Es importante no olvidar el contexto histórico antes de valorar la propuesta del presidente Trump y enmarcarla en las reivindicaciones del pueblo palestino sostenidas desde la creación impuesta del estado de Israel.
El contencioso Israel-Palestina es uno de los conflictos internacionales más longevos, dramáticos e insumisos a las resoluciones emitidas desde las Naciones Unidas. La primera, la 181, aprobada el 29 de noviembre de 1947, (NN.UU. resolución 181) por la que se decidió la división de Palestina en dos estados, el árabe y el judío. Israel, además de no cumplir esta primera resolución ha incumplido otras veinticinco relevantes con relación a la discriminación racial, asentamientos ilegales, derecho al retorno o el retiro de las fuerzas militares de los territorios árabes ocupados en 1967.
Si compartimos la caracterización de Isaías Barreñada, partiremos de la partición de legitimidad dudosa realizada por Naciones Unidas de Palestina en 1947, al no haber permitido el ejercicio de la autodeterminación del pueblo palestino. Según Barreñada, […] «permitió el establecimiento del Estado de Israel y dio pie a la primera guerra árabe-israelí; a consecuencia de esta tuvo lugar una vasta limpieza étnica, la dispersión de la población autóctona árabe palestina y la división del territorio» (CEIPAZ,p.169,2008) Con la ocupación de Gaza y Cisjordania, Israel mantiene una política neocolonial a través de su política de asentamientos ilegales e impide el regreso de los refugiados palestinos verdaderos pobladores originarios de Palestina. En rigor, estamos ante una desposesión del pueblo palestino que dura setenta siete años y cincuenta y siete años de ocupación, desde 1967.
Partimos pues de un caso de colonialismo y una partición impuesta por la fuerza y por tanto injusta.
El marco de actuación de todas las organizaciones políticas y sociales palestinas están amparadas por la resolución 3070 artículo 2 de la Asamblea de las Naciones Unidas: «2. Reafirma igualmente la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y de la subyugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada;» (Resolución 3070, 1973).
La ocupación militar de Gaza y la continua y permanente agresión militar israelí en Cisjordania contra el pueblo palestino, persigue hacer inviable la creación de un Estado Palestino.
Es en ese contexto de colonización impuesta es desde donde se debe valorar la propuesta de Trump:
1º.- Corresponde al pueblo palestino y a sus legítimos representantes la gestión y administración de sus territorios y culminar la descolonización con la creación del estado palestino.
2º.- Como todo proceso pendiente de descolonización, corresponde a las Naciones Unidas la intervención para garantizar, en el marco de la Carta de Naciones Unidas, la descolonización del pueblo palestino
3º.- En el caso concreto del genocidio perpetrado en Gaza por la administración Netanyahu con la colaboración expresa de los EE.UU., la solución no puede darse desde los responsables de ese genocidio, pendiente de resolución de la Corte Penal Internacional que curso orden de detención a Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
4º.- El presidente Trump pretende, de forma ilegítima usurpar el papel que le corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones para proponer, de acuerdo al derecho internacional, solución al conflicto, en este caso, al genocidio que se comete en Gaza.
5º.- Cualquier propuesta que pretenda poner fin al genocidio en Gaza se debe realizar con la interlocución de las NN.UU., la autoridad nacional palestina y el estado de Israel.
6º.- La asunción del presidente Trump de asumir el control y dirección sobre el territorio de Gaza en forma de «protectorado» redunda en una concepción colonial inadmisible y contraria al derecho internacional. 7º.- Finalmente, la paralización de la política genocida de la administración Netanyahu debe venir acompañada de garantías que permitan la viabilidad de la construcción del estado palestino
