El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarísimamente los servicios mínimos establecidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para la huelga general del 11 de noviembre en la Administración de Justicia, Educación y Transportes, y ha ordenado sustituirlos por los que se aplicaron durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. La resolución, que deja fuera al Metro de Madrid, estima parcialmente el recurso presentado por CC.OO. y considera que las dotaciones impuestas por el Ejecutivo regional de Madrid podían llegar a «vaciar de contenido» el derecho fundamental de huelga.
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo responde a la petición de medidas cautelarísimas presentada por los servicios jurídicos de CC.OO. contra el acuerdo del Consejo de Gobierno regional del pasado 4 de noviembre. El tribunal ha exigido el «inmediato cumplimiento» de la resolución para evitar que una eventual sentencia favorable a los trabajadores llegase cuando el derecho de huelga ya no pudiera ejercerse.
En el caso de la Administración de Justicia, los servicios mínimos de 2012 contemplaban el mantenimiento del 100% de las guardias, pero no establecían dotaciones para la actividad ordinaria, como impuso ahora Ayuso.
En Educación, la Comunidad había establecido unas ratios de un docente por cada 50 alumnos en Primaria y uno por cada 90 en Secundaria. El tribunal ha ordenado recuperar el régimen de 2012, que contempla la presencia de determinados responsables de los centros y las dotaciones específicas para garantizar los servicios esenciales.
El mayor impacto en el transporte se aprecia en los autobuses urbanos e interurbanos. La Comunidad pretendía mantener el 50% del servicio en hora punta y el 45% durante el resto de la jornada en los municipios distintos de Madrid capital. El TSJM ha ordenado reducirlos al 30% y al 25%, respectivamente. En la EMT, los mínimos pasan del 50% al 30% en la red específica y del 40% al 20% en la red concurrente. También se reducen los servicios mínimos de los metros ligeros y el tranvía de Parla, del 50% al 30% en hora punta y del 45% al 25% el resto del día. El transporte escolar pasa del 60% al 25%.
El Metro de Madrid constituye la excepción. El tribunal ha mantenido cautelarmente los porcentajes establecidos por la Comunidad, del 80% en las horas punta y del 50% durante el resto de la jornada, al considerar que la justificación técnica relacionada con la seguridad de las personas requiere un examen más detallado.
CC.OO. celebra una victoria judicial en defensa del derecho de huelga
Comisiones Obreras ha celebrado la resolución como una «victoria judicial» de especial relevancia y reclama a la Comunidad de Madrid que cumpla inmediatamente el auto en todos los ámbitos afectados.
La organización subraya que el tribunal ha reconocido la necesidad de evitar que los servicios mínimos se conviertan en un instrumento para neutralizar la movilización. También destaca que recuperar los criterios de 2012 refuerza el valor de la negociación frente a la imposición unilateral del Gobierno regional. Según ha informado CC.OO., la Consejería de Educación ya había comunicado a los centros la adaptación de las dotaciones al régimen establecido por el tribunal.
La impugnación judicial llega después de que CC.OO. y UGT denunciaran públicamente la falta de transparencia de la Administración madrileña durante la negociación de los servicios mínimos. Ambos sindicatos habían criticado que la Comunidad presentase sus propuestas sin facilitar la documentación ni los informes técnicos necesarios para valorar su proporcionalidad y formular alternativas. También cuestionaron el contenido del acta de aquella reunión y se reservaron la posibilidad de emprender acciones legales.
El TSJM recuerda en su resolución que «garantizar un servicio esencial no equivale a mantener su rendimiento habitual». Una consideración que sitúa el conflicto en el equilibrio entre la obligación de asegurar las prestaciones esenciales y el respeto al derecho constitucional de huelga. En este sentido, la Sala señala que derechos como la educación se desarrollan a lo largo del tiempo, mientras que el ejercicio de la huelga se concentra en una jornada concreta.
La resolución judicial supone un importante revés para el Gobierno de Ayuso en plena jornada de movilización y respalda parcialmente las denuncias sindicales sobre el alcance de unos servicios mínimos que, según el tribunal, podían restringir de manera injustificada la capacidad de los trabajadores para secundar el paro.
