Alemania ha oficializado su respaldo a la creación de centros para deportar migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea, una iniciativa que gana apoyos en el bloque comunitario y que refuerza el giro hacia políticas migratorias más restrictivas. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificó este martes el plan como un “enfoque innovador absolutamente esencial”, marcando un punto de inflexión en la posición del país, que hasta hace poco se había mantenido más prudente en este terreno.
La propuesta, originalmente impulsada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con un proyecto piloto en Albania, ha ido sumando adeptos entre los gobiernos europeos. La Comisión Europea asumió la idea al incluir este tipo de dispositivos extraterritoriales en su propuesta de directiva sobre los retornos, presentada en marzo. En paralelo, la lista de países favorables al modelo ha ido creciendo, con el apoyo expreso de al menos quince Estados miembros —entre ellos Dinamarca, Polonia, Austria, Grecia y los Países Bajos— y ahora también con Alemania, bajo un nuevo liderazgo más proclive a políticas de control migratorio.
El anterior canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, se había distanciado de los jefes de Gobierno más alineados con esta línea dura y no participó en las reuniones que presionaban a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para acelerar este tipo de medidas. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo ha clarificado su postura, sumándose con firmeza al bloque favorable a los centros de deportación extracomunitarios.
La iniciativa forma parte de una tendencia más amplia en la UE, marcada por el endurecimiento progresivo de su política migratoria. La aprobación del Pacto de Migración y Asilo en diciembre de 2023, que entrará en vigor próximamente, consolidó la llamada ‘Europa fortaleza’, con un enfoque centrado en frenar las llegadas y facilitar las expulsiones. En este contexto, los centros fuera de la UE se presentan como una solución para agilizar los retornos de personas en situación administrativa irregular.
Uno de los ejes del plan es ampliar el concepto de “país seguro”, lo que permitiría expulsar a migrantes no necesariamente a sus países de origen, sino a terceros Estados considerados seguros, aunque no exista vínculo directo. Bruselas ha propuesto incluso eliminar el requisito de conexión para estas expulsiones, abriendo la puerta a devoluciones más flexibles desde el punto de vista jurídico.
Los ministros del Interior de la UE abordaron estas propuestas en una reunión celebrada en Copenhague, donde constataron el creciente consenso en torno a este enfoque. La declaración conjunta suscrita por Dinamarca, Italia, Grecia, Finlandia y otros países del Este y del centro de Europa refleja ese giro colectivo. Francia, aunque aún reticente por motivos constitucionales, también ha dado señales de acercamiento. “Hoy la lógica es un plazo voluntario de salida. Mañana debe ser la expulsión forzada”, afirmó el ministro Bruno Retailleau.
En este contexto, España destaca como una de las pocas voces críticas dentro de la UE. El Gobierno español ha expresado con claridad su rechazo a los centros de deportación fuera del territorio comunitario, manteniéndose al margen de los grupos que impulsan estas medidas. Una postura que contrasta con la tendencia generalizada en el bloque y que lo sitúa en una posición minoritaria pero significativa, en un momento de radicalización de la xenofobia en prácticamente todo el espectro político. La transformación del mapa político en Europa ha influido notablemente en esta evolución. El avance de la extrema derecha ha empujado a gobiernos de distinto signo ideológico a adoptar discursos y medidas más restrictivas. En países como Dinamarca o Portugal, donde recientemente se ha aprobado una ley migratoria impulsada por la derecha y la extrema derecha que restringe derechos fundamentales, los consensos tradicionales sobre derechos y acogida están siendo cuestionados.
