El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal salió de la casa en la que había vivido durante siete décadas. Tenía 87 años. La comisión judicial ejecutó finalmente el desahucio después de varios aplazamientos y de semanas de movilización para intentar evitarlo. Salió del edificio en una camilla. Su caso había concentrado durante días la atención de las organizaciones de vivienda, pero aquel miércoles dejó de ser solamente el caso de una mujer mayor a punto de perder su casa. Se convirtió en el rostro de un problema mucho más amplio.
En cuestión de horas, la reacción saltó de las redes a la calle. El Sindicato de Inquilinas convocó concentraciones en distintas ciudades y miles de personas acudieron a protestar. En Madrid, unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron frente a un edificio adquirido por la Comunidad de Madrid reclamando una solución para Maricarmen. Hubo movilizaciones también en Barcelona, Valencia, Sevilla, Toledo, Guadalajara, Ávila, Cádiz, Málaga y Palma.
Lo que ocurrió después fue más rápido de lo habitual en un movimiento social. La protesta no se apagó con el desahucio. Creció.
El caso de Maricarmen condensaba algunas de las preguntas que llevaban años acumulándose en torno a la vivienda: qué ocurre cuando una vivienda pasa de ser un hogar a convertirse en un activo, qué capacidad tiene un inquilino para defender su casa frente a un propietario con más recursos y qué sucede cuando el precio de la vivienda crece mucho más rápido que los ingresos.
Su historia tenía además un elemento especialmente difícil de ignorar. La vivienda en la que llevaba viviendo desde 1956 había cambiado de manos y terminado en manos de una empresa dedicada a la gestión de inversiones inmobiliarias. El alquiler que pagaba, de unos 500 euros, llegó a plantearse en 2.650 euros. El movimiento de vivienda consiguió convertir esto en una pregunta colectiva: ¿cuántas Maricarmen hay y qué tendría que cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La respuesta tomó forma rápidamente en las calles. El Sindicato de Inquilinas comenzó a reclamar un llamado «decreto Maricarmen» con medidas que fueran más allá de una solución puntual: renovación de los contratos, cambios en la regulación de los alquileres, protección frente a las subidas de renta y garantías para impedir desahucios sin alternativa habitacional.
De la manifestación a la acampada
El sábado siguiente, una multitud volvió a recorrer Madrid. Y cuando terminó la manifestación, una parte de quienes habían participado decidió no marcharse.
La Puerta del Sol se convirtió en un campamento. Lo que inicialmente eran unos cientos de personas fue creciendo durante los días siguientes hasta superar el millar. Aparecieron tiendas, espacios de reunión, comisiones y actividades. La plaza dejó de ser solamente el lugar de paso de una manifestación para convertirse en un espacio permanente de organización y debate.
La imagen tenía ecos de otras movilizaciones recientes, especialmente del 15M, pero el contenido era diferente y también lo era el momento. La acampada no nacía de una crisis política abstracta, sino de algo mucho más cotidiano: la dificultad para encontrar una casa, pagar un alquiler o conservar la que ya se tiene.
Las acampadas y protestas empezaron a reproducirse en otras ciudades. En Palma, por ejemplo, la movilización se prolongó durante varios días; en Bilbao y en Sevilla se instalaron acampadas y en distintas localidades comenzaron a organizarse concentraciones y nuevas acciones.
El movimiento había encontrado una forma sencilla de explicar lo que estaba ocurriendo: una vivienda no puede ser solamente un activo financiero cuando para quien vive en ella es su casa.
La calle empuja al Gobierno
Mientras las tiendas crecían en Sol, el Gobierno preparaba un decreto sobre vivienda. El calendario político y el de la movilización empezaron a avanzar juntos.
