Si algo ha hecho el feminismo durante décadas es defender algo tan sencillo y a la vez tan poderoso como que tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
El derecho al aborto tiene un día internacional —el 28 de septiembre— porque es una lucha en todo el globo y que allí donde lo hemos conquistado seguimos teniendo que defenderlo contra quienes buscan arrebatárnoslo ya sea ilegalizándolo o impidiéndonos su práctica. Es por ello que como todos los años la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid se manifestaba frente al Ministerio de Sanidad para reivindicar un aborto seguro, libre y gratuito.
Y es que mientras el Ministerio de Sanidad presentaba la web quieroabortar.org, una página con información, orientación y acompañamiento para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en el Ayuntamiento de Madrid PP y Vox aprobaron una moción mediante la cual el gobierno de la capital se comprometía a hablar del supuesto «síndrome posaborto» en los servicios públicos municipales y en las webs oficiales, un síndrome sin ninguna evidencia científica que más tarde el propio alcalde de Madrid ha tenido que reconocer.
Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Madrid se suma a la ola reaccionaria internacional que, dentro de su agenda, pone el foco en recortar nuestros derechos. Se trata de una violencia patriarcal institucional financiada con dinero público que tiene en su punto de mira al feminismo por ser uno de los movimientos con mayor capacidad de cuestionar las lógicas que rigen nuestro día a día e impulsar su transformación.
A la fiesta reaccionaria también se ha sumado Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha afirmado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que en la Comunidad de Madrid no se va a crear el registro de objetores de conciencia para los médicos de la sanidad pública que se niegan a realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Su intervención ha finalizado con un “que se vayan de Madrid a abortar”, lo que demuestra que en su proyecto para la Comunidad de Madrid, la libertad solo es para quienes hacen negocio con nuestros derechos.
Un derecho reconocido pero no garantizado
Cabe recordar que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está recogido en la legislación española, pero durante décadas no ha sido garantizado por la sanidad pública.
De hecho, solo el 0,4% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid durante 2024 se hicieron a través de la sanidad pública, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid son hoy la punta de lanza contra los derechos de las mujeres.
Una lucha histórica en constante defensa
El derecho al aborto en España ha estado históricamente en disputa. Un ejemplo reciente y paradigmático fue el intento de reforma restrictiva impulsado por el entonces ministro Gallardón, que desencadenó una contundente respuesta social. Iniciativas como el «Tren de la Libertad» movilizaron a miles de mujeres y finalmente forzaron la dimisión del ministro y la retirada de la propuesta.
En febrero pasado, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentó una propuesta para garantizar constitucionalmente la interrupción voluntaria del embarazo, asegurando los poderes públicos el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física.
Esta iniciativa sigue el camino trazado por Francia, que ya ha incorporado este derecho en su texto constitucional.
Un paso histórico hacia el futuro
Hace unos días, el presidente del Gobierno anunció que llevará esta reforma constitucional al Congreso, sumándose a los pasos ya marcados por su socio de coalición, que presentó meses atrás una propuesta de reforma. Incluir este derecho en la Constitución es un paso imprescindible, no sólo para prevenir futuros retrocesos legislativos, sino también para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo de manera plena y universal, convirtiendo un derecho formal en una realidad accesible.
