Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Europa, el temor a Rusia incrementó el deseo de alcanzar el compromiso del 2% del PIB en gasto militar aprobado en el interior de la OTAN. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca empeoró las cosas, pues, además de abrir una etapa de incertidumbre en la geopolítica mundial debido a su pretensión de enterrar el orden multilateral de Naciones Unidas, plantea alcanzar acuerdos de paz con Rusia para acabar con la guerra de Ucrania marginando a Europa; lanzar amenazas a sus socios dentro de la OTAN, a Dinamarca con la pretensión de anexionarse Groenlandia (avisando que sí no era por las buenas lo haría por las malas); a Canadá para que entre a formar parte de EEUU; a Panamá amenazándola con invadirla para anexionarse el canal. Y la más obscena y brutal, la propuesta de practicar la limpieza étnica de palestinos en Gaza expulsándolos de su territorio para instalar una zona de turismo y ocio.
Un Trump que, además, exige un aumento del gasto militar a los países miembros de la OTAN hasta alcanzar el 5% del PIB, pues sabe que el 65 % de todas las armas europeas se adquieren en EE.UU. Un compromiso de alcanzar el 2% del PIB, al que ya estaban comprometidos los países de la OTAN que, ahora, algunos líderes europeos, siguiendo a Trump, instan a incrementarlo hasta llegar al 3%, al 3’5% y algunos al 5% del PIB. Algo que ha refrendado el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, que ha pedido aumentarlo, añadiendo que la seguridad militar es más importante que el gasto social y que es necesario hacer sacrificios en salud y gastos sociales para implementar una mayor seguridad.
Petición a la que se ha sumado la presidenta de la UE, Úrsula von der Leyen, diciendo que se debería llegar al 3,5% del PIB lanzando la propuesta de habilitar 800.000 millones para financiar el rearme en Europa en cuatro años. De inmediato disponer de 150.000 millones que propone sean financiados con deuda común de la UE, como ya se hizo durante la pandemia. El resto de 650.000 millones a cargo de los presupuestos de los Estados miembros, con la propuesta de que las inversiones en la adquisición de armamentos no computarán ni en el techo de gasto, ni como deuda pública y que la Comunidad Europea permitirá aumentar el déficit de los Estados si éste se debe a las inversiones militares. También, que el Banco Europeo Industrial, (presidido por la española Nadia Calviño) se sume a financiar a la industria militar europea.
Unas iniciativas que pretenden establecer unas nuevas reglas que permitan a los países europeos un rearme generalizado que, de facto, convierte la economía de los países de europeos de la UE y de la OTAN en economías de guerra. Una prueba de ello es que los países europeos de la OTAN en 2024 alcanzaron la colosal cifra de 346.000 millones de euros en gasto militar que representó una media del 2,02% del PIB de los países europeos de la OTAN. Alcanzar el 3%, representarían 513.861 M€, mientras que especular con alcanzar el 4% o el 5% del PIB es soñar en cifras astronómicas.
El caso de España
El Estado español como país miembro de la OTAN también está inmerso en la espiral belicista antes descrita de alcanzar ese 2% del PIB en gasto militar en 2029. En el año 2024, el presupuesto se prorrogó y el del ministerio de Defensa fue el mismo que en 2023, 14.453,8 M€. Pero para poder acercarse al prometido 2% se aplicaron, en el transcurso del ejercicio, transferencias de crédito a Defensa por valor de 2.938,86 millones.[1]
Como el presupuesto de Defensa en 2025 continúa prorrogado, entonces, el Gobierno ha empezado de nuevo a recurrir a transferencias y créditos extraordinarios para suplementar algunas partidas militares y así poder acercarse al deseado 2% del PIB. Hasta la fecha en que se redacta este texto (18/04/2025), el Consejo de ministros ya lleva aprobados incrementos por un importe de 3.593,16 M€.
Unas modificaciones que serán incluidas por el Gobierno, al informar a la OTAN sobre el gasto militar español, a las que se añadirán, por primera vez, partidas militares que se encuentran repartidas por otros ministerios,[2] trasladando un importe que supera el del Ministerio de Defensa. Ya en 2023 se informó de 19.723 M€, cuando el presupuesto fue de 14.454 M€ y que supuso el 1,28% del PIB.
Para alcanzar el prometido 2% del PIB en 2029, se alcanzarían unos 36.000 M€, para ello se recurre a incrementar las inversiones en Programas Especiales de Armamentos. Unos programas que, en la actualidad, suman la escalofriante cifra de más de 50.000 M€, que se deberán desembolsar durante los próximos diez años.[3] Unas inversiones en armas que seguro se aproximaran al 3% del PIB. Un gasto de tal magnitud que podría suponer imponer recortes en otros ministerios que afectarían al bienestar de la población en los ámbitos de la educación, la salud y los servicios sociales.
Para justificar ese aumento del gasto militar se recurre a dos grandes falacias que se repiten para convencer a la opinión pública de los beneficios que produce la economía militar: una, el trasvase de tecnologías que se producen en la investigación de los armamentos que tendrán su aprovechamiento en el ámbito civil; y la segunda, la creación de empleo.
Dos cuestiones desmentidas desde la economía crítica, que desdicen las bondades que aportan las inversiones en armamentos. Investigaciones llevadas a cabo por prestigiosos académicos de Estados Unidos, donde el gasto militar y la producción de armamentos es la más potente del mundo, y, debido a ello, afecta de manera determinante a la economía de su país. Según esas tesis, el gasto militar y la producción de armamentos promovidos desde el Estado, desde un punto de vista keynesiano, como cualquier otra forma de trabajo, mejora la economía, pues el trabajo comporta salario y éste favorece el consumo y el crecimiento de la economía. Este periplo económico que para los keynesianos es beneficioso, para la economía crítica no lo es (Kenneth Boulding, Seymour Melman, Wasily Leontief, Robert Pollin y Heidi W. Garret-Pettier, entre otros). El principal argumento de unos y otras es, que provocan endeudamiento al Estado, recursos que, destinados a la economía real, la productiva, crearían más bienestar y entre tres y siete puestos de trabajo en el ámbito civil, en especial en el educativo y sanitario. Añadiendo, que las armas no se pueden intercambiar en el mercado y no pueden ser adquiridas por la población, perdiendo su valor de cambio y por lo tanto social, como sí tienen la gran mayoría de los productos de carácter civil. Pues la ciudadanía no puede adquirir un avión de combate o un buque de guerra que solo adquieren los Estados.
En definitiva, ese gran aumento del gasto militar en España y Europa, ponen en peligro el ya de por sí escaso Estado de bienestar de la población española y europea, pues se invierte en armamentos lo que se debería destinar a la auténtica seguridad que desea la ciudadanía, disponer de acceso a una vivienda asequible, salud, educación, trabajo, pensión y servicios sociales dignos.
[1] Liquidación presupuestos del Estado noviembre de 2024, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
[2] Base de datos del Centro Delás donde se detallan las partidas militares repartidas entre otros ministerios. https://database.centredelas.org/la-despesa-militar-despanya/
[3] Ortega, Pere, (2024), La escalada armamentista del Gobierno de España. https://centredelas.org/wp-content/uploads/2024/01/WP_EscaladaArmamentistaEspana_CAST_DEF.pdf
