El último Consejo de Ministros del año ha servido al Gobierno para aprobar un decreto ley de amplio alcance social con el que prorrogar y ampliar medidas que caducaban el próximo 31 de diciembre, en un contexto marcado por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y por el impacto político de la debacle socialista en Extremadura. La reunión ha supuesto, además, el estreno de Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno, designada por Pedro Sánchez apenas un día después del varapalo electoral en la comunidad extremeña.
Saiz, que compagina la portavocía con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha agradecido la confianza recibida “concretamente ahora”, en un momento en el que en el PSOE se extiende una sensación de fin de ciclo. Frente a ese diagnóstico, el presidente del Gobierno mantiene su aspiración de agotar la legislatura y reivindica que su Ejecutivo es “más necesario que nunca” ante el crecimiento “aplastante” de la ultraderecha.
Prórroga de ayudas sociales y protección a los más vulnerables
Entre los principales argumentos que esgrime Moncloa para justificar esa continuidad figuran los avances sociales y las medidas de protección incluidas en el decreto ley, que deberá ser convalidado por el Congreso en enero. El texto contempla la revalorización de las pensiones y la prórroga de la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, una medida vigente desde la pandemia y que expiraba a final de año.
Además, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la compensación a los propietarios afectados por la suspensión de los desahucios, que podrá solicitarse hasta el 31 de enero de 2027. Queda fuera, no obstante, una de las exigencias de Sumar: la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen este año, unos 600.000 en total.
El decreto también prolonga durante todo 2026 los descuentos del bono social energético para consumidores domésticos vulnerables, que alcanzarán el 42,5% para los vulnerables y el 57,5% para los vulnerables severos. Asimismo, se mantiene la prohibición del corte de suministros de agua, gas y electricidad hasta finales de 2026.
Incentivos fiscales y medidas para autónomos y empresas
En materia fiscal, el Gobierno mantiene en 2026 los incentivos para la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga —incluida la deducción del 15% en el IRPF— y las actuaciones de eficiencia energética en edificios. También se prorrogan los límites del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, así como los módulos del IRPF para pequeños autónomos, con la excepción de las actividades agrarias, que cuentan con su propio umbral de ingresos.
Las empresas beneficiarias de ayudas directas incluidas en el decreto no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos. Por razones de “seguridad jurídica”, se prorroga igualmente el actual Salario Mínimo Interprofesional —39,47 euros diarios o 1.184 euros mensuales— hasta que se acuerde una nueva cuantía tras la negociación con los agentes sociales.
El texto incorpora además exenciones fiscales en el IRPF para ayudas concedidas por daños personales derivados de los incendios forestales del verano y para determinadas ayudas a afectados por la dana, tanto en el ámbito del mantenimiento del empleo como de la reactivación económica. También se introducen ajustes técnicos en el IVA y en el impuesto de plusvalía municipal.
Pensiones, IMV y cuotas de autónomos
El macrodecreto incluye la subida de las pensiones mínimas, que aumentarán entre un 7% y un 11,4%, así como de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, que se incrementarán un 11,4%. Las cuotas de los autónomos, por su parte, se mantienen congeladas durante 2026.
Pese a las quejas del PNV, el Gobierno ha optado por agrupar todas estas medidas en un único decreto ley, reforzando su carácter social en un momento de fragilidad parlamentaria.
Un nuevo abono único de transporte
En un decreto separado, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo abono único de transporte, que permitirá utilizar los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como los autobuses de concesión estatal, mediante una tarifa plana mensual. También se amplían a 2026 las ayudas al transporte público vigentes. “Son tus impuestos”, defendió el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien advirtió de que “un Gobierno de PP y Vox lo primero que suprimiría sería esta ayuda”.
Extremadura y el discurso contra la ultraderecha
La sombra de las elecciones en Extremadura ha planeado sobre toda la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Saiz lamentó la baja participación —la mínima histórica, con una caída de más de ocho puntos— y el fuerte crecimiento de Vox, que ha duplicado su representación. La portavoz cargó contra la presidenta extremeña, María Guardiola, y contra el PP por haber convocado las elecciones “por interés personal”, lo que, a su juicio, ha reforzado a la ultraderecha.
Desde el Ejecutivo descartan que estas declaraciones impliquen facilitar la gobernabilidad de Guardiola para mantener un cordón sanitario a Vox. “La responsabilidad tiene nombres y apellidos: el PP de Feijóo y de Guardiola”, insistió Saiz, acusando a los populares de pactar y aplicar “políticas de ultraderecha”. En Moncloa sostienen que el Gobierno central “está saliendo al rescate” frente a una involución política que, advierten, aún no ha mostrado todas sus consecuencias en los territorios gobernados por la derecha.
