La verdad es revolucionaria. Y la verdad, por cruda que resulte, es que, por un motivo u otro, estamos normalizando un genocidio que está siendo retransmitido en tiempo real por sus víctimas. Gaza arde. Palestina sangra. Israel ejecuta con precisión milimétrica un plan de exterminio que no es nuevo, sino parte de un proyecto colonial de largo aliento: la construcción del “Gran Israel”, que no se detendrá hasta vaciar de palestinos y de otros pueblos autóctonos a toda la tierra entre el Éufrates y el Nilo. Frente a esta realidad brutal, la llamada “comunidad internacional” ha elegido mirar hacia otro lado. Y lo que es peor: quienes deberían condenar, sancionar y frenar este crimen, lo financian, lo justifican y lo arman.
El 10 de mayo, Madrid debe convertirse en un grito colectivo y unitario. No en una protesta simbólica, sino en un acto de insurrección moral. Porque no se trata ya de solidarizarse desde el dolor, sino de actuar desde la rabia organizada. Las movilizaciones por Palestina, tan potentes en los primeros meses de esta ofensiva genocida, han disminuido en número. Es comprensible: la saturación de imágenes atroces ha tenido un efecto anestesiante. Nos duele tanto que hemos comenzado a normalizarlo. Pero nada sería más injusto. Si el pueblo palestino, masacrado, sitiado y traicionado, no se rinde, ¿quiénes somos nosotros para abandonarlo?
Los cuerpos de niños quemados no deben volverse paisaje. Las madres hablando a cadáveres diminutos no pueden ser parte de nuestra rutina. Cada nuevo bombardeo no puede convertirse en un dato más. Gaza no necesita nuestra lástima y compasión: necesita nuestra acción. Y esa acción empieza por señalar con firmeza no solo a los verdugos, sino también a sus cómplices.
Israel no actúa solo. El régimen sionista se sostiene gracias a una red de apoyos internacionales que le proporciona armas, legitimidad y cobertura diplomática. Estados Unidos es el pilar principal de esa arquitectura criminal. Alemania, con su relato posnazi, actúa como proveedor fervoroso. El Reino Unido sigue los pasos de su pasado colonial. La Unión Europea entera guarda un silencio cómplice disfrazado de equidistancia. Y el Gobierno español, en lugar de erigirse en contrapeso ético, solo conseguimos que pare la compra y venta de armamento a Israel o que no permita el tránsito de armamento en nuestros puertos, cuando se le pilla con “el carrito de los helados”.
La parte mayoritaria del Gobierno español ha demostrado que solo actúa cuando lo pillan. Mientras proclama su compromiso con los derechos humanos, firma acuerdos millonarios de compra de munición israelí para la Guardia Civil. Mientras lamenta la “escalada de violencia”, mantiene relaciones diplomáticas con un régimen que entierra niños bajo los escombros de sus propias casas bombardeadas. El Ministerio español de Exteriores no ha roto relaciones. El de Defensa sigue cooperando con empresas israelíes. El del Interior aprende técnicas represivas de unas fuerzas de ocupación que disparan a niños con francotiradores. Eso es colaboración con un genocidio.
Debemos reconocer y agradecer el trabajo de aquellos sectores que sí están cumpliendo con su deber. Izquierda Unida ha mostrado un compromiso concreto: querellas presentadas ante la fiscalía de la Audiencia Nacional, denuncias públicas, freno a buques armamentísticos, presiones desde el Congreso o desde la organización al gobierno. Pero la parte mayoritaria del Ejecutivo, el PSOE, ha mostrado una conducta vergonzosa. La ética de Estado no puede depender de filtraciones o de crisis internas: debe ser política activa, clara y coherente.
Por eso, este 10 de mayo no marchamos para pedir. Marchamos para exigir:
• Fin inmediato al comercio de armas con Israel.
• Ruptura total de relaciones diplomáticas, militares, tecnológicas y académicas.
• Procesamiento judicial de todos los responsables políticos y empresariales implicados.
• Suspensión de la participación española en ferias militares junto a empresas israelíes.
No hay excusas.
