Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han mostrado su sorpresa y malestar tras conocerse este lunes, a través de medios de comunicación, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planea impulsar un cambio normativo para que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realice una nueva evaluación financiera del sistema público de pensiones en 2026. El anuncio, señalan los sindicatos, no ha sido comunicado a los interlocutores sociales que participaron en los acuerdos de reforma entre 2021 y 2024.
Ambas organizaciones han solicitado explicaciones inmediatas al Ministerio y han exigido que esta información se traslade de forma urgente a la Mesa de Diálogo Social en materia de Seguridad Social, órgano en el que, hasta ahora, no se había discutido la iniciativa. Para UGT y CCOO, la falta de transparencia y comunicación representa un incumplimiento del compromiso con el diálogo social que ha guiado las últimas reformas del sistema.
En un comunicado conjunto, los sindicatos han reiterado su confianza en que las medidas de refuerzo de ingresos acordadas en los últimos años garantizan la sostenibilidad del sistema público de pensiones a corto, medio y largo plazo. Consideran que una nueva evaluación, si se lleva a cabo, no debería arrojar resultados distintos a los ya conocidos, y que, en todo caso, debería servir para corregir proyecciones “claramente infraestimadas”, como los ingresos derivados de las cotizaciones por ingresos reales del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o el impacto del aumento de jubilaciones demoradas.
Asimismo, recuerdan que las transferencias del Estado a la Seguridad Social están reguladas por ley, en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y deben incluirse íntegramente en cualquier análisis de sostenibilidad.
UGT y CCOO advierten, además, de que si el nuevo análisis de la AIReF estimara insuficiente el aumento de la recaudación fiscal estructural —que en los últimos años ha batido récords—, el Gobierno debería acompañarlo de reformas fiscales que garanticen ingresos adicionales y permitan cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas. Una reforma que, apuntan, sigue pendiente y ha sido reclamada tanto por las organizaciones sindicales como por la propia Comisión Europea.
En este contexto, los sindicatos insisten en que una fiscalidad más justa y suficiente es imprescindible para equiparar a España con los niveles de ingresos públicos de los países de su entorno y para sostener el sistema de bienestar, del que las pensiones son un pilar esencial.
