La ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela ha abierto una crisis internacional de gran alcance. China se ha sumado este sábado a las voces que condenan con mayor contundencia la operación, denunciando que el ataque “viola el derecho internacional” y la soberanía de un Estado. El Ministerio de Exteriores chino aseguró estar “profundamente conmocionado” por el uso de la fuerza contra un país soberano y contra su presidente, Nicolás Maduro, capturado y sacado del territorio venezolano por fuerzas estadounidenses.
Pekín ha acusado a Washington de incurrir en un comportamiento “hegemónico” que amenaza la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe, y ha instado a la Casa Blanca a respetar la Carta de las Naciones Unidas y a cesar las violaciones de la soberanía de otros países. La posición china refuerza el bloque de países que consideran la operación estadounidense una agresión ilegal y un precedente extremadamente peligroso en las relaciones internacionales.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha confirmado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una residencia venezolana y trasladados a un buque militar, desde donde serán llevados a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcoterrorismo. Trump ha llegado a afirmar que estaba preparada una “segunda oleada” de ataques y que durante la operación un helicóptero estadounidense fue alcanzado, aunque logró regresar sin víctimas.
En Venezuela, la reacción ha sido inmediata. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha llamado a la movilización general de su militancia y ha exigido la devolución “inmediata” del presidente, mientras miles de personas salían a las calles de Caracas y otras ciudades para reclamar una fe de vida de Maduro. El ministro de Exteriores, Yván Gil, ha confirmado la existencia de víctimas mortales como consecuencia de los bombardeos y ha responsabilizado directamente a Estados Unidos de la integridad física del mandatario.
La agresión ha provocado un efecto dominó en la región y más allá. México, Brasil, Chile, Uruguay y Cuba han condenado el ataque y han reiterado que América Latina y el Caribe son una zona de paz. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha advertido de que la captura de un jefe de Estado “cruza una línea inaceptable”, mientras Rusia ha exigido aclarar de inmediato el paradero de Maduro, calificando lo ocurrido de violación intolerable de la soberanía venezolana.
En contraste, gobiernos alineados con Washington han celebrado la operación. Los presidentes de Argentina y Ecuador, Javier Milei y Daniel Noboa, han aplaudido la captura del mandatario venezolano y han defendido que el opositor Edmundo González Urrutia debería asumir la presidencia. En España, dirigentes del Partido Popular y de la derecha mediática han festejado la “caída del régimen”, mientras que fuerzas como Izquierda Unida o el espacio plurinacional Sumar han condenado la “agresión imperialista” y han alertado del precedente que supone secuestrar a un jefe de Estado por la fuerza.
La Unión Europea ha reaccionado con la tibieza que la caracteriza en estas cuestiones, llamando a la moderación y a una transición “pacífica y democrática”, aunque subrayando la necesidad de respetar el derecho internacional. El Reino Unido ha negado cualquier implicación en los ataques, y Portugal ha pedido a sus ciudadanos en Venezuela que permanezcan en casa ante el deterioro de la situación de seguridad.
Con la confirmación de víctimas mortales, la movilización popular en las calles y la creciente condena internacional —ahora reforzada por China—, la operación ilegal de Estados Unidos aparece cada vez más aislada en el plano diplomático. Para el Gobierno venezolano y los aliados del derecho internacional, lo ocurrido no es solo un ataque contra Caracas, sino una advertencia al conjunto del Sur Global: permitir la impunidad de esta agresión supondría legitimar el uso de la fuerza para imponer un orden unipolar basado en la ley del más fuerte.
