En septiembre del año pasado escribía un artículo en Mundo Obrero sobre las políticas que desde la Consejería de Vivienda de Asturias estábamos poniendo en marcha, y ya aventuraba que sería necesaria otra reseña para completar aquella primera aproximación.
Hoy, aprovechando de nuevo la posibilidad que la dirección de Mundo Obrero me brinda, quiero abundar más en las políticas que estamos trabajando para hacer efectivo aquello que la Constitución establece en su artículo 47, el derecho a la vivienda digna y adecuada por parte de la ciudadanía.
Conviene situar en primer lugar ese derecho para a continuación establecer una premisa clara, estamos en nuestro país ante una crisis del acceso a la vivienda y no ante una crisis de la vivienda entendida desde su ámbito constructivo, tal y como quieren hacernos creer desde la derecha y la patronal de la construcción.
Una vez situado este marco inicial, conviene destacar que trabajamos en la búsqueda del acuerdo en el seno del Pacto Social por el Acceso a una Vivienda Digna, Adecuada y Asequible (2025/35) del que ya hablamos en el artículo anterior, pero que lo hacemos situando en el centro del debate a las personas y sus derechos, y no a los beneficios económicos de las empresas constructoras o al lucro de los especuladores.
Además, creo que nadie puede dudar de que el mercado es un eufemismo detrás del que se esconden intereses económicos de personas que hoy especulan, en Asturias y en España, con un bien de primera necesidad como es la vivienda. Y pese a lo que siempre nos quiere hacer creer la derecha, el mercado no se regula solo y es insaciable, y no lo hace porque esas personas que están detrás siempre ambicionan más, más y más.
Sumario: Trabajamos en un mayor y mejor parque público de vivienda y también en movilizar el parque privado de vivienda vacía
Por eso es no solo potestativo, sino también necesario, el activar desde las administraciones públicas mecanismos de control sobre el mercado de la vivienda en régimen de alquiler y esos precios desorbitados que está alcanzando. A tal fin, la ley de vivienda establece la declaración de zonas tensionadas que permiten en primer lugar topar los precios del alquiler, y en segundo lugar establecer un plan corrector que permita desactivar esa tensión que la especulación genera.
Hemos elaborado en el Gobierno de Asturias un estudio sobre las posibles zonas tensionadas que pudiéramos tener en nuestra Comunidad. Con los datos en la mano, nos hemos reunido con 13 de los 78 alcaldes y alcaldesas de Asturias donde los indicadores determinan esa tensión en la vivienda. Buscamos, a través del diálogo, el acuerdo, porque los municipios han de ser una pata fundamental en la resolución del problema y ese plan corrector queremos que nazca desde el consenso con ellos, ya que son un actor esencial para la aplicación de esas medidas que enmienden la situación. Fruto de aquellas reuniones hoy estamos trabajando ya en la declaración de 16 zonas tensionadas en los concejos de Cabrales, Llanes, Langreo, Gijón, Gozón y Avilés, que verán la luz a lo largo del presente año.
Por otra parte, estamos trabajando en una doble dirección para movilizar el parque privado de vivienda vacía que hoy tenemos en Asturias:
- Realizando un estudio que determine la situación de esa vivienda vacía (ubicación, características, técnicas, estipular si el propietario es gran tenedor…) y la implantación de un posterior impuesto a la misma en caso de grandes tenedores.
- La puesta en marcha del programa “Alquilámoste”, un proyecto de movilización voluntaria de esa vivienda vacía con unas características que beneficia a todas las partes. Al propietario porque nos tendrá a la administración como interlocutor y garante de la ejecución del contrato (pago mensual de la renta, posibles desperfectos subsanados a la finalización del contrato, bonificaciones en el IRPF tal y como estable la ley de vivienda, evitarse ese futuro impuesto a la vivienda vacía…) y a nosotros porque aumentaremosel parque público en régimen de alquiler asequible; porque ésta es la condición que ponemos al propietario, que el precio del alquiler sea inferior a la media de la localidad donde se ubique el piso.
Somos conscientes de que la solución al problema vendrá determinada por un conjunto de actuaciones, ya que ninguna medida por sí misma será suficiente. Por eso a las que aquí he descrito se debe añadir un mayor (no solo desde la nueva promoción, también desde la adquisición y rehabilitación) y mejor (más eficiente, más accesible) parque público en el que estamos trabajando, la aplicación del derecho al tanteo y retracto por parte de la administración, inspecciones a viviendas de protección oficial para evitar el incremento ilegal de los pisos turísticos o la aprobación de la ley de vivienda asturiana, que recogerá la condición de derecho subjetivo al acceso a la vivienda o el carácter permanente de la protección oficial.
En definitiva, trabajamos cada día por asentar un modelo de vivienda propio —el modelo asturiano—, que nos acerque a modelos exitosos europeos y garantice de forma efectiva que la vivienda en Asturias sea un derecho.