El Consejo de Ministros aprobó el 30 de septiembre dos decretos con medidas para proteger a personas vulnerables frente a los desahucios, limitar determinadas operaciones de fondos y grandes propietarios y ampliar la protección de los alquileres. La división en dos textos permitía sacar adelante buena parte de las medidas, pero dejaba fuera una de las principales demandas del movimiento: la renovación automática de los contratos. Para entonces, la propia expresión «decreto Maricarmen» había pasado a formar parte del debate político.
Las movilizaciones no inventaron el problema. Los precios de la vivienda llevaban tiempo presionando los salarios, retrasando la emancipación de los jóvenes y obligando a muchas familias a dedicar una parte creciente de sus ingresos al alquiler o la hipoteca.
Lo que cambió fue la manera de hablar de él.
En las calles empezó a ser cada vez más habitual discutir no solo cuánto cuesta una vivienda, sino quién puede comprarla, quién la posee, quién fija el precio y qué puede hacer el Estado para intervenir en ese mercado.
La vivienda dejó de aparecer únicamente como un problema de oferta y demanda o como una cuestión de esfuerzo individual. La presencia de fondos de inversión, grandes propietarios, viviendas turísticas, alquileres y parque público introdujo con mucha más fuerza la discusión sobre cómo funciona el mercado y sobre qué límites debe tener cuando afecta a un derecho básico.
El caso de Maricarmen aceleró ese desplazamiento porque hacía visible algo que las estadísticas suelen esconder: detrás de cada porcentaje de subida del alquiler hay personas que pueden tener que abandonar su barrio, volver a casa de sus padres o dedicar buena parte de su salario a mantener un techo. El debate empezó a desbordar la vivienda.
Si una familia no puede acceder a una casa aunque tenga empleo, la cuestión ya no parece únicamente inmobiliaria. Es una discusión sobre las condiciones materiales de vida
Si el alquiler absorbe una parte cada vez mayor del salario, la vivienda también es una cuestión laboral. Si una subida salarial termina en buena medida en manos del propietario a través del alquiler, la discusión sobre los salarios conduce a la del precio de la vivienda. Si una familia no puede acceder a una casa aunque tenga empleo, la cuestión ya no parece únicamente inmobiliaria. Es una discusión sobre las condiciones materiales de vida.
Por eso, junto a la vivienda comenzaron a aparecer otras demandas: salarios, servicios públicos, educación, sanidad, transporte, energía o pensiones. El razonamiento es sencillo: si cada vez cuesta más vivir, no basta con discutir cuánto se gana; también hay que discutir cuánto cuesta vivir y quién controla los bienes y servicios necesarios para hacerlo.
Si cada vez cuesta más vivir, no basta con discutir cuánto se gana; también hay que discutir cuánto cuesta vivir y quién controla los bienes y servicios necesarios para hacerlo
La derrota parlamentaria no cerró la movilización
El viernes 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda. El resultado llegó después de varios días de movilización y cuando la acampada de Sol había alcanzado una dimensión que ya resultaba imposible separar de la actualidad política. La votación no produjo el efecto habitual de una derrota parlamentaria: cerrar el asunto y trasladarlo a una futura negociación. En la calle ocurrió más bien lo contrario.
Para el movimiento de vivienda, la caída de los decretos confirmó que las medidas aprobadas eran insuficientes y que algunas de sus principales reivindicaciones seguían sin estar garantizadas. El Sindicato de Inquilinas llamó entonces a continuar la movilización y comenzó a plantear abiertamente la huelga general como siguiente paso.
El 3 de octubre hubo movilizaciones en más de 50 ciudades. En Madrid, cuatro columnas confluyeron en Cibeles en una manifestación que reunió a decenas de miles de personas; la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en unas 70.000. En Sevilla y Bilbao se contabilizaron alrededor de 15.000 manifestantes. Las protestas se extendieron durante todo el fin de semana por ciudades de todo el país.
La reivindicación había adquirido una dimensión nacional y el movimiento empezaba a buscar una herramienta capaz de incorporar a quienes viven el problema de la vivienda desde otro lugar: los centros de trabajo.
