Comisiones Obreras ha instado al Gobierno a culminar la reforma del sistema de protección por desempleo, corrigiendo las aún numerosas carencias que afectan de manera desigual a mujeres, empleadas de hogar, personas mayores de 50 años y trabajadores autónomos. Así lo ha expresado Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, durante la presentación del Informe Anual sobre protección por desempleo (2024 y primer trimestre de 2025).
Bravo ha valorado positivamente la reforma del nivel asistencial que entró en vigor en noviembre de 2024, tras el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, lo que ha permitido alcanzar una tasa de cobertura del 76,3%, la más alta desde 2010. Sin embargo, ha subrayado que “no podemos conformarnos: aún hay cerca de medio millón de personas sin protección, y el 26% de las mujeres desempleadas no percibe ninguna prestación”.
Entre los avances logrados, destacó la eliminación del recorte por parcialidad en los subsidios, que permitía que muchas mujeres cobraran menos por haber tenido contratos a tiempo parcial. “Esta corrección tiene un impacto directo en la equidad de género: ahora, quienes accedan a un subsidio tras un contrato parcial, cobrarán la prestación completa”, explicó.
No obstante, Bravo denunció que persiste una “deuda histórica” con las empleadas de hogar. Aunque desde 2022 se les reconoce el derecho a prestación por desempleo, aún no se contemplan los periodos cotizados previos a octubre de ese año, ni se permite el acceso a la prestación a quienes fueron despedidas antes. “Son mujeres que no cotizaron por imposición legal, no por voluntad propia. Esta discriminación tiene que corregirse”, afirmó, advirtiendo que, si no hay respuesta política, el sindicato tomará la vía judicial.
Otro de los aspectos señalados en el informe es el debilitamiento de las redes autonómicas de protección tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Bravo criticó que muchas comunidades como Madrid, Andalucía o Aragón “lo han utilizado como sustitución de sus rentas mínimas, no como complemento, dejando sin cobertura al 28% de quienes antes recibían ayudas autonómicas”.
El informe también denuncia la escasa eficacia de la prestación por cese de actividad para autónomos. A pesar de que más de tres millones de personas cotizan por este concepto, el 50% de las solicitudes se deniegan, muchas por condiciones que CCOO considera “irracionales”, como tener que demostrar un endeudamiento del 150% tras la pérdida del principal cliente. Por ello, el sindicato exige reactivar el Observatorio creado para evaluar esta prestación, que no se ha vuelto a reunir desde su constitución.
Por su parte, Hortensia García, integrante de la Secretaría y autora del informe, alertó del crecimiento del subsidio para mayores de 52 años, que ya representa el 53% del total de prestaciones asistenciales. “La falta de políticas activas para reincorporar al empleo a personas mayores de 50 años hace que otras medidas, como la jubilación flexible, queden desdibujadas”, advirtió.
El informe constata además fuertes desigualdades territoriales. Mientras que comunidades como Andalucía, Aragón o Cataluña presentan tasas de cobertura superiores a la media, en Ceuta, Melilla, País Vasco y Canarias se sitúan entre las más bajas. En las dos ciudades autónomas, más de la mitad de las personas desempleadas carecen de protección.
También se recoge una importante brecha de género: aunque hay más mujeres beneficiarias, su tasa de cobertura (71,3%) es 12,5 puntos inferior a la de los hombres (83,8%), debido a su sobreexposición a empleos precarios y de jornada parcial. Por último, Bravo reclamó una reforma pendiente desde hace años: la separación de fuentes de financiación. “Hoy las cotizaciones de los trabajadores pagan también políticas activas y subsidios que deberían costearse con impuestos. El sistema genera superávit casi todos los años. Ese dinero no debe servir para aliviar el presupuesto general, sino para mejorar las condiciones de quienes peor lo pasan”, concluyó. CCOO reclama así un nuevo proceso de diálogo social que garantice un sistema de protección justo, universal y libre de discriminaciones.
