Más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional comenzaron a llegar este domingo a Los Ángeles, desplegados por orden directa del presidente Donald Trump para contener las protestas desatadas tras una serie de redadas migratorias. La decisión federal, que omitió la autorización del gobernador de California, representa un giro extraordinario en la gestión de disturbios civiles y ha avivado el conflicto entre los gobiernos estatal y federal. Se trata de la primera vez desde 1965 que un presidente despliega estas fuerzas sin el consentimiento del gobernador con fines policiales.
Las protestas comenzaron el viernes, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto a otras fuerzas federales, realizaron redadas en tres zonas de Los Ángeles: el distrito de Westlake, el centro y el sur de la ciudad. Los operativos resultaron en la detención de al menos 44 personas, incluyendo a once ciudadanos mexicanos y al presidente de un sindicato local, David Huerta. ICE ejecutó órdenes de registro en establecimientos laborales, como una tienda mayorista de ropa en el Distrito de la Moda, lo que provocó reacciones inmediatas de trabajadores, vecinos y activistas, quienes denunciaron las redadas como una ofensiva injustificada contra comunidades latinas.
Durante los enfrentamientos del viernes y sábado, las fuerzas del orden utilizaron gas pimienta, granadas aturdidoras y proyectiles no letales contra los manifestantes. En algunos casos, los choques se intensificaron cuando los manifestantes lanzaron objetos como fragmentos de hormigón. Las protestas se extendieron a barrios como Paramount, donde las escenas de tensión fueron especialmente fuertes. La cifra de detenidos durante el fin de semana supera el centenar, y las autoridades locales confirmaron que la mayoría de los arrestos ocurrieron en las inmediaciones de los centros de detención.
El presidente Trump justificó el despliegue militar afirmando que su objetivo es “restaurar el orden” y acusó a las autoridades locales de no controlar la situación. “Si el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass no pueden hacer su trabajo, el gobierno federal intervendrá y resolverá el problema”, escribió en su red Truth Social. En su orden ejecutiva, calificó las manifestaciones como una forma de rebelión, y su jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller, las tildó directamente de “insurrección”.
La reacción en California no se hizo esperar. El gobernador Newsom tachó la medida de Trump de “intencionadamente incendiaria” y acusó al gobierno federal de buscar “un espectáculo”. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que la presencia de la Guardia Nacional “no sería útil” y denunció que estas acciones solo consiguen sembrar el terror en las comunidades. “Me siento completamente encolerizada por lo que ha ocurrido. Estas tácticas siembran terror en nuestras comunidades y perturban los principios básicos de seguridad en nuestras ciudades”, expresó en su cuenta de X.
Desde organizaciones civiles como la ACLU se ha exigido a las autoridades locales que defiendan el estatus de Los Ángeles como ciudad santuario. Andrés Kwon, abogado de la Fundación ACLU del Sur de California, acusó a los agentes federales de “aterrorizar los barrios de Los Ángeles” con la colaboración de la policía local, a la que responsabilizó de impedir que las personas acudieran al trabajo, a tribunales de inmigración o a eventos escolares. “Esto no es justicia. Esto es injusticia”, afirmó David Huerta, el líder sindical arrestado durante uno de los operativos, en un comunicado difundido tras su liberación del hospital donde fue atendido por lesiones.
La Guardia Nacional, que normalmente es movilizada por gobernadores en casos de desastres naturales o crisis locales, ha sido convocada esta vez por el presidente con fines de control del orden público, una medida excepcional. La última vez que ocurrió una activación federal similar fue en 1965, cuando Lyndon B. Johnson envió tropas a Alabama para proteger a manifestantes por los derechos civiles.
A pesar de la llegada de las tropas, las calles de Los Ángeles estaban tranquilas la mañana del domingo. No obstante, se esperan nuevas movilizaciones durante la semana, mientras persiste el malestar por las detenciones y la militarización de la respuesta a las protestas. En paralelo, aumentan las demandas de transparencia sobre los criterios utilizados en las redadas, especialmente tras revelarse que algunos arrestados fueron interceptados camino a sus trabajos o mientras acompañaban a sus hijos a eventos escolares. El ambiente en la ciudad sigue marcado por la desconfianza hacia las autoridades federales y el temor a que se intensifique la ofensiva contra los inmigrantes. Los enfrentamientos, las detenciones de líderes sindicales y las denuncias de uso excesivo de la fuerza han consolidado una percepción generalizada de que el gobierno busca escalar la confrontación. Lo que comenzó como una protesta contra redadas laborales ha terminado por poner a prueba los límites entre el poder federal y la autonomía local en uno de los estados más poblados y diversos del país.
