El Gobierno andaluz ha aprobado una nueva prórroga de tres meses a los contratos negociados sin publicidad con hospitales privados para atender a pacientes de la sanidad pública en lista de espera quirúrgica. La medida, que afecta a siete provincias andaluzas, prolonga hasta septiembre los acuerdos firmados inicialmente en junio de 2024 y se justifica por el parón asistencial derivado del plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que este año llega con menos presupuesto, menos personal contratado y más cierres de centros de salud por las tardes.
Los contratos adjudicados a dedo, sin licitación abierta ni concurrencia competitiva, suman ahora otros 12,7 millones de euros —a falta de calcular Cádiz— y se suman a los 222 millones ya autorizados por el Consejo de Gobierno en febrero. Aunque desde la Consejería de Salud insisten en que esta prórroga no supone un aumento del gasto total previsto, forma parte de un proceso que ha acumulado más de cinco años de contrataciones opacas con clínicas privadas desde el inicio de la pandemia.
Desde 2020, el SAS ha recurrido sistemáticamente a fórmulas excepcionales como contratos de emergencia, menores o negociados sin publicidad para externalizar cirugías y pruebas diagnósticas, al margen del sistema público. Aunque en noviembre de 2023 el Gobierno diseñó un Acuerdo Marco para regular la contratación abierta con más de 700 clínicas, la iniciativa lleva más de año y medio paralizada. Según el propio SAS, la licitación no ha podido avanzar debido a los recursos interpuestos por varias empresas ante el Tribunal Andaluz de Recursos Contractuales.
Pese a haber anunciado en junio que los Acuerdos Marco entrarían en vigor este mes de julio, la Junta ha reconocido que “no se cumplirán los plazos” y ha vuelto a optar por prorrogar los contratos con las mismas clínicas, entre las que figuran grandes grupos privados como Quirón, HLA-Asisa, Vithas o Cruz Roja. Estos grupos ya absorbieron el 80% de los contratos de emergencia entre 2021 y 2023, ahora bajo investigación judicial.
La Fiscalía Anticorrupción y dos juzgados, en Sevilla y Cádiz, investigan si hubo prevaricación y malversación en la adjudicación de más de 240 millones en contratos a dedo con la sanidad privada, ya con las condiciones de emergencia sanitaria derogadas. Tres gerentes del SAS están imputados, así como responsables provinciales por el presunto fraccionamiento fraudulento de contratos menores.
Mientras tanto, el Plan de Verano 2025 del SAS, destinado a cubrir la atención sanitaria en los meses estivales, ha sido recortado: cuenta con 135 millones (nueve menos que el año anterior) y prevé menos contratos (36.500 frente a 37.300 en 2024). La Junta también ha confirmado el cierre del 75% de los centros de salud por la tarde en estos tres meses, lo que agrava la saturación de los servicios públicos y refuerza la necesidad de derivaciones al sector privado.
Izquierda Unida y el Partido Comunista han denunciado que esta estrategia supone un “desmantelamiento progresivo” de la sanidad pública en beneficio del negocio privado. En el arranque de su campaña Nuestra salud importa más que su negocio, han iniciado un recorrido por toda la provincia de Málaga para visibilizar los recortes del plan de verano del PP y exigir el fin de los contratos opacos con la privada.
“La Junta recorta recursos en la pública mientras transfiere fondos a clínicas privadas con cargo al bolsillo de todos los andaluces”, denunció Toni Morillas, coordinadora provincial de IU, desde el Hospital de Antequera. “Es inaceptable que en plena temporada turística sólo abran 25 centros de salud por las tardes en Málaga”, añadió.
Por su parte, Toni Valero, coordinador andaluz de IU, acusó al Gobierno de Moreno Bonilla de “poner la sanidad pública al servicio de fondos de inversión y multinacionales sanitarias”, mientras se multiplican las denuncias por corrupción. “Privatización y corrupción van de la mano con el PP”, alertó.
El también diputado en el Congreso anunció que pedirá explicaciones por presuntos sobrecostes y trato de favor en el servicio de vigilancia del Hospital Regional de Málaga. IU advierte que seguirá movilizada en toda Andalucía para “frenar el desmantelamiento de la sanidad pública” y exigir una gestión transparente, centrada en lo público y libre de intereses privados.Final del formulario
