En los últimos años, la patronal ha recrudecido su campaña de hostigamiento, desde lo mediático a lo político, contra el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a enfermar y a ejercer la cobertura por contingencia comunes, profesionales o accidentes de trabajo. Una campaña que trata de cuestionar la enfermedad, con el objetivo de justificar la persecución de las personas trabajadoras que están enfermas y un recorte de las bajas por incapacidad temporal (IT), dando a entender que gran parte son producto de un supuesto fraude de la clase trabajadora para cobrar y no acudir a sus trabajos, puesto que para ellos esto significa un coste económico insostenible para las empresas.
El “absentismo” es una mentira patronal
En esta campaña demagógica, el empresariado y sus medios han ido extendiendo en la sociedad el concepto de lo que han dado en llamar “absentismo”, situando mensajes alarmistas respecto a un supuesto aumento de las ausencias al trabajo por enfermedad. Pero lo que no dicen es que, en este término, no solo contabilizan las bajas por enfermedad común, también incluyen las de responsabilidad empresarial por enfermedad profesional o accidente de trabajo y todas las ausencias por vacaciones, permisos retribuidos por maternidad o paternidad, hospitalización o defunciones de familiares, etc., que son derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y todo con el objetivo de inflar artificialmente las ausencias justificadas al trabajo para señalar el derecho de la clase trabajadora a enfermar y a tener cobertura de la Seguridad Social, específicamente contra las bajas por IT por enfermedad común.
Los datos que la patronal presenta como “absentismo”, son mentiras de fabricación propia e interesada cuyo único fin es atacar los derechos de la clase trabajadora.
Para difundir y legitimar sus mentiras, el empresariado no duda en utilizar de forma infame y burda, unos informes con datos nada rigurosos de ese supuesto “absentismo”, realizados por entidades que forman parte de la misma patronal, como las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) Adecco y Randstad Research, o la Asociación Mutuas (AMAT). Como vemos, los datos que la patronal presenta como “absentismo”, son mentiras de fabricación propia e interesada cuyo único fin es atacar los derechos de la clase trabajadora.
La patronal contra la sanidad pública
A la vez que la patronal cuestiona las bajas laborales de la clase trabajadora, también trata de cuestionar el criterio médico de los/as profesionales de la sanidad pública, dejando entender que “dan la baja con demasiada facilidad”. Ante esto hay que dejar claro que las bajas son extendidas por profesionales de la sanidad tras un reconocimiento médico y comprobación de que el estado de salud es incompatible con el trabajo.
Si quieren hablar de fraude, deberían hablar de cómo las mutuas privadas o los servicios médicos de empresa derivan a los trabajadores afectados a la Seguridad Social para que sean catalogados como bajas por enfermedad común y así no dar bajas por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Encubriendo así la responsabilidad empresarial de muchos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A los y las sindicalistas no nos lo tienen que explicar, ya que permanentemente tenemos que tramitar u orientar a trabajadores y trabajadoras a hacer cambios de contingencias.
El empresariado también se queja del aumento de la duración de las bajas, situando que es debido al aumento de las listas de espera de la sanidad publica. Eso sí, siempre ocultando que el origen está en las políticas de desmantelamiento y los recortes brutales de la sanidad pública, por parte de los diferentes gobiernos centrales y autonómicos del bipartidismo, especialmente por los gobiernos del PP (y VOX), así como por las derechas vasca y catalana. No se puede entender el colapso, la saturación y las enormes listas de espera sin esta política de recortes criminal y sin el papel de la patronal como principal agitador de la privatización de la sanidad pública.
Las mutuas como azote patronal contra la salud de la clase trabajadora
Esas políticas neoliberales contra la sanidad pública, tuvieron extensión hacia la criminalización y persecución de las bajas médicas de la clase obrera desde 1996, cuando se le dio a las mutuas privadas la facultad del control del proceso, la gestión y el pago de las prestaciones y la baja de IT por contingencias comunes, incluida la suspensión de la prestación si no se asiste a controles médicos o la posibilidad de hacer “propuestas de alta” (aunque no dar el alta) a la inspección médica pública (SPS/INSS), contratar servicios médicos para citar a las personas en baja o la contratación de los servicios de detectives para hacer seguimientos de las personas en baja, y todo esto, recibiendo un porcentaje de las cuotas a la Seguridad Social por contingencia común.
