La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, amplía la cobertura del IMV, flexibiliza requisitos y crea un complemento especial para familias con menores.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha presentado una propuesta de reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que supone un importante avance en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en España. La modificación de la Ley 19/2021 introduce cambios clave para facilitar el acceso a esta prestación, fortalecer la protección a la infancia y garantizar una gestión más ágil y equitativa.
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la creación del Complemento de Ayuda para la Infancia, una prestación adicional para unidades de convivencia con menores a cargo, que no requerirá haber solicitado previamente el IMV. Este cambio busca aliviar la carga económica de las familias con menores en situación de vulnerabilidad, asegurando un apoyo directo y sin trabas burocráticas.
Además, la reforma amplía la definición de unidad de convivencia, permitiendo que más hogares accedan a la prestación, y elimina restricciones previas que dificultaban su concesión. Se establece, por ejemplo, que podrán solicitar el IMV las personas mayores de 18 años que vivan solas, sin necesidad de demostrar una independencia económica previa. También se flexibilizan los criterios sobre patrimonio, excluyendo del cómputo la deuda por la vivienda habitual y las propiedades compartidas, lo que evita que familias con pocos ingresos sean penalizadas por poseer activos de escaso valor.
Otro de los cambios significativos es la mejora en la gestión del IMV: la cuantía de la prestación se revisará y actualizará de forma automática, reduciendo la incertidumbre y el papeleo para los beneficiarios. Asimismo, se eliminan ciertas disposiciones que podían generar situaciones de injusticia, como la obligación de devolver ayudas cuando variaban los ingresos.
La reforma también introduce medidas específicas para situaciones de emergencia, permitiendo que las ayudas económicas de urgencia sean más accesibles y reconocidas como prestaciones básicas, sin el marco restrictivo de las subvenciones. De este modo, se otorga mayor margen a las comunidades autónomas para atender a las personas en riesgo de exclusión.
Este paquete de medidas refuerza el carácter progresista del IMV y responde a una demanda histórica de las organizaciones sociales, que venían reclamando mayor flexibilidad y justicia en el acceso a esta prestación. La propuesta se alinea con la visión del Ministerio de Bustinduy de construir un Estado del bienestar más robusto, garantizando que nadie quede atrás en tiempos de crisis.
Ahora, la propuesta deberá tramitarse en el Parlamento, donde el Gobierno espera recabar apoyos para consolidar estos avances y seguir ampliando la protección social en España.
