El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, ha llevado a los tribunales a la Comunidad de Madrid por su negativa a declarar el municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado, una medida contemplada en la Ley de Vivienda que permitiría regular los precios del alquiler y aliviar la presión sobre las familias.
El recurso contencioso-administrativo, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), denuncia la “inactividad” de la Comunidad en la aplicación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. “No puede decidir qué leyes aplica y cuáles no. Su inacción en materia de vivienda perjudica gravemente a las familias de Rivas”, ha declarado la alcaldesa Aída Castillejo.
Rivas cumple con los requisitos legales para ser declarada zona tensionada, ya que el precio del alquiler ha crecido de forma sostenida en los últimos años, afectando especialmente a jóvenes y familias trabajadoras. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha bloqueado esta posibilidad, alegando que la aplicación de esta medida es “potestativa” y no obligatoria.
Desde el Ayuntamiento de Rivas denuncian que la Consejería de Vivienda ha ignorado los requerimientos formales enviados en diciembre, lo que ha obligado al municipio a recurrir a la vía judicial para hacer valer el derecho a una vivienda digna.
Mientras el Ayuntamiento de Rivas apuesta por la intervención pública para garantizar precios accesibles, el Partido Popular mantiene su rechazo frontal a la Ley de Vivienda y defiende que la solución pasa por la construcción de más inmuebles. Sin embargo, desde el consistorio ripense señalan que esta estrategia es insuficiente y que se necesitan medidas urgentes para frenar la especulación inmobiliaria.
Ante la negativa del Gobierno regional a aplicar la ley, Rivas ha dado el primer paso legal para forzar una solución. Además, el Ayuntamiento reclama la convocatoria de nuevas ayudas para aumentar el parque público de vivienda en alquiler y garantizar el acceso a un hogar digno a toda la ciudadanía.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid sigue sin dar respuesta a las familias afectadas, perpetuando un modelo que beneficia a los grandes tenedores y especuladores en detrimento del derecho a la vivienda.