Las mutuas de trabajo jamás afrontarán las verdaderas causas de la mayor parte de las bajas laborales y los accidentes de trabajo, muy ligados a explotación laboral
Las mutuas de trabajo jamás afrontarán las verdaderas causas de la mayor parte de las bajas laborales y los accidentes de trabajo, muy ligados a explotación laboral, al aumento de ritmos de trabajo, estrés, etc. Además, hay que tener presente que la fuerza laboral española envejece. Hoy las personas trabajadoras mayores de 50 años son el 34%, cuando hace dos décadas eran el 19%. Por otra parte, hay que tener presente los nefastos efectos de los recortes en la sanidad pública en las listas de espera, lo que alarga los tratamientos médicos y, por lo tanto, las bajas. En esta situación, el sistema sanitario privado (por su lógica empresarial) solo aborda las consecuencias, con un objetivo prioritario, presionar a la clase obrera para que trabaje aun a riesgo de su propia salud.
El capitalismo es incompatible con nuestra salud
Aunque las mutuas de trabajo son consideradas entidades “sin ánimo de lucro”, no se mueven por un criterio médico sino por la lógica del maximizar beneficios, buscando tener el máximo de clientes (que no pacientes). Una de las formas de trasferencia de lo público a manos privadas son los sueldos estratosféricos de sus directivos, llegando algunos a triplicar el del presidente del Gobierno, los de sus ministros y duplicando prácticamente todos los de los altos cargos de la Administración.
Es tal el volumen de negocio, el tamaño de las empresas del sector sanitario privado, que en estos años ha aumentado con absorciones y fusiones en grandes conglomerados sanitarios que mueven miles de millones de euros (y no digamos las tramas de corrupción entre el mundo de los negocios y amplios sectores de la política, especialmente de las derechas), que las mutuas de trabajo y la sanidad privada en general, no es que trabajen para la patronal sino que forman parte indisociable de ella, por lo que su función real es presionar a la clase trabajadora para que sea explotada por la patronal y hacer negocio con nuestra salud, aún a costa de nuestras vidas.
El deterioro del sistema sanitario público, y las constantes campañas mediáticas a favor de lo privado, han dejado su impronta en amplios sectores de la clase trabajadora y del movimiento sindical, que perciben a la sanidad privada como una mejora en efectividad y en atención médica. Lo que es realmente un espejismo, ya que la sanidad privada se centra en lo que da rendimiento (pruebas, visitas, etc), siempre parasitando a la sanidad pública y a cuenta de la Seguridad Social. Cuando se trata de enfermedades graves, tratamientos u operaciones complejas y caras, la sanidad privada siempre acaba derivándolo a la pública. Además, cuando las listas de espera de la pública saturan también a la privada, no dudan en subir los precios del seguro para tener la misma o peor calidad en la atención sanitaria.
Es necesaria una alternativa de izquierdas que plantee la propiedad pública de las mutuas y empresas auto aseguradoras, que encima reciben y gestionan el dinero público de las cotizaciones sociales, pasando a sus trabajadores y trabajadoras al sistema sanitario público.
Solo la sanidad pública y el movimiento obrero organizado velan por la salud en el trabajo
No hay que confundir la lógica de las mutuas privadas con la mayor parte de sus plantillas. También forman parte de la clase trabajadora, sufren la explotación laboral, la presión de sus jefes y muchas veces se ven abocados a actuar en contra su voluntad. De hecho, con el tiempo también se han ido organizando sindicalmente en sus empresas. Por eso el sindicalismo tiene que jugar un papel clave, desde una concepción de clase, sociopolítica y solidaria, en la organización y la defensa de la salud en el trabajo.
Pero la solución para defender la medicina laboral, la ergonomía, seguridad en el trabajo, etc., es actuar sobre las causas, y eso significa abordarlas desde una perspectiva socialista que beneficie a la mayoría social, que anteponga el criterio médico por encima de la lógica del negocio y el beneficio. Una alternativa de izquierdas que plantee la propiedad pública de las mutuas y empresas auto aseguradoras, que encima reciben y gestionan el dinero público de las cotizaciones sociales, pasando a sus trabajadores y trabajadoras al sistema sanitario público.
