La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 vuelve a situar en el centro del debate público una cuestión clave para la vida de millones de personas trabajadoras, pero sobre todo para las mujeres trabajadoras. En el Estado español el SMI ha experimentado incrementos sostenidos desde 2019, con el objetivo declarado de aproximarlo al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Si en 2018 el SMI era de 735,90 € mensuales, hoy está en 1221 euros brutos mensuales en 14 pagas, después del incremento del 3,1% para este año (más de 17.000 euros brutos anuales), lo que representa un incremento acumulado del 66%. Durante los años del gobierno progresista el SMI ha pasado de ser una renta baja en términos comparativos europeos a experimentar la mayor revalorización continuada de la democracia
Sin embargo, más allá de las cifras macroeconómicas, el análisis con perspectiva de género obliga a preguntarse: ¿a quién beneficia realmente la subida del SMI y qué implicaciones tiene en términos de desigualdad de género?
Desde una perspectiva feminista materialista, el salario no es solo la retribución individual al trabajo realizado, sino también una expresión concreta de la posición que se ocupa en la estructura productiva. Las mujeres de la clase trabajadora se concentran en los sectores peor remunerados y más precarizados: comercio, hostelería, limpieza, cuidados y empleo doméstico. La parcialidad involuntaria, la temporalidad y la economía informal siguen teniendo rostro femenino. Por ello, cualquier incremento del SMI tiene un impacto directo y diferencial sobre las mujeres de clase trabajadora porque más del 60% de las personas que perciben el salario mínimo son mujeres.
La brecha salarial de género en España, aunque se ha reducido en los últimos años, persiste. No responde únicamente a discriminación directa, sino a una división sexual del trabajo que asigna a las mujeres las tareas reproductivas y de cuidados no remuneradas. Esta división condiciona trayectorias laborales intermitentes, reducciones de jornada y menor acceso a puestos de responsabilidad. En ese contexto, la subida del SMI en 2026 puede contribuir a elevar el suelo salarial de aquellas trabajadoras que ocupan los escalones más bajos del mercado laboral.
Desde el feminismo de clase se subraya que no todas las mujeres se benefician por igual de las políticas públicas. Las mujeres con mayores niveles de renta o insertas en sectores altamente cualificados apenas perciben el impacto del SMI. En cambio, las trabajadoras migrantes, las empleadas del hogar y las mujeres jóvenes sí perciben la mejora en sus ingresos. En el caso del empleo doméstico, históricamente excluido de plenos derechos laborales, la equiparación progresiva de condiciones y la aplicación efectiva del SMI suponen un avance significativo, aunque todavía insuficiente.
No obstante, también debemos advertir de los límites de una política centrada exclusivamente en el salario. El capital se adapta: externaliza servicios, intensifica ritmos de trabajo o incrementa la carga laboral para mantener márgenes de beneficio. En sectores feminizados, esto puede traducirse en mayor presión y deterioro de las condiciones laborales. Por ello, la subida del SMI debe ir acompañada de inspecciones de trabajo eficaces, negociación colectiva fuerte y políticas públicas de cuidados que redistribuyan el trabajo reproductivo.
La perspectiva de género exige además analizar el impacto en los hogares monomarentales, donde el ingreso principal depende con frecuencia de empleos próximos al salario mínimo. En estos casos, el aumento del SMI puede reducir la pobreza laboral y mejorar la autonomía económica, elemento central para combatir la violencia económica y la dependencia. La autonomía material es condición de posibilidad para el ejercicio efectivo de derechos, si no puedes pagar los gastos básicos como vivienda, alimentación o suministros difícilmente podemos hablar de autonomía material para muchas mujeres.
Al mejorar las bases de cotización a la Seguridad Social, refuerza las futuras pensiones, reduciendo el riesgo de pobreza en la vejez, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres
La subida prevista del SMI no sólo supone un incremento del salario, sino que también mejora las bases de cotización a la Seguridad Social. Esto resulta fundamental desde una perspectiva de género, ya que las mujeres acumulamos carreras laborales más interrumpidas o parciales, y, por tanto, percibimos pensiones más bajas que los hombres. Reforzar futuras prestaciones también tiene una función: reducir el riesgo de pobreza en la vejez, pobreza que afecta de manera desproporcionada a las mujeres mayores.
Desde el feminismo, la lucha por el SMI no es una demanda aislada, sino parte de un horizonte más amplio de transformación social. Implica cuestionar un modelo productivo que se sostiene sobre la sobreexplotación de los cuerpos feminizados y racializados. La subida de 2026 puede entenderse como una conquista parcial fruto de la movilización sindical y feminista, pero no como punto de llegada.
El debate que se ha suscitado en torno al incremento del SMI para 2026 también incluye consideraciones tales como su efecto sobre la competitividad empresarial o el empleo en pequeñas empresas. Sin embargo, la experiencia de anteriores subidas ha demostrado que esos efectos no se han dado e incluso la AIREF así lo ha certificado en sus informes.
En definitiva, el incremento del SMI en 2026 tiene un claro potencial redistributivo con sesgo de género favorable a las mujeres trabajadoras. Sin embargo, su eficacia dependerá del establecimiento de políticas estructurales que aborden la raíz de la desigualdad: la división sexual del trabajo, la precarización de los cuidados y la lógica de acumulación capitalista. El salario mínimo es una herramienta necesaria, pero no suficiente, en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. El SMI establece un suelo, pero la igualdad nos requiere transformar las dinámicas que generan desigualdad.
