El diputado y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, y el diputado de IU Nahuel González, también responsable de Deportes del Grupo Sumar, han presentado ayer, 4 de agosto de 2026, una serie de consultas dirigidas al Ejecutivo donde exponen una serie de consideraciones y denuncian opacidad, respecto a las actuaciones tanto de la Comunidad de Madrid como de la presidencia del club, en relación al estadio del Rallo Vallecano y su ubicación y la gestión de las cuotas de los abonados de este equipo, así como preocupación por el futuro del club, al que consideran un elemento de identidad del barrio.
Recientemente, la Comunidad de Madrid, a la que pertenecen la infraestructura del estadio y el suelo sobre el que se ubica, retiró al club la concesión de su estadio alegando falta de condiciones «de seguridad y salubridad», focalizadas principalmente en el estado de los accesos, la basura acumulada y los baños en malas condiciones entro otras cosas.
Una de las consultas que los diputados de IU plantean en su escrito es conocer por qué la Secretaría de Estado de Deporte ha permitido que el Estadio de Vallecas llegue al estado de degradación y salubridad crítico y si esta Secretaría se ha asegurado que los organismo de la CAM competentes lleven a cabo estas medidas de control.
La mala gestión empresarial o el incumplimiento de las normativas en el mantenimiento de las instalaciones, que aficionados, jugadores y personal del cuerpo técnico han denunciado durante años, no es la única razón que explica la degradación del estadio, según afirman los diputados de IU. «Responde también a una lógica propia de las Sociedades Anónimas Deportivas —explican— donde el estadio deja de concebirse como un patrimonio social ligado a una comunidad para convertirse en un activo económico cuya rentabilidad debe maximizarse».
Se habría querido dejar morir el estadio creando esta situación para forzar la construcción de uno nuevo con mayor aprovechamiento económico, lejos del barrio y de su actual ubicación
IU plantea entonces una sospecha que comparten también aficionados y es la de que se habría querido dejar morir el estadio creando esta situación para forzar la construcción de uno nuevo con mayor aprovechamiento económico, lejos del barrio y de su actual ubicación. Según los aficionados, el actual presidente del club, Raúl Martín Presa, querría que la Comunidad de Madrid facilitase otros terrenos para construir un estadio más grande.
Los aficionados del Rayo sospechan de una connivencia entre la administración regional y la dirección del club para un nuevo emplazamiento del estadio y nuevo modelo de negocio
Los aficionados consideran que el Rayo no debe salir de Vallecas, que la Comunidad de Madrid debería obligar a Raúl Martín Presa a mantener en buenas condiciones el estadio. Las palabras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que tachó la ubicación del campo del Rayo Vallecano de «insostenible» y la dejación de funciones por parte de la Comunidad de Madrid en aquiescencia con la presidencia del club, hace sospechar a los aficionados del Rayo de una connivencia entre la administración regional y la dirección del club para un nuevo emplazamiento del estadio y nuevo modelo de negocio.
Se trata de un modelo ya conocido, de mercantilización de grandes equipamientos públicos, donde la administración carga con los costes de la infraestructura y la explotación económica pasa a manos privadas, explican desde Izquierda Unida.
«La experiencia reciente en otros barrios de Madrid demuestra —explican los diputados de IU— que este tipo de operaciones suele venir acompañado de procesos de turistificación… incremento de alquileres y expulsión de la población trabajadora». «Vallecas no puede convertirse en una nuevo espacio sometido a la especulación inmobiliaria bajo la excusa de la dinamización económica», afirman desde IU.
El cierre del estadio hará que el equipo del Rayo Vallecano no podrá disputar sus partidos en él a un mes de comenzar La Liga. Los diputados de IU trasladan al Ejecutivo si ha considerado el Gobierno, a través de ADIF u otro organismo competente, la cesión de terrenos de su propiedad en algún emplazamiento cercano a Vallecas para albergar provisionalmente los encuentros del Rayo Vallecano.
La Sociedad Anónima Deportiva del club inició la campaña de abonados sabiendo que el estadio no se podría usar. Los socios han desembolsado el importe de los abonos sin saber si podrán disfrutar de la actividad para la que han realizado el desembolso y que además son los abonos más caros de la historia
Al cierre del estadio se suma el hecho de que la Sociedad Anónima Deportiva del club inició la campaña de abonados sabiendo que el estadio no se podría usar. Los socios han desembolsado el importe de los abonos sin saber si podrán disfrutar de la actividad para la que han realizado el desembolso y que además son los abonos más caros de la historia, con un incremento medio del 15% en su precio y una subida de casi el 100% en 4 años. Se ha actuado con opacidad, afirma el escrito de IU, y esa opacidad «traslada incertidumbre a los aficionados mientras la sociedad obtiene liquidez inmediata».
Por ello los diputados plantan en su escrito, que compete a las administraciones exigir transparencia, que los derechos de los consumidores afectados deben ser protegidos, que se debe garantizar la devolución de las cantidades abonadas y depurar las responsabilidades derivadas de una comercialización realizada sin la suficiente información.
En este sentido, una de las consultas planteadas al Ejecutivo por parte de los diputados citados es si intervendrá el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para garantizar que la SAD devuelva el importe de los abonos en caso de que no pueda garantizarse que los encuentros se disputen en la Comunidad de Madrid.
«El Estado de Vallecas —afirman los diputados de IU— constituye un equipamiento de referencia para el distrito y un elemento central de identidad popular del barrio. Cualquier actuación sobre él debe responder al interés general, debe ejecutarse con transparencia y contar con mecanismos efectivos de participación vecinal y del propio rayismo para evitar minimizar cualquier vulneración de derechos que pueda surgir».
