La tragedia palestina, que hoy se manifiesta en Gaza en forma de exterminio y limpieza étnica, no puede comprenderse en profundidad sin situar en el centro la cuestión del derecho al retorno. No basta con horrorizarnos y atribuir la brutalidad del genocidio a un puñado de dirigentes sionistas: la dimensión colonial y genocida del sionismo trasciende a las personas concretas que encarnan hoy su liderazgo.
El derecho al retorno no es únicamente una reclamación jurídica reconocida por la legalidad internacional —tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todos los refugiados, como en la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU (1948), que lo consagra específicamente para la población palestina—; es, sobre todo, la brújula moral y política que orienta hacia la única solución justa y duradera: la descolonización integral de Palestina.
A Israel no le salen las cuentas
En el marco de la estructura colonial impuesta por el sionismo, Israel encarna la vieja máxima de toda empresa colonial: una minoría que, gracias a la dominación militar, económica y social, somete a la mayoría indígena.
La población judía israelí —en torno a 7,2 millones de personas— constituye hoy una minoría si se considera el conjunto de habitantes en todo el territorio de la Palestina histórica que hoy la entidad sionista mantiene bajo su control entre el Mediterráneo y el Jordán, donde conviven aproximadamente 2,1 millones de palestinos con ciudadanía israelí, las más de 3 millones de personas de población palestina de Cisjordania, los 2 millones de palestinos en Gaza y los cerca de 8 millones de refugiados palestinos en la diáspora, tanto en países árabes como en el resto de continentes. Son 7,2 millones de colonos judíos contrapuestos a 7,1 millones de indígenas palestinos solo en el territorio de la Palestina histórica, y a los casi 8 millones de palestinos de la diáspora esperando a regresar a sus casas en Jerusalén, Ber as-Saba, Nazaret o Haifa.
Esta realidad demográfica, que socava las premisas fundacionales de un «Estado exclusivamente judío», es la razón de fondo por la que el régimen israelí recurre, una y otra vez, a la violencia extrema: porque sus objetivos políticos no pueden imponerse mediante procedimientos democráticos, y «se ve obligado» a emplear el exterminio, la aniquilación y la limpieza étnica para garantizar su dominación colonial.
Israel nunca fue una democracia, y nunca lo será
El barniz de democracia liberal con el que Israel ha pretendido presentarse ante el mundo se ha ido agrietando progresivamente. Nunca lo fue, pero quedó constatado definitivamente tras la aprobación en 2018 de la Ley de Estado-Nación, que elevó a un marco pseudo-constitucional la exclusividad judía del Estado de Israel y consolidó al mismo nivel el apartheid que sufren los 2,1 millones de palestinos con ciudadanía israelí, mediante más de sesenta leyes discriminatorias contra la población palestina y árabe que los diferencian de los ciudadanos colonos de primera.
Este apartheid que sufre la población palestina con ciudadanía israelí ha sido documentado y denunciado por organizaciones como Human Rights Watch en 2021 o Amnistía Internacional en 2022.
En 2023 el legislativo israelí aprobó la polémica reforma del poder judicial en Israel, que atentaba contra la pretendida separación de poderes. Esta debía ser la puntilla que hiciera que Occidente reaccionase ante una colonia que se desprendía de los elementos que todavía podía justificarla como una democracia liberal burguesa, tras declaraciones y amenazas retóricas de líderes europeos y norteamericanos. Sin embargo, simplemente no pasó nada. La “democracia israelí” que se iba a morir de aprobarse, siguió viva sin problemas.
Y en estos momentos tenemos a un Estado que comete un genocidio (tal y como reconoce la ONU, y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya cautelarmente), con dirigentes electos por su ciudadanía haciendo apología del mismo. Y tenemos un marco del Derecho Internacional, que según la Convención de Ginebra y las medidas cautelares del Tribunal de La Haya obliga a tomar acciones para detenerlo, pero que no termina de ejecutarse por voluntades políticas de complicidad en el bloque imperialista estadounidense y europeo.
Europa se resiste por todos los medios a tomar cualquier tipo de medida coercitiva para impedir lo que es una barbarie a plena vista, pese al coste que puede tener para sus propios sistemas democráticos, y sigue comprando tiempo a Israel, por ejemplo posponiendo el debate sobre el Acuerdo de Asociación Preferente UE-Israel.
