenes denunciaron haber sufrido agresiones. Las diligencias iniciales partieron de la Fiscalía de Menores y acabaron dando lugar a una investigación policial y judicial de mayor alcance. A los integrantes de la organización se les atribuyen posibles delitos de incitación al odio y asociación ilícita. La tenencia ilícita de armas figuró también entre los delitos investigados en el marco de la operación policial, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
La investigación ha puesto el foco en la estructura organizativa de un grupo que ha ido ampliando su presencia pública desde finales de 2023. Núcleo Nacional comenzó a adquirir notoriedad durante las movilizaciones de grupos ultras contra la ley de amnistía y frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Desde entonces, ha desarrollado una actividad basada en la propaganda digital, las convocatorias callejeras y la captación de nuevos integrantes, con un discurso abiertamente racista, xenófobo y de exaltación del fascismo.
De las movilizaciones ultras a la construcción de una estructura política
La organización se inscribió como asociación en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior en agosto de 2024. Posteriormente, en febrero de 2026, dio el salto al registro de partidos políticos bajo la denominación de Noviembre Nacional, con sede en Valladolid y Enrique Lemus como presidente. Esta doble estructura le ha permitido combinar su actividad asociativa con una proyección política formal.
Entre sus principales portavoces destaca Isabel Peralta, procedente de Bastión Frontal, otra organización juvenil fascista. Peralta fue condenada a un año de prisión por un delito de odio tras pronunciar un discurso contra la población marroquí frente a la Embajada de Marruecos en 2021. También ha protagonizado numerosas intervenciones públicas y vídeos propagandísticos de Núcleo Nacional. Por su parte, Iván Rico se ha convertido en uno de los principales rostros del grupo, especialmente a través de las redes sociales, donde ha difundido contenidos supremacistas y neonazis.
La actividad de la organización no se ha limitado al ámbito estatal. Núcleo Nacional había preparado para este sábado una movilización en Madrid, desde la plaza de España hasta la sede del PSOE en Ferraz, coincidiendo con el tercer aniversario de las protestas contra la amnistía. La convocatoria contemplaba la participación de organizaciones ultras y neonazis de distintos países europeos y Estados Unidos, entre ellas Patriot Front, de Estados Unidos; Honor et Patria, de Rumanía; Junge Nationalisten, de Alemania; y Légió Hungária, de Hungría. La manifestación fue finalmente cancelada tras las detenciones.
En los últimos meses, el grupo también había protagonizado otras actuaciones públicas. En marzo, diez personas vinculadas a la organización fueron detenidas en Madrid por desórdenes públicos durante las movilizaciones del Día Internacional de las Mujeres. En agosto, integrantes de Núcleo Nacional se desplazaron a Ceuta durante la crisis migratoria para participar, según sus propias palabras, en la «defensa activa de la ciudad frente a la invasión». La operación policial ha alcanzado así a buena parte de la dirección de una organización que había pasado de las movilizaciones ultras a construir una estructura con implantación territorial, presencia digital y aspiraciones de representación política. La puesta en libertad provisional de los diez detenidos no pone fin a la investigación sobre su actividad ni sobre los hechos que motivaron las detenciones.
Dos varas de medir frente a la movilización política
La puesta en libertad de los integrantes de Núcleo Nacional vuelve a poner sobre la mesa el trato desigual que reciben las distintas expresiones de movilización política y social en el Estado español. Mientras organizaciones de extrema derecha pueden desarrollar su actividad pública, organizar concentraciones y construir estructuras políticas, la historia reciente ofrece numerosos ejemplos de actuaciones policiales y judiciales especialmente severas contra movimientos antifascistas y sectores de la izquierda.
Uno de los casos más conocidos es el de los seis de Zaragoza, jóvenes detenidos tras una protesta antifascista contra un mitin de Vox en 2019. Cuatro de ellos ingresaron en prisión en abril de 2024 para cumplir condenas de cuatro años y nueve meses por delitos relacionados con los disturbios y las agresiones a agentes policiales. El caso generó una amplia campaña de solidaridad y volvió a abrir el debate sobre la proporcionalidad de las penas y el derecho de manifestación.
También resulta imposible desligar este debate de la trayectoria de la izquierda abertzale. La aplicación de la Ley de Partidos de 2002 desembocó en 2003 en la ilegalización y disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, con la consiguiente persecución de sus estructuras políticas. Un proceso que marcó durante años el tratamiento institucional de una parte importante del movimiento político y social vasco.
Estos antecedentes permiten plantear una cuestión de fondo: ¿por qué la respuesta del Estado ha sido históricamente tan contundente frente a determinadas expresiones de movilización política, mientras organizaciones que difunden abiertamente discursos neonazis y supremacistas siguen encontrando espacios para organizarse y actuar públicamente?
La puesta en libertad provisional de los diez detenidos no pone fin a la investigación sobre Núcleo Nacional, pero sí vuelve a situar en el centro del debate la respuesta institucional frente al crecimiento y la actividad de la extrema derecha.
