El juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el cierre de dos centros, La Fortaleza I y Arinaga, gestionados por la entidad Quórum77 y la detención de dos de sus directivos, entre ellos su presidenta, tras constatar numerosas evidencias de malos tratos sistemáticos, graves vulneraciones de derechos a menores migrantes, incluidas presuntas torturas, delitos de odio y amenazas que han sido objeto de denuncias durante años por parte de entidades sociales y de defensa de derechos humanos.
Desde Izquierda Unida Canaria (IUC) ha exigido al Gobierno de Canarias la rescisión inmediata de todos los contratos con la entidad Quórum Social 77 tras conocerse el cierre judicial. “La gravedad de los hechos es insoportable. Estamos hablando de delitos contra la integridad moral de niños, niñas y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad. Si desde las instituciones no se corta de raíz esta complicidad estructural, entonces el maltrato se convierte en política pública”, ha afirmado Luisa Tamayo, coordinadora nacional de IUC.
La organización de izquierdas reclama además una investigación parlamentaria, el cese de responsables políticos implicados en la supervisión de estos recursos y la reorientación completa del modelo de atención a infancia migrante en las islas.
Según datos oficiales, Quórum77 gestiona más de la mitad de los centros destinados a la acogida de menores migrantes en Canarias. Se trata de una concentración de contratos, sin transparencia ni mecanismos de evaluación sólidos. A juicio de Luisa Tamayo la responsabilidad política por el descontrol institucional es ineludible. «No se trata de un problema puntual —manifestó la dirigente de IU Canarias— las irregularidades eran conocidas, los informes estaban sobre la mesa y aún así se ha seguido premiando a una entidad que no debía seguir gestionando la vida de nuestros niños», por lo que exigen explicaciones a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y al presidente Clavijo.
Desde IU Canarias subrayan que este modelo privatizado y mercantilista de atención a la infancia migrante debe terminar. En su lugar, propone un sistema público, con recursos suficientes, supervisión independiente, personal formado y coordinación con entidades del tercer sector con arraigo y trayectoria en derechos humanos.
IUC ha anunciado que impulsará mociones en los ayuntamientos y cabildos para exigir al Gobierno de Canarias transparencia sobre todos los contratos con Quórum77, así como para reclamar un plan de acogida alternativo, basado en derechos, descentralización y participación social. También llamará a las fuerzas políticas progresistas a articular una posición común que blinde la dignidad de cada niño y niña bajo protección en Canarias.
Fuente: iucanarias.org
