El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO han acordado elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone una subida del 3,1% respecto a 2025. El incremento, equivalente a 37 euros más al mes, será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
El pacto se ha cerrado sin el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que han rechazado tanto la cuantía de la subida como la fórmula fiscal planteada por el Gobierno para atraerlas al acuerdo. Trabajo y los sindicatos han confirmado además que el nuevo nivel del SMI seguirá exento de IRPF, en línea con lo defendido por el Ministerio de Hacienda.
Una subida que consolida la escalada del SMI
Con este nuevo incremento, el salario mínimo continúa la senda de fuertes aumentos iniciada en 2018. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el SMI ha pasado de 736 a 1.221 euros brutos mensuales, un crecimiento acumulado del 66%. En ese mismo periodo, los precios han subido alrededor de un 23%, lo que supone una mejora notable del poder adquisitivo de los perceptores del salario mínimo.
El nuevo umbral sitúa el SMI ligeramente por encima del 60% del salario medio neto, referencia que el Ejecutivo se ha marcado como objetivo para garantizar un nivel retributivo considerado digno por los estándares europeos. El comité de expertos que asesora al Gobierno había calculado que bastaba con una subida del 1,8% para alcanzar ese 60%, pero esa cifra quedaba por debajo de la inflación. Por ello, Trabajo optó por un aumento del 3,1%, en línea con la evolución interanual de los precios.
El conflicto por los complementos salariales
El acuerdo también refuerza un compromiso pendiente del Ejecutivo con los sindicatos: impedir que las empresas compensen la subida del SMI absorbiéndola mediante la eliminación de pluses o complementos salariales. Las centrales sindicales ya condicionaron anteriores pactos a este cambio, que el Gobierno asegura que abordará ahora por decreto.
Este punto es uno de los principales focos de tensión con la patronal. CEOE y Cepyme sostienen que una modificación de ese alcance no puede hacerse por decreto, sino mediante una ley aprobada en el Parlamento. Ambas organizaciones han advertido de que acudirán a los tribunales si el Gobierno materializa la reforma en los términos anunciados. Incluso dentro de los sindicatos existen dudas jurídicas sobre la viabilidad de la medida sin trámite parlamentario.
Rechazo empresarial y choque por los incentivos fiscales
Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme volvieron a situarse fuera del consenso social en torno al salario mínimo. En un comunicado difundido a primera hora del día, criticaron tanto la cuantía de la subida como la estrategia del Gobierno para facilitar su encaje en los costes empresariales. Las patronales denunciaron las formas de la negociación y cargaron contra la propuesta fiscal del Ejecutivo, pero evitaron plantear alternativas concretas para mejorar las rentas más bajas.
El Ministerio de Hacienda había diseñado una deducción creciente en el impuesto de sociedades para empresas con trabajadores cuyos sueldos se sitúen por encima del SMI. Según esa propuesta, el incentivo podría llegar a cubrir hasta el 100% del coste salarial asociado al incremento en actividades intensivas en mano de obra. Pese a ello, las patronales rechazaron la medida y la calificaron de “intervencionista”, manteniendo su oposición frontal a la subida incluso con compensaciones públicas sobre la mesa. Además, fuentes de la negociación señalan que este instrumento ni siquiera llegó a debatirse formalmente en la mesa de diálogo social, lo que refleja la escasa voluntad de acercamiento entre las partes.