Y entonces llegaron las elecciones
El lunes 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El decreto publicado al día siguiente disolvió las Cortes y puso en marcha oficialmente el proceso electoral.
La huelga mantiene la vivienda en el centro, conecta distintas luchas y convierte la movilización de estas semanas en organización y capacidad de actuación en los centros de trabajo
El adelanto introdujo una nueva variable en un conflicto que ya estaba en marcha. La vivienda entraba de lleno en el calendario electoral justo cuando las organizaciones sociales estaban reclamando que no se limitara el debate a las instituciones.
De hecho, el Sindicato de Inquilinas ya había empezado a plantear la necesidad de llevar el conflicto a los barrios y a los centros de trabajo. La decisión de CC.OO. y UGT de convocar una huelga general de 24 horas este otoño supone ahora un salto cualitativo en ese proceso.
El movimiento que comenzó con una mujer de 87 años saliendo de su casa ha terminado situando la vivienda en el centro de la discusión política, sindical y social.
Una movilización que deja huella
Es pronto para saber hasta dónde llegará este ciclo de movilización. Pero sí puede observarse ya algo que pocas veces ocurre en tan poco tiempo: una reivindicación que estaba presente desde hace años ha cambiado de posición en el debate público.
Cuando un problema se vuelve colectivo, cambia la pregunta. Ya no es solamente «¿cómo consigo pagar mi casa?», sino «¿qué tiene que cambiar para que podamos vivir en nuestras casas?»
Las acampadas han convertido plazas céntricas en lugares de reunión. Las manifestaciones han llevado la vivienda a decenas de ciudades. El Congreso ha votado dos decretos específicos. El Gobierno ha tenido que volver a plantear medidas después de su rechazo. Las elecciones del 29 de noviembre se celebrarán con la vivienda entre los asuntos centrales de la agenda. Y los sindicatos mayoritarios han convocado una huelga general.
El valor histórico de estas movilizaciones no depende únicamente de la cantidad de personas que hayan salido a la calle. Está también en la rapidez con la que han conectado un caso concreto con un problema general y en cómo han conseguido que una cuestión que afecta a millones de personas se discuta en términos diferentes.
Quizá la imagen que mejor resume este proceso no sea la de una gran manifestación, sino la de una plaza llena de tiendas durante varios días. Personas que llegan, se organizan, discuten, comen juntas, duermen allí y vuelven al día siguiente. Porque la vivienda llevaba mucho tiempo siendo un problema individual. Estas semanas han mostrado la posibilidad de convertirla en un problema colectivo.
Y, cuando un problema se vuelve colectivo, cambia también la pregunta. Ya no es solamente «¿cómo consigo pagar mi casa?», sino «¿qué tiene que cambiar para que podamos vivir en nuestras casas?».
DE LAS CALLES A LOS CENTROS DE TRABAJO: LA HUELGA GENERAL
CC.OO. y UGT han anunciado una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar el derecho a una vivienda digna y salarios que permitan acceder a ella.
La convocatoria llega tras semanas de movilización y después del rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso. Los sindicatos ponen el foco en la relación entre vivienda y salarios, con medidas como el aumento del parque público, la regulación de los alquileres y la aplicación de la legislación existente.
La huelga abre una nueva fase: llevar la movilización de los barrios y las calles a los centros de trabajo. Sindicatos, organizaciones sociales, colectivos, estudiantes, pensionistas y partidos pueden contribuir a extender la convocatoria. CC.OO. y UGT han señalado que la decisión se tomó antes del adelanto electoral y que el paro no coincidirá con la campaña.
El seguimiento del paro será importante, pero no será el único indicador. La huelga también busca mantener la vivienda en el centro de la agenda, conectar distintas luchas y convertir la movilización de estas semanas en organización y capacidad de movilización en los centros de trabajo. No es solo el día del paro, es el desarrollo previo y la organización que queda al día siguiente.
