La segunda ola de calor del verano ha colocado a casi toda la península ibérica en riesgo extremo de incendio forestal. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mapa se tiñe de rojo intenso con temperaturas inusualmente altas, baja humedad y viento, una combinación que los expertos consideran “ideal” para la propagación de las llamas. No es un fenómeno aislado: estudios científicos apuntan a que las olas de calor en España son ahora más frecuentes, intensas y duraderas debido al calentamiento global, estrechamente ligado a un modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico inmediato sobre la gestión planificada de los recursos, alargando la temporada de incendios y aumentando la probabilidad de fuegos de gran magnitud.
La dinámica es clara. Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero retienen calor en la atmósfera y elevan la temperatura media del planeta. Esto, en el Mediterráneo, se traduce en un 55% más de días con riesgo extremo de incendio desde 1980, y en un incremento del 132% en las jornadas de máximo peligro, según un estudio internacional en el que participó el CSIC. Allí donde hay vegetación seca, las condiciones meteorológicas —temperatura, humedad, viento y ausencia de lluvias— determinan si un fuego se convierte en un siniestro difícil de controlar.
Un ejemplo reciente fue el incendio de Torrefeta (Lleida) a comienzos de julio. En pocas horas, una chispa —probablemente de maquinaria agrícola— prendió un paisaje agrícola reseco, con temperaturas extremas y viento fuerte. El fuego avanzó a velocidades de hasta 30 km/h, generó un pirocúmulo y calcinó más de 6.500 hectáreas, causando la muerte de dos personas. Los bomberos lo clasificaron como incendio de sexta generación, inabordable con medios humanos. Solo unas lluvias puntuales ayudaron a frenar su avance.
Este episodio llegó tras el junio más cálido registrado en España, con una temperatura media de 23,6 ºC, 3,5 ºC por encima de lo habitual, incluso superior a la media histórica de julio o agosto.
El patrón se repite. Estos días, el incendio declarado en Tarifa (Cádiz) sigue activo y fuera de control. Originado presuntamente en una caravana de un camping, se propagó con rapidez debido al fuerte viento de levante. La emergencia ha obligado a desalojar a 1.500 personas, cerrar carreteras y evacuar hoteles, campings y chiringuitos, además de desplazar más de 5.000 vehículos. El Plan Infoca y otros servicios de emergencia han desplegado hasta 17 medios aéreos y numerosos efectivos terrestres para intentar frenar su avance. Aunque se registraban progresos en el flanco sur, las autoridades advierten de que en los frentes norte y este hay aún “bastante actividad”, y piden a la población extremar la precaución y atender únicamente a las indicaciones oficiales.
En paralelo, Francia afronta uno de los incendios más graves de su historia reciente. En el macizo de Corbières, cerca de Narbona, un fuego ha quemado ya más de 14.000 hectáreas y afectado a 15 municipios. Una persona ha muerto, otra está desaparecida y dos más han resultado heridas graves. Las autoridades han movilizado 1.900 bomberos y 500 vehículos, han ordenado confinamientos y evacuaciones, y mantienen cortadas carreteras principales como la A9, que conecta con España por La Jonquera. El coronel de bomberos Christophe Magny describe una evolución “muy rápida” del incendio, que ha arrasado una superficie equivalente a todo el término municipal de París.
La conexión entre estos episodios y la crisis climática es directa. Un informe del Joint Research Center de la UE confirma que las temperaturas extremas, combinadas con vegetación seca y viento, tienen un impacto cada vez mayor en la generación de grandes incendios. A escala global, el riesgo meteorológico ha crecido un 27% en cuatro décadas, pero en el Mediterráneo el aumento es del 55%.
En este contexto, los especialistas en gestión del fuego insisten en que no basta con reforzar los dispositivos de extinción. La estadística del Ministerio para la Transición Ecológica muestra que, en España, el 52% de los incendios tienen origen intencionado y el 28% son fruto de negligencias o accidentes; apenas el 5% se debe a rayos. Reducir esos porcentajes es clave para evitar que, en días de riesgo extremo, una chispa se transforme en un desastre.
El verano de 2025 está mostrando cómo el cambio climático está reconfigurando el calendario y la intensidad de los incendios en Europa. España y Francia, junto con otros países mediterráneos, afrontan una vulnerabilidad creciente ante un patrón climático que ya no es excepcional, sino recurrente. La combinación de olas de calor más prolongadas, vegetación cada vez más seca y mayor presión humana sobre el territorio —resultado de un modelo depredador que expone los recursos naturales a la lógica de beneficio inmediato— choca con la necesidad de una planificación económica y ambiental que ponga la preservación del territorio y el bienestar colectivo por encima de los intereses del capital. Sin una reducción drástica de emisiones y una estrategia que integre gestión forestal, uso del suelo y educación ciudadana, el riesgo es que los veranos del futuro sean una sucesión de emergencias que pongan a prueba no solo los sistemas de protección civil, sino también la resiliencia económica, social y ambiental de la región.
