Desde que en otoño de 2022 se aprobara la Ley de Memoria Democrática, la ejecución del catálogo de derechos, deberes, comisiones de estudio, desarrollos normativos, instrumentos administrativos y actuaciones concretas ha avanzado con una lentitud enervante. Desde luego que cualquier balance objetivo ponderará el avance que ha supuesto la nueva legislación y las medidas del gobierno de unidad de la izquierda. Pero van a cumplirse cincuenta años desde la muerte del dictador y crece la sensación de que el tiempo se nos escapa de las manos para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En vez de caer en la desmoralización, el reto consiste en convertir la impaciencia en acción y el libro que reseño es una buena guía para la misma.
Este trabajo de Rafael Escudero, que publica la editorial Trotta, hace una exhaustiva revisión crítica de las novedades introducidas por la ley de 2022 y, lo más importante a mi juicio, la enmarca en la evolución de la normativa sobre memoria en España. El autor, profesor de filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, cuenta para ello con una larga experiencia en el análisis de la materia con varios títulos sobre las desapariciones forzadas, la represión y el derecho a la memoria, con un compromiso que le ha llevado a asumir diversas responsabilidades en el Gobierno actual como explicita en el epílogo de la obra. Un recorrido personal que enriquece el texto, porque, a la visión descarnada sobre las contradicciones e insuficiencias de la normativa y la práctica política, le añade un buen conocimiento de la administración pública.
CUANDO ANTÍGONA ENCONTRÓ A BENJAMIN
Víctimas del franquismo y derecho a la memoria
Rafael Escudero Alday
Editorial Trotta, 2024
Aparecerán estas líneas cuando se estén celebrando las actividades anuales para recordar la semana negra de enero de 1977 y reivindicar a sus víctimas. La crítica de Rafael Escudero a lo que denomina la cultura de la transición es demoledora y uno de los contenidos más interesantes del libro. A su implantación contribuyeron un conjunto de intelectuales que menciona en el texto, pero sobre todo una forma sutil de manipulación, muy eficaz en la forma de abordar nuestra historia más reciente en los medios de comunicación, las novelas, el cine y la televisión, algo que Rafael Chirbes avizoró con clarividencia a los pocos años de la muerte del dictador. Es de agradecer que un jurista, con la deformación profesional de la árida interpretación de las normas, explique con referencias a Cuéntame, a El Ministerio del Tiempo o a Soldados de Salamina de Javier Cercas, la imposición de una visión del pasado que tiene un efecto desmovilizador: “mejor que las cosas sigan como están”.
En este sentido, la mal llamada ley de memoria histórica de 2007, a pesar de la oposición frontal que cosechó en la derecha y que supusiera una primera incorporación a la legislación española de las aspiraciones de un movimiento que había surgido a contracorriente, en gran medida al calor del ejemplo de la lucha contra la impunidad en América Latina, no es que fuera insuficiente por corta de miras sino que consolidó un modelo de impunidad y de privatización de la exhumaciones, en línea contraria a las prescripciones del derecho internacional, como lo señalaron en repetidos informes los relatores de Naciones Unidas Pablo de Greiff y Fabian Salvioli. A la limitación de su contenido le sucedió una nula voluntad política de desarrollo por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la llegada del Partido Popular al gobierno en 2011, que, a pesar de su anuncio previo, no llegó a derogarla.
En esta coyuntura, Rafael Escudero destaca la importancia de los que denomina “la vía autonómica”, es decir el relevo que asumieron las cámaras legislativas para aprobar leyes en sus ámbitos territoriales respectivos, en las que sí se puede rastrear un giro que más tarde consolidaría la ley de 2022. Por paradojas de la historia, hoy esta vía se está utilizando en sentido contrario, con la derogación de las normas vigentes por las mayorías del PP y Vox en numerosas Comunidades Autónomas o con la aprobación de “leyes de concordia”, un adefesio legal y político como el que salió adelante en el País Valenciano, pendiente en este momento de su revisión por el Tribunal Constitucional.
El autor concluye su recorrido con la actual Ley de Memoria Democrática, de la que hace un exhaustivo análisis en sus avances y lagunas a lo largo del cuerpo central del libro, con interesantes referencias a la jurisprudencia y los debates doctrinales que enriquecen la simple descripción del contenido de la norma. Destaca en mi opinión la crítica a la contradicción que supone “una justicia sin juicios”, no sólo ante la imposibilidad material por el paso del tiempo sino también por la incompleta incorporación del derecho internacional. En todo caso, destaca la importancia de la enmienda tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, introducida durante la tramitación del proyecto de ley, en la que se recuerda el carácter no amnistiable e imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, así como el papel que se brinda en diferentes apartados del libro a la futura actuación del Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Si el mito clásico de la Antígona de Sófocles le sirve al autor para desarrollar su exposición sobre la dimensión individual de la memoria y la reivindicación de las víctimas del franquismo, recurre a la obra a Walter Benjamin para abordar su dimensión colectiva, como fundamentación de un proyecto político democrático que se construya desde el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, algo que en nuestros días es profundamente transformador y a contravía del desarrollo actual del capitalismo globalizado. El libro, sin duda, contribuirá a la mejor comprensión de la importancia creciente de la memoria democrática para el futuro y es una guía imprescindible para quienes siguen empeñados de hacer de ella una realidad cotidiana.
