Debate sobre la reducción de la jornada laboral

Sumar propone reducir la jornada de los funcionarios del Estado a 35 horas semanales

La formación registra una enmienda a la ley de Función Pública para recuperar el horario previo a los recortes de 2011

Sumar ha presentado una enmienda para reducir la jornada laboral de los funcionarios del Estado de 37,5 a 35 horas semanales, alineándose con la propuesta del Gobierno de España. La medida, que afectaría a unos 500,000 empleados públicos, requiere apoyo parlamentario y la negociación política es esencial para su avance.

Sumar ha presentado una enmienda a la ley de Función Pública con el objetivo de reducir la jornada laboral de los funcionarios del Estado de 37,5 a 35 horas semanales. Esta medida se enmarca en el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo en España y coincide con la propuesta del Gobierno de rebajar la jornada ordinaria máxima del Estatuto de los Trabajadores de 40 a 37,5 horas semanales.

Según el texto registrado, “la jornada general de trabajo de la Administración del Estado no superará las 35 horas semanales y será fijada por el departamento ministerial competente en materia de función pública, previa negociación con las organizaciones sindicales”. Sumar argumenta que este compromiso ya quedó recogido en el Acuerdo Marco para una administración del Siglo XXI, aprobado en 2022, y recuerda que la ampliación de la jornada a 37,5 horas fue una medida de austeridad impuesta en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Una medida que afectaría a medio millón de empleados públicos

Actualmente, la jornada media de los empleados de la Administración pública ronda las 35,9 horas semanales, según los datos del Ministerio de Trabajo. Mientras que buena parte de los funcionarios autonómicos y municipales ya trabajan en torno a las 35 horas, el cambio afectaría principalmente a los cerca de 500.000 empleados de la Administración General del Estado.

En términos más amplios, la jornada pactada media de los trabajadores en España —incluyendo al sector privado— es de 38,3 horas semanales. De aprobarse la reducción a 37,5 horas en el Estatuto de los Trabajadores, el 86,5% de los asalariados bajo convenio colectivo se vería beneficiado por la medida.

El futuro de la propuesta depende del respaldo parlamentario. Mientras el Gobierno busca apoyos para su iniciativa de reducción de jornada en el sector privado, el éxito de la medida en el sector público también está sujeto a la negociación política. En este sentido, la posición de Junts, partido clave en la mayoría gubernamental, será determinante para el avance de la iniciativa.

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