Mientras el PP andaluz celebraba este fin de semana su XVII Congreso regional en Sevilla —una cita que ha reelegido a Juanma Moreno como presidente del partido con más del 99,9% de apoyos— las calles de Andalucía vivían una escena muy distinta: decenas de miles de ciudadanos salieron a la calle para denunciar el deterioro de la sanidad pública y exigir responsabilidades políticas por los fallos masivos en el programa de cribado de cáncer de mama.
La movilización, convocada por la Marea Blanca y respaldada por los sindicatos CCOO y UGT, se extendió por las ocho provincias, con una participación que, según la Policía Nacional, alcanzó las 56.700 personas. Las organizaciones convocantes elevan la cifra muy por encima: sólo en Sevilla, aseguran haber superado las 25.000 manifestantes, desbordando las principales avenidas de la ciudad en una marcha que unió el apeadero de San Bernardo con el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autonómico.
En Málaga, alrededor de 20.000 personas recorrieron el centro histórico reclamando “Sanidad pública de calidad” y denunciando la «privatización encubierta» del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Granada movilizó a otras 12.500; Córdoba, más de 4.000; Cádiz y Jaén, unas 3.000 cada una; Huelva, 1.200; y Almería, alrededor de un millar.
Un clamor popular por la dignidad de la salud pública
Las consignas eran claras: “Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha” o “Bonilla dimisión”. El mensaje que se repitió en todas las provincias fue el mismo: la gestión sanitaria del Gobierno andaluz está “desmantelando la sanidad pública”, reduciendo plantillas, externalizando servicios y aumentando las listas de espera. La crisis provocada por los graves fallos en los cribados de cáncer de mama —que dejó sin detectar casos graves a mujeres durante meses— ha sido el detonante que ha hecho estallar el malestar acumulado durante años.
“La situación de la sanidad andaluza no es un error puntual: es un deterioro planificado”, denunció Marea Blanca, que recordó que “el escándalo de los cribados es solo la punta del iceberg de un modelo orientado a debilitar lo público para justificar la privatización”.
El Gobierno andaluz se blinda y habla de «politización»
A pesar de la magnitud de las protestas, el Ejecutivo de Moreno resta importancia a la crisis. Desde la Junta señalan que la fase “crítica” del problema ya está superada y consideran que la movilización de este domingo está “politizada” al contar con el respaldo explícito del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
No obstante, la asistencia masiva, el grito compartido de pacientes, profesionales sanitarios y ciudadanía, y la presencia de organizaciones que semanas atrás destaparon el escándalo —como la asociación Amama— revelan una realidad más profunda: el descontento social no es fruto del partidismo, sino del desgaste de un sistema sanitario que fue durante años motivo de orgullo colectivo.
La fractura sindical: un intento de desmovilización
La manifestación llegó debilitada por la retirada de última hora de los sindicatos Satse y CSIF, mayoritarios entre enfermería y personal sanitario. Las organizaciones alegaron «desacuerdos» internos, pero diversos sectores apuntan a las presiones ejercidas por el Gobierno andaluz. Moreno convocó días antes a la dirección del Colegio Andaluz de Enfermería, que terminó desmarcándose de la marcha. Pese a ello, la afluencia demostró que el malestar ciudadano va más allá de siglas.
Un modelo sanitario en disputa
El conflicto va más allá del error en los cribados. Lo que está en juego es el modelo de sanidad andaluz. De un lado, un Gobierno que impulsa conciertos con la sanidad privada y reduce la inversión directa; del otro, una ciudadanía que reclama que la salud sea un derecho garantizado por el Estado y no una mercancía sujeta a intereses económicos.
Las protestas de este domingo suponen el mayor desafío social para el Gobierno de Juanma Moreno en los últimos siete años. Un aviso claro: Andalucía no está dispuesta a renunciar a su sanidad pública.
“Moreno Bonilla, queremos más plantilla. Las listas de espera nos están matando”.
Ese fue el grito que atravesó toda la comunidad. Y que, lejos de apagarse, promete regresar. Porque la salud —como recordó la Marea Blanca— no es un privilegio: es un derecho.
