El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto para Javier Aijón y Adrián Latorre, dos de los conocidos como “los 6 de Zaragoza”, el grupo de jóvenes condenados a cuatro años y nueve meses de prisión por los disturbios registrados durante una protesta contra un mitin de Vox en enero de 2019 en la Universidad de Zaragoza. La medida de gracia, anunciada por la ministra portavoz Pilar Alegría, cuenta con el aval de la Fiscalía y del Tribunal Supremo.
Ambos habían sido condenados por un delito agravado de desórdenes públicos, tras unos altercados en los que se quemaron tres contenedores, se dañaron cinco vehículos y seis agentes resultaron heridos. Pese a que reconocieron su participación en la protesta, siempre negaron haber cometido actos violentos. Junto a ellos fueron condenados Antonio Daniel L. e Imad M.B., que siguen en prisión, y dos menores que evitaron la cárcel al ser sancionados con una multa y libertad vigilada.
Desde la asociación Libertad 6 de Zaragoza celebraron el indulto como una “victoria del movimiento popular” que durante seis años ha denunciado el caso, aunque recordaron que llega tras “526 días en la cárcel para Javier y 491 para Adrián”. En un comunicado, denunciaron que se trató de “detenciones aleatorias y sentencias injustas basadas solo en la opinión policial” y expresaron preocupación por la situación de los dos jóvenes que aún siguen entre rejas, especialmente la de Imad, “cuyo estado de salud mental es delicado”.
Por su parte, Vox rechazó de plano la medida. Su diputado regional David Arranz calificó los indultos de “vergüenza” y acusó al Gobierno de actuar por “motivos ideológicos y partidistas” en contra de tres sentencias judiciales firmes. “Se lanza un mensaje peligroso: barra libre para atacar a los militantes y afiliados de Vox”, denunció, vinculando además la decisión con lo que considera la connivencia del Ejecutivo con otras protestas como las propalestinas.
Con la concesión del indulto, Javier Aijón y Adrián Latorre quedarán en libertad de manera inmediata, mientras el Gobierno se mantiene en el centro de la polémica entre las asociaciones de apoyo a los jóvenes, que reclaman la excarcelación de todos, y la oposición de Vox, que acusa al Ejecutivo de “desautorizar al poder judicial”.
