El pasado 6 de marzo, después de manifestaciones populares en Latakia, Tartus y Homs, se produjeron ataques de la nueva resistencia siria al gobierno de HTS, el antiguo grupo terrorista de al Qaeda, que fue reconocido apresuradamente como gobierno legítimo, por EE.UU. y la UE el 8 de diciembre pasado.
Los enfrentamientos armados se produjeron en las ciudades costeras sirias de Jableh, Tartus y Latakia, donde la población alauita (árabes integrantes de una corriente religiosa islámica) es mayoritaria.
Ese mismo día, aparecía en un vídeo en redes sociales, Suhail al-Hassan ex-comandante del disuelto ejército sirio, anunciando la formación de un grupo de resistencia con el nombre de “Regimiento Escudo Costero” y la creación de un “Consejo Militar para la Liberación de Siria” liderado por el exgeneral del ejército Qiath Suleiman Dalla.
La reacción del gobierno de al Golani (que usa ahora su verdadero nombre Ahmad al Sharaa, para blanquear su pasado) a ese ataque fue el envío de tropas, que no se limitaron a luchar contra las milicias de la nueva resistencia, sino que, considerando enemigo a cualquier alauita, masacraron a la población civil, atacando y saqueando casas, y asesinando a hombres, mujeres y niños.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres y que se ha caracterizado por su discurso anti-Asad durante toda la guerra, que duró desde 2011 a 2020, ha señalado que al menos 1.500 civiles han sido asesinados en la semana posterior al día 6, por los terroristas del gobierno de HTS en Siria.
Ante la reacción internacional, al Golani declaró que él estaba al margen de lo sucedido y que se comprometía a investigar y castigar a los culpables de la matanza.
El 10 de marzo anunció un acuerdo con las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias), alianza militar formada a partir de las milicias kurdas, fuerzas armadas de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (Rojava), territorio controlado por ellas con el apoyo de EE.UU. Al Golani pretende vender el logro de la unidad del este y el oeste de Siria, y al mismo tiempo, reivindicar su independencia de Turquía, quien, con su control de la frontera norte de Siria, fue el verdadero valedor que armó y permitió la llegada al poder de HTS.
Pero el acuerdo es un brindis al sol. Las FDS aceptan integrar todas las instituciones civiles y militares de Rojava bajo la administración del Estado sirio, pero seguirán funcionando con su propio gobierno autónomo, sus propias fuerzas armadas y la protección de EE.UU., que tiene bases militares en el territorio y una porción del pastel del petróleo que se produce mayoritariamente en esa zona de Siria. La autodisolución y desarme del PKK, propuesta por su líder Abdullah Öcalan a finales de diciembre, puede suponer un fuerte mensaje para intentar que Turquía autorice la permanencia de la entidad autónoma kurda en Siria, aunque ello choca con las propias pretensiones turcas de controlar una gran parte del norte de Siria.
En cualquier caso, la propia existencia de la Comunidad Autónoma del Noreste de Siria liderada por las fuerzas kurdas, está dando alas a las peticiones, apoyadas por el régimen sionista de Israel, de autonomía de la minoría drusa (árabes que profesan otra corriente religiosa) ubicada en el suroeste de Siria.
Pero la carta más fuerte de al Golani, en búsqueda de su reconocimiento internacional, ha sido la promulgación, el 13 de marzo, de la Declaración Constitucional Siria. Ésta, llena de bellas palabras sobre derechos humanos, respeto a las minorías, democracia, etc. apenas oculta el carácter dictatorial del gobierno de al Golani. La Declaración señala que “la jurisprudencia islámica es la principal fuente de legislación”; que el propio presidente nombrará a una Comisión que seleccionará a los miembros de la Asamblea Popular (el nuevo órgano legislativo), aunque él mismo designará a un tercio de esa Asamblea. El mandato de ésta será de 2,5 años, pero renovables, ya que hasta dentro de 5 años no habrá elecciones. Al mismo tiempo se autodesigna como comandante supremo del ejército, nombra a vicepresidentes, ministros y también designará a los 7 miembros del Tribunal Constitucional.
Palestina en el centro del conflicto
El régimen sionista y genocida de Israel, a pesar de los acuerdos de alto el fuego, sigue masacrando al pueblo palestino. El 15 de marzo, un ataque a la ciudad de Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza, se saldó con la muerte de nueve civiles. Desde el comienzo del alto el fuego en enero, los ataques israelís han matado a más de 150 personas en Gaza.
El 21 de enero, Israel lanzó contra Cisjordania la Operación Muro de Hierro, que ha causado el mayor desplazamiento de población en la zona desde 1967. Son más de 40.000 las personas expulsadas de sus casas. La expulsión va acompañada de ataques militares. Sólo en la ciudad de B’Tselem, había documentados hasta el pasado 8 de marzo 69 ataques aéreos que causaron la muerte de 261 personas, incluidos al menos 41 menores. Estos ataques y la nueva interrupción de entrada de alimentos y ayuda humanitaria a Gaza, anuncian el objetivo de Netanyahu de proseguir la guerra en cuanto pueda para intentar expulsar al pueblo palestino de la tierra palestina.
