El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, con dos semanas de retraso, el decreto ley que establece el embargo de armas a Israel. La medida, que deberá ser convalidada por el Congreso, prohíbe la importación y exportación de armamento y material de doble uso, así como el tránsito por territorio español de combustible destinado a las Fuerzas Armadas israelíes.
El texto legal, compuesto por cuatro artículos y siete disposiciones, sitúa el embargo dentro del marco de herramientas diplomáticas y coercitivas que utilizan los Estados para preservar la paz, proteger los derechos humanos y evitar el comercio ilícito de armas. Sin embargo, el Gobierno se reserva la potestad de autorizar “excepciones puntuales y excepcionales” cuando la aplicación estricta de la prohibición suponga un menoscabo para los intereses nacionales. Entre estos supuestos se incluyen los repuestos necesarios para equipos en uso por el Ejército español.
La normativa también introduce un veto al comercio con los territorios palestinos ocupados. Desde su entrada en vigor —el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)— quedará prohibida la importación en España de productos originarios de los asentamientos israelíes, en línea con la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024. Para garantizar el control, las declaraciones de mercancías deberán incluir el código postal y la localidad de origen, y la Agencia Tributaria elaborará un listado de las localidades afectadas. Además, la publicidad de productos procedentes de esos territorios será considerada ilícita.
El decreto no incluye, sin embargo, la prohibición expresa del tránsito de armamento con destino a Israel a través de puertos españoles, una medida que sí se aplica en el caso del combustible. El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, defendió que se trata de un “embargo total” y explicó que la denegación del tránsito de armas ya se contempla en la legislación española bajo decisiones de política exterior. “Lo que hacemos ahora es reforzar esas decisiones”, señaló, al tiempo que subrayó que España permanecerá “pendiente y vigilante” para evitar desvíos dentro de la Unión Aduanera.
El decreto establece que el Gobierno deberá comparecer en el Congreso cada tres meses para rendir cuentas sobre la aplicación de estas medidas y, en particular, sobre las excepciones autorizadas. En cuanto a la retroactividad, la norma se remite a la legislación vigente sobre el comercio exterior de material de defensa, que permite suspender o revocar licencias ya concedidas, así como denegar las solicitudes en curso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo calificó la decisión como un “paso contundente” con el que se han “agotado todos los márgenes de actuación legal”. “Hemos llegado al máximo”, afirmó, asegurando que España seguirá presionando a nivel europeo para endurecer la respuesta a la situación en Oriente Próximo. Socios del gobierno como Izquierda Unida han celebrado la medida, afirmando que seguirán «empujando para que no exista ninguna relación política, comercial, académica, deportiva o cultural con un Estado genocida».
La aprobación del embargo coincide con la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el reconocimiento internacional del Estado palestino ha cobrado impulso tras la adhesión de países como Reino Unido, Francia o Canadá a la mayoría de Estados que ya lo respaldan.
