La Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla ha finalizado sin avances significativos, dejando un regusto amargo entre la sociedad civil organizada. Ecologistas en Acción ha calificado el resultado como un “fracaso anunciado” y ha denunciado tanto la ausencia de compromisos concretos como la exclusión sistemática de organizaciones sociales y ecologistas del proceso negociador.
Lejos de ofrecer respuestas a la crisis global de desigualdad, pobreza y emergencia ecológica, los países participantes han optado por emitir una declaración vacía, el llamado “Compromiso de Sevilla”, sin carácter vinculante y carente de medidas efectivas. Según Ecologistas en Acción, este documento no aborda aspectos fundamentales como la cancelación de la deuda ilegítima del Sur global, el aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la justicia fiscal internacional ni el control a los grandes contaminadores.
“La cumbre ha estado completamente dominada por discursos huecos y exhibiciones de poder económico”, ha señalado Carmen Duce, coordinadora de Ecologistas en Acción. La activista ha denunciado que el espacio de negociaciones ha sido cerrado y restringido, con acceso limitado a la sociedad civil, controles arbitrarios y un entorno que ha impedido el ejercicio libre de la participación democrática. “Nos encontramos con más barreras aquí que en cumbres organizadas en regímenes autoritarios”, ha afirmado.
Solo durante media hora, y en el último día del evento, se permitió que representantes de la sociedad civil expresaran su desacuerdo con el enfoque de la cumbre. Marina Gros, responsable del área de Energía de Ecologistas en Acción, ha criticado la presencia dominante de empresas, bancos y fondos de inversión, frente a la invisibilidad de las voces ciudadanas. “Los poderes económicos han logrado blindar su posición en este tipo de encuentros, donde el verdadero objetivo parece ser proteger el status quo”.
El contenido de los debates paralelos también ha suscitado preocupación. Según Sofía Fernández, representante de Ecolojóvenes en la cumbre, muchos gobiernos han defendido abiertamente la financiación privada como principal herramienta de desarrollo, dejando en segundo plano los compromisos públicos. “Esto convierte las soluciones en oportunidades de negocio para los más ricos, y no en derechos garantizados para los más vulnerables”, ha advertido.
Ecologistas en Acción ha sido especialmente crítica con la falta de voluntad política para realizar transformaciones estructurales en el modelo económico. Rodrigo Blanca, portavoz en Córdoba, ha señalado que “la obsesión por atraer inversión privada perpetúa un modelo de crecimiento cortoplacista e insostenible que solo profundiza la crisis social y ambiental”.
A nivel internacional, la organización ecologista ha subrayado la retirada de fondos de ayuda por parte de países como Reino Unido, Francia o Bélgica, y el giro reaccionario de Estados Unidos como elementos que agravan la crisis del multilateralismo. “Mientras se reduce la financiación para el desarrollo, no hay reparos en destinar el 5% del PIB al gasto militar”, ha denunciado Jesús Lara, coordinador del Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad.
Este aumento en el gasto armamentístico, según Ecologistas en Acción, solo beneficia a la “industria de la muerte” y pone en riesgo la seguridad global, especialmente en regiones como Andalucía, que albergan bases militares estadounidenses. “Ese dinero debería estar destinado a escuelas, hospitales y viviendas, no a alimentar conflictos bélicos”, ha insistido Lara.
Ante esta situación, la organización ha reiterado sus demandas históricas: el cumplimiento del 0,7% del PIB en AOD, el reconocimiento de las deudas históricas del Norte global, la reforma profunda del sistema financiero internacional, el fin de los tratados comerciales lesivos y la implementación de una justicia fiscal y ambiental real. “Los recursos existen, lo que falta es voluntad política”, ha concluido Javier Andaluz Prieto, responsable del Área de Clima y Energía. “El planeta y los pueblos del Sur no pueden seguir pagando el precio del inmovilismo. No podemos esperar otros diez años: necesitamos justicia, ahora”.