El derecho al retorno revela la naturaleza supremacista judía de Israel
La posibilidad de que regresen los refugiados palestinos, no solo a Cisjordania sino a las localidades de donde fueron expulsados en 1948 cuestiona el frágil equilibrio demográfico que Israel intenta preservar mediante la exclusión, la represión y la limpieza étnica.
La restitución del derecho al retorno supondría un golpe mortal al proyecto supremacista de Israel, de mantener un Estado con privilegios para los colonos israelíes, pues colocaría a los palestinos como mayoría efectiva y convertiría en minoría a quienes hoy detentan el poder colonial. De la misma manera que sucedía en Suráfrica, Israel no puede permitirse un Estado con igualdad de derechos y libertades, precisamente porque la igualdad desmontaría el andamiaje de su proyecto nacional-exclusivo y daría lugar a una realidad democrática que no podría controlar.
Para el proyecto sionista es imprescindible acabar con la UNRWA, la agencia de ayuda humanitaria a refugiados palestinos que se fundó en 1949, dos años antes que ACNUR, y que hoy es el organismo que mantiene un censo —incompleto— que contabiliza a 6 de los 8 millones de refugiados que tienen derecho al retorno. Por eso Israel ilegaliza su actividad en Palestina, la acusa y difama de vínculos con la resistencia palestina, y EE.UU. corta su aportación económica.
No es accidental, ni una decisión individual de sus dirigentes que Israel recurra al genocidio en Gaza o a las políticas de expulsión forzosa en los guetos de Cisjordania, sino la consecuencia lógica de un proyecto de supremacía étnica que no puede permitirse más esa pátina de aparente democracia sin que peligre su proyecto..
Por ello, resulta de una hipocresía y cinismo escandaloso, que desde España o desde cualquier rincón de Occidente se pretenda debatir si la solución a la colonización de Palestina, y a la violación más atroz de los derechos más básicos pasa por adoptar la forma de dos Estados.
No corresponde a quienes contribuyeron a partir la tierra palestina contra la voluntad de su pueblo —como hicieron los 33 países que en la Asamblea General de la ONU que votaron a favor del Plan de Partición en la polémica Resolución 181, aun con dos tercios del mundo bajo el colonialismo europeo— prescribir fórmulas prefabricadas que ignoran la raíz del conflicto. Antes de imaginar futuros marcos institucionales, la prioridad ineludible es reparar el daño histórico causado y restituir los derechos usurpados mediante una descolonización completa del territorio.
Primero los derechos, luego el Estado
Solo sobre la base de un espacio donde todas las personas que hoy viven dentro del territorio de la Palestina histórica (sean israelíes, palestinos con ciudadanía israelí, o palestinos bajo ocupación militar) disfruten de todos los derechos y libertades civiles, políticas y religiosas, y por supuesto, derecho a sufragio universal, podrá decidir democráticamente si esa población quiere organizarse en un Estado, en dos o en cinco.
Pretender imponer la forma del resultado antes de desmantelar el andamiaje colonial no solo es un camino que se lleva intentando infructuosamente más de 30 años, sino que además es una solución dada por muerta por el propio Israel. Y en el hipotético de que Israel quisiera, no soportaría ningún análisis riguroso sobre como constituir ese futuro Estado palestino al lado de Israel en una tierra fraccionada, sin continuidad territorial siquiera dentro de su territorio, y con el compromiso pendiente de los refugiados teniendo que volver a sus casas, sea en los territorios ocupados del 48, en Cisjordania o en Gaza.
Es por ello que, en el movimiento palestino y de solidaridad con Palestina, avanza una clarificación política e ideológica: primero los derechos, el retorno y la igualdad, y luego la forma de Estado. Cada vez más gente, dentro y fuera de Palestina, comprende que con Israel presente en su actual forma genocida no se puede plantear ningún futuro que no sea el de la continuación del colonialismo y la ocupación.
Porque no hay solución sin descolonización, no hay solución sin tumbar antes al régimen sionista supremacista judío que no es solamente un peligro para Palestina o la región árabe, sino para toda la humanidad.
